Schsss…Periodismo

RELATO DE UNA MORDAZA CONTRA LA INFORMACIÓN

El viernes pasado, el periódico italiano -de tendencia izquierdista- La Repubblica aparecía de esta guisa.

En blanco y con una nota tipo “post-it” en la que se leía La ley mordaza negará a los ciudadanos el derecho a estar informados. Una declaración de intenciones por parte de la prensa contra la denominada ley mordaza. Un proyecto normativo que el Senado romano -donde el partido gubernamental del Pueblo de la Libertad (PDL) tiene mayoría absoluta- aprobaría un día antes. ¿Su finalidad? Limitar las escuchas telefónicas en las investigaciones judiciales y policiales, al tiempo que castiga incluso con penas de cárcel a los periodistas que publiquen su contenido.

Un despropósito a la libertad de expresión, en toda regla.

BERLUSCONI no es un ángel

Que el primer ministro italiano no es Santo de devoción de mucha gente, no es novedad.

Según Ezio Mauro, de La Repubblica, la ley “es una nube de chantajes bajo la cual todos nos arriesgamos no ya a dejar de interceptar sino a dejar de informar”. Y es criticada no sólo por la mayoría de los medios, sino también por magistrados que dicen que dificultará su lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Corriere della Sera habló de “un día negro” para la justicia. Y L’Unita, el diario del mayor partido de la oposición, utilizó para titular una tipografía que se usaba cuando el dictador fascista Benito Mussolini gobernaba Italia con puño de hierro y controlaba los medios.

Berlusconi aduce que la nueva norma es necesaria para proteger la privacidad. La oposición responde, y acusa al Gobierno de maniobrar para encubrir la corrupción con otra ley hecha a medida, tras aprobar otras normas para evitar su procesamiento mientras esté en el cargo.

Sea como fuere, ésta es la trigésimo cuarta ocasión en la que el Ejecutivo de Roma recurre desde el inicio de su legislatura en 2008 a la llamada “cuestión de confianza“; una estrategia muy utilizada por los gobiernos de ese país para acelerar las aprobaciones de las leyes, ya que permite saltar el debate de enmiendas y el parlamentario.

Así con todo, la nueva norma prevé -entre otros asuntos- condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los periodistas que publican las escuchas durante las investigaciones o de las actas bajo secreto; mientras que fija multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los editores que lo hagan.

De momento, el sindicato de periodistas ha tomado cartas en el asunto, y ha convocado una huelga para el 9 de julio.

Berlusconi, considerada la persona más adinerada de Italia (con una fortuna de 6.500 millones de dólares) -según la revista Forbes-, tiene varios tentáculos en el mundo audiovisual. Posee las cadenas televisivas Italia1, Rete 4 (duopolio televisivo Rai-Fininvest); las francesas Chain y Cinéma 5; además de poseer la mayor participación de la cadena española Tele 5.

Su imperio se extiende también al terreno de la prensa escrita. En 1976 compró participaciones de Il Giornale. Al final de su carrera como empresario mediático, en 1990, obtuvo la presidencia del grupo Mondadori, editor del periódico La Repubblica y de los semanarios L’Espresso, Epoca, y Panorama.

Más tarde, adquiriría la cadena de tiendas de vídeo Blockbuster, portales de acceso a Internet y una participación en Olivetti. En definitiva, todo un conglomerado que se conoce bajo la marca Mediaset y que aúna televisión, prensa, edición, internet y publicidad.

En fin, que parece que a Silvio Berlusconi no le basta con controlar tres de los cuatro principales canales de televisión privados de Italia e influir decisivamente sobre otros dos estatales. Y todo en un país con baja lectura de periódicos.

La nueva mordaza berlusconiana podría tener algún sentido en un país donde el jefe del Gobierno y los altos cargos públicos estuvieran absolutamente exentos de cualquier sospecha de colisión con la justicia. No es el caso. En Italia hoy las escuchas son medio imprescindibles para investigar a la mafia y sus conexiones con políticos y empresarios.

CHÁVEZ por decreto

Otro tanto ocurre en Venezuela, donde su presidente Hugo Chávez le gusta actuar por decreto. Ya dicen que las comparaciones son odiosas, pero no tengo por qué actuar de buena fe, y comparo.

Otro ejemplo de nepotismo considerable.

Al amparo de la Ley Especial de Delitos Mediáticos, el sábado tuvieron lugar dos nuevas acciones policiales y judiciales contra personajes de la industria periodística, críticos con su presidente. Por una parte,contra Guillermo Zuloaga -propietario del canal de noticias Globovisión-, y por otra el periodista, Francisco Pérez.

¿Su delito? Ser dos cabezas visibles contra el gobierno venezolano.

La suerte o la perspicacia ha hecho que Zuloaga no se encontrara en casa (en paradero desnococido). Una mente pensante a quien desde hace tres meses le sigue un proceso judicial por “vilipendiar” al presidente Chávez a través de unas opiniones emitidas durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El responsable de este organismo, Alejandro Aguirre, ha puesto el grito en el cielo: “Una vez más se está demostrando en Venezuela que no hay independencia de poderes, un valor esencial de la democracia, ya que la Justicia pareciera que actúa cada vez que el Presidente habla o lo ordena”. Y añade que “no es la primera vez que pasa, pero nos preocupa que esto suceda cada vez con mayor frecuencia, lo que representa una afrenta directa al carácter democrático del ciudadano venezolano”.

Pero Francisco Pérez no tuvo tanta dicha.

El viernes un tribunal le sentenciaba a cumplir una condena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos de “ofensa a funcionario público e injuria contra persona encargada de servicio público”. Con 40 años ejerciendo su profesión, Pérez fue demandado por el alcalde de la ciudad de Valencia -Edgardo Parra- después de haber escrito en su columna de opinión del diario El Carabobeño que familiares de Parra ocupaban altos cargos dentro de la alcaldía.

Carlos Boyero, ya lo dice en EL PAÍS:

Cuentan que el poder de Hearst, dueño de gran parte del periodismo norteamericano, poseía capacidad para que su país declarara una guerra. Pero es probable que el electorado se mosqueara si el rey de la opinión impresa hubiera pretendido gobernar desde la Casa Blanca. Por la importancia de guardar las apariencias, de no hacer ostentación de la desvergüenza.

Berlusconi no tiene esos problemas de imagen y además la mayoría de sus paisanos le ríen la gracia de compaginar la jefatura del país con la posesión de la mayoría de las televisiones privadas y el control de la pública. También la imposición de esa “ley mordaza” para evitar que sus incontables chanchullos puedan ser constatados por la opinión pública a través de las aviesas informaciones de los despreciables disidentes. En nombre de la inviolable privacidad.

Esas mordazas no son privilegio exclusivo del golferío facha. Chávez, ese aspirante a Stalin, ese grotesco izquierdista al que también legitiman los votos, ha declarado en búsqueda y captura por el delito de conspiración al dueño de Globovisión, la cadena de televisión empeñada en criticar su revolucionaria política y su sagrada personalidad. Qué raro que vean la luz las imágenes del ejército judío disparando desde las lanchas a los tripulantes del Mavi Mármara. Otra calumniosa invención de la conjura antisemita, certificará Yahvé.

Seguimos estando EN EL AIRE

Por Iñigo Ortiz de Guzmán


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