La alarma se normaliza

Sin sorpresas.

Gracias a la abstención del PP, y el voto favorable de los nacionalistas vascos y canarios, el Gobierno del PSOE  ha podido ampliar el periodo del estado de alarma en la navegación aérea hasta el 15 de enero.

Es decir (y se dice pronto), un mes más…

LA CRÓNICA DE UN CAOS ANUNCIADO

El Gobierno de Zapatero había incorporado a su currículum el dudoso éxito de ser el primero de la democracia española en decretar el estado de alarma.

El presidente ha decidido ir todavía más lejos: con la prórroga se propone convertir la excepción en normalidad. Y utilizarla como lo que nunca puede ser: un instrumento preventivo.

Dos pasos más propios de la cultura política autoritaria que de la democrática.

Lo que está claro es que la única verdadera y dramática excepcionalidad que hay en este país es una tasa del 20% de paro. Y no ha sido esta la que ha provocado el estado de alarma.

Hace poco más de una semana, cuando el Ejecutivo decretó el estado de alarma -en caliente y en pleno caos aéreo-, tuvo el apoyo unánime de todos contra los controladores.

Ahora, con la decisión de la prórroga se ha producido un cierto efecto rebote que ha hecho que el asunto se vuelva en su contra.

El caos y los conflictos terminan por causar daño a quien gobierna y sirven para incrementar la impresión de desastre y desgobierno. Más aún en el momento en el que el Gobierno vive su peor momento y da imagen de final de ciclo y derrota.

En caliente, los ciudadanos piden amparo al Gobierno y en frío, les cuesta entender una medida extrema sin ver cerca la causa.

Pero, ¿por qué el Gobierno prorroga un mes más el estado de alarma?

Quizás se deba a que entre dos males, Zapatero ha elegido entre el único que no es letal para él a corto plazo. Entre la peste y el cólera ha optado por el que cree que le mantiene vivo, aunque prolongue su agonía.

Entre tener un desgaste por las críticas a la prórroga y el riesgo de un nuevo caos que le dé la puntilla, Zapatero ha tenido que optar. Es lo que tiene estar pendiente de un hilo, que la capacidad de elección apenas existe y las posibilidades de asumir riesgos son limitadas.

Un nuevo caos aéreo en las vacaciones de Navidad provocaría la caída definitiva del Gobierno.

La prórroga del estado de alarma no le evita el desgaste de mantener en frío -una vez superado el caos- una medida tan extrema. Pero, al menos, le mantiene con vida.

Y el Partido Popular, por su parte, ha encontrado una nueva herida en la que hurgar. Abiertamente se ha subido al carro de la crítica al Gobierno por la crisis de los controladores.

El PP quiere explotar la vía de la mala gestión del Gobierno que nos conduce a esta situación.

El PSOE y el Ejecutivo han encontrado el camino para huir de las críticas en la denuncia de las cesiones de los ministros de Fomento del PP a los chantajes de los controladores.

Rajoy ejerce de Rajoy, y mantiene la indecisión sobre el sentido de su voto.

SITUACIÓN ANÓMALA

“Si lo llega a hacer…” es un test infalible.

Pensemos, por tanto, qué habría pasado “si lo llega a hacer el PP”, lo que estarían hoy diciendo muchos. Qué dirían los mismos medios que hoy respaldan con entusiasmo la vía militar “si lo llega a hacer Hugo Chávez”.

Lo cierto es que con tan poca cosa se activa el estado de alarma. Y, oye, mira que en tres décadas han pasado cosas tanto o más graves que un cierre del espacio aéreo…

Es obvio que algo tenía que hacer el gobierno ante el plante de los controladores, pero ¿era necesario recurrir a su militarización y decretar el estado de alarma?

Habría que pensar si el transporte aéreo es tan vital, si no podríamos vivir unos pocos días sin volar.

Pero incluso admitiendo esto: ¿No había otra solución?

¿No cabe suponer que los controladores habrían vuelto al trabajo en uno o dos días, sometidos a enorme presión y amenazados con graves sanciones laborales y penales (ocho años de cárcel pide la fiscalía) y con pagar de su bolsillo daños e indemnizaciones?

Si la respuesta es no (si no cabría otra solución), llegamos a otra pregunta: ¿no se podía haber hecho algo antes, para no llegar a este punto límite?

Algo habrá que hacer, porque cualquier día habrá que devolver los militares a sus cuarteles.

En todo caso, esperemos que no se convierta en costumbre enviar a los militares a la calle así como así, sino este país va a parecer la España de otros tiempos.

GESTIÓN AEROPUERTUARIA

Hasta hoy la gestión de los aeropuertos españoles es más que peculiar.

España es el único país con un número importante de aeropuertos que tiene su gestión centralizada.

Sus controladores ganas tres veces más que los británicos, por poner un ejemplo.

AENA, adscrita al Ministerio de Fomento, se encarga de gestionar casi todos los aeropuertos españoles y es la propietaria de todas las instalaciones asociadas a estos.

Así, desde este organismo se toman las decisiones sobre inversiones, derechos de aterrizaje y despegue y las negociaciones con las compañías aéreas. En otros países del rango y el tamaño de España esto sencillamente no existe, pues cada aeropuerto se gestiona por sí mismo.

Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana. Y opina que “los aeropuertos de hoy ya no son sólo lugares donde despegan y aterrizan aviones, sino piezas clave de las condiciones territoriales y económicas de las macrorregiones, pues a través de ellos se decide qué conexiones internacionales se priorizan en relación a los perfiles y potencialidades de cada una de ellas”.

“Es, pues, de vital importancia el debate sobre una nueva gestión de los aeropuertos españoles. No es sólo una cuestión coyuntural ligada a la situación económica, por lo que el debate no se puede centrar únicamente en si la gestión debe ser pública o privada. La cuestión es estructural y concierne a la competitividad y a la generación de riqueza de estas infraestructuras en su entorno más inmediato y con una gestión no centralizada del sistema”, añade Miralles-Guasch.

Así pues, ésta parece ser una de las asignaturas pendientes de la España moderna.

Y no resolverla, nos empobrece.

1 ª parte, en Controladores aéreos, en las nubes

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

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