Memoria histórica, en entredicho

El proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón -por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo- va viento en popa.

En las últimas horas ha habido movimientos significativos.

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Luciano Varela, ha expulsado a Falange Española de las JONS como acusación popular en el proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Según Varela, la formación política no ha subsanado su requerimiento de corregir su escrito de acusaciones en el que pedía 20 años de inhabilitación para Garzón. Un hecho insólito. Se mata dos pájaros de un tiro. Por una parte, consigue apartar al querellante más incómodo, y por otro lado se evitan los titulares de que el Tribunal permite que el partido único del franquismo siente en el banquillo a Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.

No olvidemos que Falange es un partido político español de la derecha radical, ultranacionalista, de ideología fascista. Creado al albor tras la unificación con el movimiento carlista que llevó a cabo el general Francisco Franco, y cuyo objetivo es la instauración de un Estado totalitario nacional-sindicalista.

En todo caso, esta expulsión no deja fuera las querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. De haber expulsado a las dos acusaciones, el proceso contra Garzón habría quedado sin contenido. Lo dicho, el proceso sigue inteligentemente adelante, y dejando de lado a un protagonista incómodo como la Falange. Y en lo que las asociaciones de víctimas consideran una operación de maquillaje.

Así con todo, Varela parece decidido a dictar auto de apertura de juicio oral en los próximos días. Un movimiento que podría confirmar lo que se achaca a Garzón: instruir un caso a sabiendas de que es injusto. La prevaricación.

Las razones son dos. El juez instructor estaría usando unas acusaciones incapaces de presentar algo más que una vulgar octavilla de propaganda para hacer un ajuste por cuenta propia con Garzón. Y, por si esto no fuera poco, Varela estaría traicionando sus propias convicciones expuestas en su voto particular en el caso Atutxa (por el que el Tribunal Superior vasco consideró que no hubo delito de desobediencia), y que aún sigue pendiente.

Pero también está la doctrina Botín. Aquella por la que el Tribunal Supremo reinterpretó sobre la acción popular con la que exoneró de juicio al presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Un caso complicado en el que Varela no estuvo dispuesto a abrir la caja de Pandora. Es decir, abrir un juicio oral. Y es que suponía una violación del artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La doctrina Botín y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusación popular carece de legitimación por sí sola, a falta de acusación particular o de acusación pública, para llevar a un ciudadano a juicio.

La causa contra Garzón encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusación particular, por la sencilla razón de que no existen perjudicados, ni tampoco acusación pública porque ningún daño ha producido Garzón al “interés público y social”. Por lo que la causa sólo se sustenta en una acusación popular a la que el propio instructor Varela ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares al amparo de una presunta defensa del interés social.

Hay dos posibilidades para poner un punto y final a este circo mediático. O bien llevar a cabo el sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garzón. Porque podría suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Botín y que Garzón hubiera sido juzgado con una interpretación inadecuada de las leyes procesales.

Pero no se quiere acabar así. De lo que se trata, al fin y al cabo, hacer con Garzón -seamos claros- es quitarle del medio por parte de ciertos jueces conservadores. Una situación insólita que está avivando las críticas internacionales. Los principales medios de comunicación internacionales no entienden que un juez esté siendo puesto en entredicho por investigar a quiénes pudieron estar presuntamente detrás de las desaparición de 100.000 personas durante el franquismo.

Lo mismo pasa en nuestro país. Las víctimas están clamando mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. Con quienes presuntamente han estado y están detrás de todo este embrollo. Se me hace harto difícil pensar que Garzón -con todas sus virtudes y no tan virtuoso en su afán judicial en ocasiones- haya tomado parte injustamente.

Ahora se pone sobre la balanza la Ley de Amnistía de 1977. Pretender revisar esa decisión equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida la Constitución. Quienes defienden la nulidad de dicha Ley -a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado- tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

El diputado socialista en el Parlamento europeo, Ramón Jáuregui, añade: “No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.”

Para esto se creó la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007.  Una norma por la que se empezó a reconocer a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones. A saber: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; etc. Y de todos es sabido que el Partido Popular no se adhirió a tales pretensiones de devolver la justicia a la memoria española. Por eso, y por muchas cosas, su animadversión contra un juez que pretendió restablecer los principios básicos de los derechos humanos. Sentar en el banquillo a los culpables de la barbarie del pasado. Por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo.

“La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”, Walter Benjamin (crítico literario marxista y filósofo judeo-alemán)

Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles.

Ya lo decía el escritor italiano de origen judío-sefardí, Primo Levy: “Sin memoria de la injusticia no hay justicia posible”.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: