La rendición de los ‘camisas rojas’

Bangkok. Son más de dos meses en los que la capital tailandesa ha vivido momentos de desconcierto en sus calles.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición de este país de religión busdista, que nunca aceptó el golpe militar de 2006 contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra ni la legitimidad de las elecciones de 2008, amenaza con destruir una de las economías más prósperas del sureste asiático. Y con ello se teme que arrastre a Tailandia (la misma extensión y con 20 millones más de habitantes que España) a una guerra civil.

Las imágenes que nos llegan desde el 13 de mayo del distrito comercial de Bangkok -unos tres kilómetros cuadrados ocupados desde primeros de marzo por los llamados ‘camisas rojas‘- son un aviso de lo que puede suceder en otros muchos países con democracias frágiles, regímenes atrincherados en sus privilegios y millones de campesinos marginados en arrabales de grandes ciudades incapaces de satisfacer sus necesidades más elementales de vivienda, higiene, trabajo y educación.

Este grupo de oposición al actual ejecutivo representa a las clases más desfavorecidas.

En su mayoría proceden del ámbito rural del norte y el noreste del país. Su principal objetivo es terminar con lo que consideran una falta de democracia real, debido a que la vida política tailandesa está controlada por la élite urbana con el apoyo del Ejército. La organización que les representa es el Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura. Sin duda, todo un movimiento de presión que se cree que cuenta con la simpatía del 65% de la población tailandesa.

Entre otras cosas, reclaman el regreso de Thaksin Sinawatra. Un multimillonario de 62 años que hizo su fortuna en el sector de las telecomunicaciones, pero del que se benefició la gente con menos recursos gracias a sus políticas sanitarias y educativas.

El problema comenzaría hace cuatro años cuando un golpe de estado militar acabó con su mandato como primer ministro, de marcado carácter populista. Se exilió en Londres y Dubai (donde vive en la actualidad) después de ser condenado en 2008 por corrupción y fraude.

Con 84 muertos y cerca de 1.600 heridos (cifras oficiales) en las ocho semanas que dura ya la última explosión del conflicto, es casi imposible una solución negociada.

La única esperanza -mencionada por algunos dirigentes de los manifestantes- está en elecciones anticipadas y limpias, y en una nueva intercesión del rey Bhumibol Adulyadej; el monarca más longevo del mundo (desde 1946, aunque fue coronado en 1950).

Sin poderes ejecutivos, pero considerado aún casi un semidiós por una minoría de tailandeses. Oficialmente reina pero no gobierna al tratarse de una monarquía constitucional, ha desempeñado históricamente el papel de árbitro imparcial en este tipo de crisis.

El hecho es que el reverenciado monarca, de 82 años e ingresado en un hospital, está considerado por los tailandeses una figura casi divina aunque en este conflicto no ha se ha pronunciado con claridad.

Por su parte, el primer ministro Abhisit Vejjajiva se ha retractado de su promesa del 3 de mayo de adelantar las elecciones a noviembre de este año y los manifestantes ya no se conforman con elecciones libres. Ahora exigen la destitución del Gobierno, una reforma constitucional profunda y justicia por los asesinatos cometidos en los asaltos militares a su campamento a mediados de abril y en la última semana.

Lejos de acceder a sus peticiones, Abhisit y los generales que le respaldan han calificado a los manifestantes de terroristas (delito castigado con la pena capital). Asimismo, han bloqueado la zona rebelde, han cortado el suministro de agua y de luz a sus edificios, y han ordenado disparar a todo el que se acerque a 36 metros de los soldados. Es lo que llaman desde el 15 de mayo “zona de tiro libre”. Una orden de francotiradores que recuerda a los peores momentos de Sarajevo en la guerra de Bosnia.

El ejército nunca ha estado alejado de los acontecimientos políticos, como lo demuestra su participación en 18 golpes de estado en los últimos 77 años.

Según los analistas, el ámbito militar refleja lo que ocurre en el resto de la sociedad: una clara división entre el campo y la ciudad, los agricultores y la clase media urbana.

Es un secreto a voces. La cúpula militar actual está más cercana a los posiciones de los ‘amarillos‘. El otro grupo en discordia. Se definen como monárquicos y representan a la clase media urbana y empresarial (El amarillo está asociado al rey de Tailandia). Y, claro, se oponen a la hoja de ruta propuesta por el gobierno ya que consideran que unas nuevas elecciones darían la victoria a los camisas rojas.

El turismo ha caído en picado; las inversiones se han interrumpido; las embajadas han empezado a reducir personal; y el curso escolar, que debía reanudarse esta semana, no comenzará en ninguna de las 400 escuelas de la capital.

Aunque la causa inmediata de la crisis hay que buscarla en el golpe militar de 2006, las raíces son mucho más profundas.

Como señala Thomas Fuller en el dominical del New York Times del 14-15 de mayo, “las reformas políticas han ido siempre por detrás de las económicas en Tailandia”. Los tribunales, la comisión electoral, la comisión anticorrupción y buena parte del Ejército son instrumentos que el Gobierno utiliza a su antojo contra la oposición.

Cuando Tailandia recuperó la democracia, a mediados de los 80, Bangkok era una ciudad de seis millones de habitantes. Entonces, en manos de una elite chino-tailandesa y de una burocracia cívico-militar privilegiada; al tiempo que atrincherada bajo la impunidad de la Casa Real. La mayoría de los tailandeses trabajaba en el campo y vivía en otro siglo. Migraciones masivas a las ciudades han trastocado por completo el sistema.

Como Shangai, Hong-Kong, El Cairo, Ciudad de México, Saigón, Yakarta o Manila,… Bangkok se ha convertido en una urbe de casi 15 millones. El 70% de ellos echa de menos el populismo subvencionado de Thaksin, y exige las mismas condiciones de vida que la clase media y alta que ha monopolizado el poder desde siempre. Pero el sistema se resiste a compartir sus privilegios.

Hace medio siglo la respuesta habría sido otra guerrilla en la selva. Hoy la guerrilla es urbana porque la selva está en la ciudad. Y los guerrilleros -hijos de los que han emigrado del campo en los últimos decenios- ya no tienen tierras a las que volver ni bosques en los que refugiarse para luchar.

Entonces, ¿cuál es la solución?

La situación política es un puzzle de considerable complicación. Una intervención militar que suponga entrar en la zona roja puede conllevar la muerte de centenares de personas y una brecha en la sociedad difícil de reparar.

La retirada de los manifestantes por falta de suministros no es previsible al menos a corto plazo.

La celebración de elecciones tampoco es una garantía de estabilidad. Los que pierdan las elecciones podrían tener la tentación de emprender en las calles acciones de protesta para cambiar al gobierno.

Desgraciadamente parece que, de momento, no hay una salida a este caos.

No ha cabido otra posibilidad que la rendición – muy a su pesar- de los ‘camisas rojas’, de los miles de ciudadanos que sufren las diferencias clasistas.

Todo por el improperio de un Gobierno que ordena matar con tal de perpetuarse en el poder.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

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