Franco resiste

Cualquiera que abra un libro y lea que Franco fue un general valeroso y católico, que participó en un golpe de Estado contra un Gobierno caótico con el único fin de restaurar la monarquía democrática, probablemente pensará que se trata de una de aquellas historias de la cruzada española que el régimen utilizó como propaganda.

La sorpresa es mayúscula cuando uno se percata de que no se trata de ningún panfleto franquista, sino del Diccionario Biográfico Español.

Una monumental colección de 50 tomos.

Y editada precisamente por la Real Academia de la Historia, que le ha costado al erario público 6,4 millones de euros, y que presentaron hace una semana el rey Juan Carlos y la ministra Ángeles González-Sinde.

La entrada del diccionario correspondiente a Francisco Franco Bahamonde, que ocupa cinco páginas del volumen número 20, tan sólo dedica un párrafo a hablar de la Guerra Civil e incluye afirmaciones tan polémicas como esta: “Montó un régimen autoritario, pero no totalitario.

Va más lejos todavía que la definición que da la RAE de franquismo, al que califica como movimiento “de tendencia totalitaria”.

¿AUTORITARISMO O TOTALITARISMO?

Lo que es cierto es que Francisco Franco es de los pocos personajes históricos que han dado su nombre a un régimen político, lo que pone justamente de relieve una de sus principales características: el papel central que en él tuvo el líder.

Podría darse una definición mínima y formal de la dictadura como aquel régimen político en el que un individuo, o un pequeño grupo de individuos, ostenta un poder ilimitado (esto es, sin limitaciones constitucionales) y lo ejerce de forma discrecional. Franco ostentó en todo momento el poder absoluto (y vitalicio); por lo cual calificar su régimen de dictadura releva de la definición objetiva y no del “juicio de valor” (así se justifica el académico Luis Suárez por no haber empleado este término en su reseña del “Generalísimo”).

Eve Giustiniani -doctora en Estudios Hispánicos y profesora en la Universidad de Aix-en-Provence (Francia)- lo entiende así. Y añade que calificar el franquismo de autoritario o totalitario es algo más delicado.

Primero porque el régimen atravesó distintas fases y tuvo que adaptarse a lo largo de casi cuatro décadas a las circunstancias que lo rodeaban.

Desde 1936 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Franco dirigió un sistema nacional-sindicalista y falangista indudablemente totalitario, según Gustiniani; pero a partir de este momento, buscando nuevos apoyos internacionales, redefinió el régimen como esencialmente católico y anticomunista.

Y luego porque no existe consenso en la comunidad científica sobre la definición de los términos de totalitarismo y autoritarismo.

Para poder definirse como totalitario, al franquismo le faltaría la ambición de englobar todos y cada uno de los aspectos de la vida en un partido único, confundido con el Estado. Una de las peculiaridades del régimen fue su identificación con el líder, la lealtad al Caudillo colocada por encima del acatamiento a la jerarquía del partido.

De lo que no se puede dudar, en cambio, es de que el régimen franquista nunca tuvo una Constitución como tal. Por lo que el franquismo es y fue lo contrario de un Estado de derecho.

Lo peor es que la publicación no tiene remedio.
Lo peor es que media docena de voces han lesionado la credibilidad de un Diccionario en el que se ha invertido mucho dinero público, y han puesto en berlina a una ilustre institución siempre discreta.

Una obra de estas características publicada en Francia no hubiera puesto paños calientes sobre la figura de Pétain (que tomó de Franco la idea de autodesignarse jefe de Estado), ni un diccionario belga hubiera disimulado el recuerdo de Léon Degrelle (que murió en Madrid bajo la protección del franquismo).

El catedrático de literatura, José Carlos Mainer, piensa que por estas y otras muchas cosas la trayectoria política de Franco tiene sentencia firme y es falso que haya sobre ella ninguna polémica de historiadores, como no la hay sobre Fernando VII.

Conviene que se sepa que los defensores de Franco y su herencia no son historiadores solventes, o son aficionados ambiciosos que ejercen de oráculos de un público cautivo.

Mainer entiende que no es de recibo decir que a los jóvenes de hoy les es más familiar el adjetivo “autoritario” que el sustantivo “dictadura”. Ni se puede esgrimir el derecho a la libre opinión de un autor cuando se trata de una obra colectiva y cuando existe una dirección profesional responsable.

Al final, no se trata de ejercer la censura sino el sentido común.

Aquí ocurre lo que en otros lugares no ocurre.

Se tiene en cuenta al medievalista Luis Suárez (sí, sí,…medievalista;  e historiador vinculado a la Fundación Francisco Franco) para escribir sus opiniones sobre éste o sus piadosas consideraciones sobre Escrivá de Balaguer -a las que tiene perfecto derecho-.

Mientras tanto, a historiadores de la talla de Julián Casanova o Paul Preston se les tendrá que caer la cabeza de vergüenza ajena.

Ver que Suárez no hace una sola mención a la represión franquista durante y después del conflicto, que ellos tanto han tratado.

Pero claro, esto es España. Somos así.

Todo lo contrario ocurre en Oxford donde los textos se sometieron a un intenso proceso de revisión académica por un extenso equipo de editores, que con frecuencia devolvían las biografías a sus autores para que las corrigieran.

Pero no pasa nada. En España somos así, ensalzamos cosas así.

Transcribimos la Historia y ya está. Y dejamos que Suárez afirme que él no es partidario de la “memoria histórica” sino de la “conciencia histórica”.

Es verdad que no es bueno legislar sobre la “memoria histórica”.

Lo que parece difícilmente compatible con esa conciencia es la exoneración de las culpas de Franco y del franquismo. Aquello de la “verdad histórica” es un concepto al que suelen ser muy aficionados los historiadores reaccionarios.

Los demás se limitan a buscarla.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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