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Controladores aéreos, en las nubes

Sábado, 4 de diciembre

Eran aproximadamente las 10,30 horas de la mañana cuando el forzado silencio que reinaba en el espacio aéreo se vió interrumpido por una comunicación entre un helicóptero militar y la torre de control de uno de los tres aeropuertos del País Vasco: el de Foronda.

A esa hora el caos en los aeródromos españoles era total después de casi 20 horas sin control aéreo, lo que provocó el cierre de todo el tráfico.

-Helicóptero: “(Indicativo) para torre de Vitoria, estamos entrando en su espacio aéreo, ¿podría facilitarnos condiciones meteorológicas y datos del campo?

-Torre de Vitoria: “No estoy en condiciones de ofrecerle control”.

En una situacion normal le hubieran facilitado la temperatura, el indice que mide la condensación del aire, la velocidad y dirección del viento así como la altura de las nubes, pero sobre todo el QNH (la presión atmosférica en milibares con la que se calibra el altimetro y sin cuya corrección se puede producir un accidente al estar a una altitud equivocada).

-Helicóptero: “Voy en dirección a su aeropuerto…¿me podría dar el QNH?”

La banda de frecuencia modulada aérea, en la parte alta de las asignadas a las emisoras comerciales de FM, se quedó congelada…

-Torre: Largo silencio… “QNH 1016”

-Helicóptero: “Gracias Vitoria”

Para entonces un coronel del ejército del aire ya había comunicado a los controladores que estaban bajo sus órdenes. Pero todavía no podían asumir las tareas de control, tenían que esperar a la declaración de Estado de Emergencia para poder tomar el control definitivamente.

Un hecho que previsiblemente se iba a producir a las 13 horas.

Y así fue…

Poco después de la 1pm quien estaba al frente de la la torre de control fue advertido de que negarse a hacer su trabajo había dejado de ser un hecho civilmente punible y quedaba bajo la jurisdicción militar.

España está en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia.

Una ley orgánica de 1981 recogida en el artículo 116 de la Constitución Española (se celebró ayer su 32º aniversario), que abre esta posibilidad ante terremotos, calamidades, inundaciones, incendios urbanos o accidentes de gran magnitud, epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y, como es este caso, paralización de servicios públicos para la comunidad.

El caos aeroportuario originado por el plante masivo de los controladores (los encargados de ordenar la circulación aérea) llevaba al Gobierno a decretarlo esa mañana -con su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado)-, a la vista de que los vigilantes del aire no deponían su actitud.

Desde ese momento, los controladores empezaban a ser requeridos de uno en uno, a través de burofax, para que acudieran a trabajar. Si no lo hacían serían acusados de graves delitos. El vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba lo explicaba así: “Si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia, castigado con penas de prisión.

AENA, la entidad pública de aviación -adscrita al Ministerio de Fomento, y encargada de la gestión de los aeropuertos- abre ipso facto expediente a 442 de ellos, una quinta parte de un colectivo que cuenta con unos 2.200 profesionales.

CRONOLOGÍA DE UN PLANTE  ANUNCIADO (de dimes y diretes)

– 24 noviembre 2009. El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, cifra en 350.000 euros anuales el salario medio de los controladores en España.

– A los pocos días. La directora de Navegación Aérea, Carmen Librero, anuncia cambios en el convenio de los controladores para abaratar costes.

– 29 diciembre 2009. El ministro de Fomento, José Blanco, acusa a los controladores de realizar una huelga encubierta los últimos días en los aeropuertos de Canarias.

– 11 enero 2010. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA reanudan las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.

– 3 febrero. Los controladores y AENA se acusan mutuamente de haber cerrado las negociaciones del convenio colectivo sin alcanzar un acuerdo.

– Dos días después. El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley que devuelve a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999, cuando entró en vigor el primer convenio colectivo.

– 26 febrero. La USCA anuncia que está estudiando acciones legales contra el decreto gubernamental, pero que no va a convocar ninguna huelga.

– 15 marzo. Entra en vigor la nueva ley por la que se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que establece una nueva organización del trabajo y rebaja los salarios de este colectivo.

– Dos meses más tarde. La Audiencia Nacional desestima la demanda de conflicto interpuesta por la USCA contra la Ley.

– 27 junio. La USCA niega que haya incrementado el absentismo laboral como medida de presión, tal como denuncia AENA, y asegura que las bajas actuales están certificadas por los servicios médicos de la Seguridad Social.

– Al día siguiente. Las compañías aéreas acusan a los controladores de provocar retrasos y cancelaciones generalizados en el tráfico aéreo.

– 20 julio. El ministro Blanco anuncia que el Gobierno habilitará a controladores militares para que ocupen puestos de trabajo en los aeropuertos civiles. A su vez, la Fiscalía afirma que investigará las bajas por enfermedad de los controladores.

– Diez día después. El Ejecutivo aprueba un nuevo decreto que regula la jornada de los controladores, que se mantiene en 1.670 horas, más 80 extraordinarias.

– 03 agosto. El 98% de los controladores autorizan a su sindicato a convocar una huelga ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.

– A la semana. Los controladores renuncian a convocar la huelga en el mes de agosto “para no perjudicar al sector turístico“.

– 13 agosto. La USCA y AENA firman un preacuerdo que acepta las condiciones laborales establecidas por el Ministerio de Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo de cada centro.

– Un mes después. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que regula el servicio de Información de Vuelo en Aeródromo (AFIS) para aeropuertos civiles de uso público, lo que permitirá que algunos aeródromos operen sin controladores.

– 07 octubre. Los controladores abandonan la negociación de su segundo convenio colectivo con AENA por incumplimiento de acuerdo.

– 26 noviembre. La USCA anuncia cierres en el espacio aéreo de Galicia a partir del fin de semana, que se extenderán durante el mes de diciembre al conjunto de España, por el exceso de horas trabajadas por los profesionales de control.

– 03 diciembre. El Consejo de Ministros ratifica en un real decreto de medidas económicas que el máximo de horas que pueden realizar los controladores de tránsito aéreo será de 1.670.

– Ese mismo día. Los controladores abandonan masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.

Resultado: 650.000 viajeros se ven afectados por el caos generado en los aeropuertos.


MODUS OPERANDI

Los controladores aéreos son los encargados de gestionar el tráfico de aeronaves en el espacio aéreo español.

Hasta 1977 dependían de la administración militar, pero después pasaron a depender de Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA).

A 31 de julio de este año había 2.384 controladores civiles, que se ocupan de dirigir el tráfico aéreo en los seis principales CENTROS de control, ubicados en Palma de Mallorca, Tenerife, Gavá (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Valencia; así como en 37 TORRES de control.

Mientras los centros de control aéreo se ocupan del tráfico en ruta, las torres de control gestionan los aterrizajes y los despegues en los aeropuertos.

Aunque no disponen de una ubicación específica y suelen estar ubicados en las torres de control, hay un tercer grupo de controladores que se ocupan de la aproximación a los aeropuertos de los aviones.

En España existen cuatro regiones principales de control aéreo: Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias. El fallo en el servicio de cualquiera de ellos supone -en la práctica- el colapso del sistema.

En total, hay cuatro tipos de controladores:

1- Tierra: quien asigna al piloto la pista de rodadura, y evita las colisiones en tierra.

2- Local: autoriza el despegue e indica al piloto la dirección de navegación inmediata al despegue.

3- Aproximación y Despegue: indica el ascenso hasta el nivel de crucero, cubriendo unos 80 kms.

4- Ruta: estudia la evolución en su viaje, alertando de fenómenos atmosféricos y de otro tipo. Conforme el vuelo avanza, la responsabilidad es transferida entre los diferentes centros de control que sobrevuele la nave.

CLAVES CONTROLADORES-GOBIERNO

¿Cuánto cobran por su trabajo?

El Ministerio de Fomento cifraba en verano en 350.000 euros el coste anual medio de un controlador en España, por entre 1.700 y 1.800 horas de trabajo anuales (en Europa esa media se sitúa en torno a los 120.000 euros por unas 1.300 horas al año).

El diferencial se debe a que en España, entre un tercio y la mitad de las horas que trabajaba un controlador eran extraordinarias, que cuestan el triple que las ordinarias.

Para reducir ese coste medio a 200.000 euros al año, la nueva ley -entre otras medidas- mantiene el límite de horas anuales en 1.670, pero reduce las 600 horas extraordinarias que hasta ahora se permitían a las 80 establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, se introduce la gestión automatizada en más aeropuertos y, desde el verano de 2011, se privatizarán el 49% de las torres de control. El Gobierno hace así caja en un intento de salir airoso del alto déficit público.

¿Es su primera huelga?

No.

En diversas ocasiones los controladores han recurrido a huelgas encubiertas o de celo; no obstante, sólo en una ocasión convocaron una huelga legal, en 1988. Su propósito era reclamar el pago de un complemento denominado “de servicios especiales”, que finalmente no llegó a realizarse.

¿Por qué ha resucitado el conflicto, si había un acuerdo?

Pues por la interpretación que se tiene de las 1.670 horas de trabajo que regula la nueva ley: los controladores consideran que las horas sindicales, las imaginarias (guardias), las licencias, las bajas por incapacidad laboral y las reducciones de jornada deben incluirse en ese cómputo, mientras que el Gobierno defiende que no.

Así, este viernes aprobó el Real Decreto que elimina cualquier ambigüedad al respecto: sólo computa como jornada laboral el control de tránsito aéreo.

 

 

USCA: PODER DE PRESIÓN

No pocos líderes sindicales querrían para sí el poder de presión que ha ostentado el sindicato de los controladoresUSCA (que agrupa al 97% del colectivo)- en los últimos diez años.

Mal que les pese a los diferentes ministros de Fomento del PP y del PSOE, que han tenido que afrontar las amenazas del colectivo, hasta ahora los trabajadores habían ganado la batalla.

Quizá el órdago de los controladores ha sido demasiado grande y no midieron las consecuencias.

Desde luego, nadie en la cúpula de USCA que desde junio dirige Camilo Cela (sobrino del premio Nobel) podía esperar que el Gobierno reaccionara decretando el primer estado de alarma de la democracia española, poniendo así a los 2.400 controladores aéreos bajo mando militar.

Quizá sus abogados no leyeron a fondo el decreto que aprobó el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 5 de febrero, en el que se abría la vía a que el presidente del Gobierno encomendara el control aéreo al Ministerio de Defensa en caso de circunstancias “extraordinarias”.

Tampoco debieron dar importancia a las alusiones a una posible llamada a los controladores militares (600, de los que unos 280 están en activo) para que los sustituyeran.

Hay sospechas de que el sindicato ha desarrollado esta estrategia encubierta en el plante que hizo el colectivo el viernes y parte del sábado alegando bajas masivas por estrés o por alegar que habían cumplido sus horas anuales.

No deja de ser sospechoso que un sindicato que siempre da muestras de ser muy belicoso, convocara de urgencia a los medios de comunicación el viernes a las cinco de la tarde para no lanzar ninguna amenaza como suele. Cuando justo tras la rueda de prensa empezaron a llegar a los periodistas noticias de incidentes en Barajas (aún no se sabía que era un boicot en toda regla), el presidente del sindicato aseguró no saber nada.

Sin embargo, unas dos horas después, el vicepresidente de USCA, José Manuel Acevedo, y otros miembros de la cúpula se dirigían a Fomento (no a Aena, su interlocutor habitual) para exigir firmar su propuesta de convenio colectivo en pleno caos.

Proponían -en todo su derecho- volver a sus antiguos y abultados sueldos, además de hacer menos horas de las actuales.

Lo que es claro es que desde ayer, el sindicato parece haber digerido, por fin, las consecuencias de ese motín que ha tenido un coste económico cercano a los 250 millones de euros.

Por eso, ha cambiado de estrategia y ha optado por el silencio.

Las diversas posiciones, de un lado y de otro, siguen y seguirán… Que si te he dicho esto y lo otro…

Y todo, por dinero.

((pinchar sobre ambas fotos))

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Ultimo capítulo: Baltasar Garzón

13:30h. El Consejo General del Poder Judicial de España suspende cautelarmente a Garzón como juez en la Audiencia Nacional por investigar los crímenes del franquismo.

Unanimidad pues del alto órgano judicial que echa por los suelos 22 años de su carrera como magistrado el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

En saco roto quedaron ayer los intentos de una parte de los miembros del sector progresista del Poder Judicial de forzar, antes de las once de la mañana de hoy, la celebración de una comisión permanente urgente que autorizase la petición de Garzón de irse en comisión de servicio como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya.

El tema de si optará o no a su nuevo cargo lo abordará esta tarde (a las 6pm) la Comisión Permanente del CGPJ, que comprobará si entra dentro de los previstos para declarar a un juez en situación de servicios especiales. Un hecho que parece improbable que se produzca.

En todo caso, uno se pregunta si se ha querido cortocircuitar la solución que evita la suspensión.

En uso de la cordura se debería haber ido por orden:

1º) Resolver la petición de traslado a La Haya; 2º) Dar tiempo a la sala para que decidiese la trascendental cuestión de la validez o no de la acusación; 3º) Caso de poder abrirse juicio oral y estar Garzón ya fuera de su Juzgado, declarar la improcedencia de la suspensión por carecer la misma de objeto.

Invertir este orden solo ha podido obedecer a una razón: abortar el viaje a La Haya y obtener la suspensión a toda costa.

Nunca fue un personaje discreto, nunca escurrió el bulto y siempre se las ingenió (o se las ingeniaron otros) para que los temas candentes alcanzaran su despacho. La biografía de Baltasar Garzón es tan extensa que apenas hay asuntos de calado que no hayan pasado por sus manos. Desde los primeros golpes a un narcotráfico que trataba de convertir a algunas regiones de España en una forma de nueva Sicilia, al terrorismo puro y duro, pasando por el denominado terrorismo de Estado y sus derivados: el uso de fondos reservados. Por supuesto, no podía dejar de lado la corrupción urbanística en todas sus formas.

Garzón llegó a exportar su prestigio fuera de las fronteras nacionales con otros casos no menos llamativos, léase por supuesto el de Pinochet, un intento de procesar a Berlusconi, y algún ramalazo de tono islamista pidiendo la detención del propio Bin Laden.

Sin duda, la Justicia española acaba de sufrir el mayor descrédito de su historia.

Nuestros tribunales, desde los juzgados de instrucción al Supremo y al Constitucional, tienen una merecida mala fama entre la sociedad española. Y tampoco gozan de buena imagen histórica en el mundo. Aunque la democracia haya lavado su siniestra trayectoria de arbitrariedades durante la dictadura, ha vuelto a ensuciarla el que prosperen las denuncias contra Garzón de grupos fascistas, opuestos a la investigación de los crímenes del franquismo.

Y son dos los casos por los que sigue acusado. Uno, por intervenir en las escuchas ilegales de los imputados del Caso Gürtel; y dos, por los supuestos cobros ilegales que recibiría por parte del Banco Santander (que Botín niega) en su paso por Nueva York.

Dado su palmarés, podría deducirse que a Garzón le faltaba un personaje en su currículo, un cromo para terminar la colección: Franco.

Había saldado cuentas con mucha gente, pero nunca había tocado el territorio del Dictador autóctono. A cuenta de la ley de la Memoria Histórica, de sus imperfecciones y de las demandas desatendidas de los familiares de las víctimas de miles de fusilamientos, Garzón quiso abrirle un sumario al franquismo. Y le ha salido el tiro por la culata.

Esta vez, se ha visto a demasiada gente convencida de que se acercaba el final.

Son demasiados quienes piensan que Garzón ya está amortizado. Que ya no es necesario. No al menos para el poder político. Todos han experimentado su inclemencia. De los escritos de Garzón en su libro se deduce que es un hombre convencido de que ha venido al mundo a interpretar un papel y acepta el sacrificio que ello exige.

El problema es si está preparado para vivir un final que no tenía previsto.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Memoria histórica, en entredicho

El proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón -por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo- va viento en popa.

En las últimas horas ha habido movimientos significativos.

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Luciano Varela, ha expulsado a Falange Española de las JONS como acusación popular en el proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Según Varela, la formación política no ha subsanado su requerimiento de corregir su escrito de acusaciones en el que pedía 20 años de inhabilitación para Garzón. Un hecho insólito. Se mata dos pájaros de un tiro. Por una parte, consigue apartar al querellante más incómodo, y por otro lado se evitan los titulares de que el Tribunal permite que el partido único del franquismo siente en el banquillo a Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.

No olvidemos que Falange es un partido político español de la derecha radical, ultranacionalista, de ideología fascista. Creado al albor tras la unificación con el movimiento carlista que llevó a cabo el general Francisco Franco, y cuyo objetivo es la instauración de un Estado totalitario nacional-sindicalista.

En todo caso, esta expulsión no deja fuera las querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. De haber expulsado a las dos acusaciones, el proceso contra Garzón habría quedado sin contenido. Lo dicho, el proceso sigue inteligentemente adelante, y dejando de lado a un protagonista incómodo como la Falange. Y en lo que las asociaciones de víctimas consideran una operación de maquillaje.

Así con todo, Varela parece decidido a dictar auto de apertura de juicio oral en los próximos días. Un movimiento que podría confirmar lo que se achaca a Garzón: instruir un caso a sabiendas de que es injusto. La prevaricación.

Las razones son dos. El juez instructor estaría usando unas acusaciones incapaces de presentar algo más que una vulgar octavilla de propaganda para hacer un ajuste por cuenta propia con Garzón. Y, por si esto no fuera poco, Varela estaría traicionando sus propias convicciones expuestas en su voto particular en el caso Atutxa (por el que el Tribunal Superior vasco consideró que no hubo delito de desobediencia), y que aún sigue pendiente.

Pero también está la doctrina Botín. Aquella por la que el Tribunal Supremo reinterpretó sobre la acción popular con la que exoneró de juicio al presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Un caso complicado en el que Varela no estuvo dispuesto a abrir la caja de Pandora. Es decir, abrir un juicio oral. Y es que suponía una violación del artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La doctrina Botín y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusación popular carece de legitimación por sí sola, a falta de acusación particular o de acusación pública, para llevar a un ciudadano a juicio.

La causa contra Garzón encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusación particular, por la sencilla razón de que no existen perjudicados, ni tampoco acusación pública porque ningún daño ha producido Garzón al “interés público y social”. Por lo que la causa sólo se sustenta en una acusación popular a la que el propio instructor Varela ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares al amparo de una presunta defensa del interés social.

Hay dos posibilidades para poner un punto y final a este circo mediático. O bien llevar a cabo el sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garzón. Porque podría suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Botín y que Garzón hubiera sido juzgado con una interpretación inadecuada de las leyes procesales.

Pero no se quiere acabar así. De lo que se trata, al fin y al cabo, hacer con Garzón -seamos claros- es quitarle del medio por parte de ciertos jueces conservadores. Una situación insólita que está avivando las críticas internacionales. Los principales medios de comunicación internacionales no entienden que un juez esté siendo puesto en entredicho por investigar a quiénes pudieron estar presuntamente detrás de las desaparición de 100.000 personas durante el franquismo.

Lo mismo pasa en nuestro país. Las víctimas están clamando mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. Con quienes presuntamente han estado y están detrás de todo este embrollo. Se me hace harto difícil pensar que Garzón -con todas sus virtudes y no tan virtuoso en su afán judicial en ocasiones- haya tomado parte injustamente.

Ahora se pone sobre la balanza la Ley de Amnistía de 1977. Pretender revisar esa decisión equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida la Constitución. Quienes defienden la nulidad de dicha Ley -a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado- tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

El diputado socialista en el Parlamento europeo, Ramón Jáuregui, añade: “No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.”

Para esto se creó la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007.  Una norma por la que se empezó a reconocer a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones. A saber: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; etc. Y de todos es sabido que el Partido Popular no se adhirió a tales pretensiones de devolver la justicia a la memoria española. Por eso, y por muchas cosas, su animadversión contra un juez que pretendió restablecer los principios básicos de los derechos humanos. Sentar en el banquillo a los culpables de la barbarie del pasado. Por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo.

“La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”, Walter Benjamin (crítico literario marxista y filósofo judeo-alemán)

Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles.

Ya lo decía el escritor italiano de origen judío-sefardí, Primo Levy: “Sin memoria de la injusticia no hay justicia posible”.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Garzón, en el punto de mira

Baltasar Garzón (Jaén, 1955)

Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 (Audiencia Nacional) desde 1988

Mes de Enero: El Tribunal Supremo admite una querella de la Falange contra el juez por investigar el franquismo; Garzón procesa a Arnaldo Otegi por reconstruir Batasuna con ‘Bateragune’; El TS vuelve a investigarle, ésta vez por los supuestos cobros que recibió el juez por parte del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, en 2005 y 2006.

Febrero: Dicho órgano constitucional acusa al magistrado de ignorar a sabiendas la ley al investigar el franquismo; El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide un informe a la Fiscalía sobre si debe suspender a Garzón de sus funciones por el caso de NY; Un día después, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido dice no apoyar tal suspensión; Garzón recurre el auto del Tribunal Supremo que lo acusa de prevaricación (dictar una resolución sabiendo que es injusta); El Poder Judicial le da al magistrado jerezano diez días para que presente sus alegaciones ante tales acusaciones; El juez de la Corte Suprema argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirma: “el poder judicial español está cometiendo un gran error y está perjudicando la imagen de España en el extranjero”; El Tribunal rechaza el recurso presentado por Garzón contra la querella por prevarización; A finales de mes, dicho ógano vuelve a la carga, y admite la querella del abogado de caso Gürtel contra Garzón por las grabaciones supuestamente ilegales; La Fiscalía, contrariada, pide no suspenderle, y aclara: “Hacerlo iría contra la independencia judicial“.

Con tantas querellas, autos, dimes y diretes, llega el mes de Marzo. Y así el día 5 Baltasar Garzón rompe su silencio. Pide al CGPJ que no lo suspenda, y acusa al Partido Popular de estar detrás de una “cruel campaña” de acoso contra él, que se inició cuando acordó encarcelar a los principales implicados en el ‘caso Gürtel‘.

Y aquí es donde nos preguntamos… ¿Por qué tanta animadversión contra el más famoso de los jueces, de indudable eficacia durante décadas? Por fin, Garzón no duda en apuntar contra sus mayores adversarios. Difícil, precisamente, no se lo había puesto a sus enemigos. Personas non gratas que veían en algunas actuaciones del juez estrella como la cacería con el ministro de Justicia, la trama de cargos del PP o la búsqueda de responsabilidades durante los tiempos del franquismo, un punto débil para desacreditarlo. Y así lo han hecho en los últimos meses.

El mismo abogado del caso Gürtel, Ignacio Peláez, que ahora denuncia la práctica de escuchas ilegales a sus clientes cuando estaban en la cárcel y sin previa autorización del juez… fue anteriormente fiscal. Ahí es nada. Y, por lo tanto, se conoce muy bien los entresijos de la Justicia y las posibles personas que pueden cargar contra Garzón, y cómo hacerlo.

Para más info sobre la trama Gürtel, pinchar aquí (video)

Y como Garzón no es tonto, ya ha tomado iniciativas en su propia defensa. Pide, para ello, la abstención en las deliberaciones contra su persona de tres de los vocales del Consejo -Fernando de Rosa, Gema Gallego y Margarita Robles- por las relaciones que tiene con alguno de los interesados y por “enemistad manifiesta” con él mismo. En el caso De Rosa porque, en su opinión, ha cuestionado “continuamente” su labor instructora, lo que “le priva de objetividad de juicio” (es, además, amigo íntimo de uno de los imputados- el presidente de la Generalitat Valenciana, Camps). Y la petición para que Robles no comparezca, Garzón recuerda que coincidió con ella en funciones públicas (ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch ostentaba el ministerio de Justicia e Interior, en los 90).

El juez que investigó la trama económica de ETA, quien persiguió a los narcotraficantes gallegos de la Operación Nécora, y quien dió órdenes de búsqueda y capturó a tantos delincuentes internacionales que buscaron cobijo en España…ha dado una vuelta de tuerca.

Va a ser él y sólo él quien no permita que el acusado sea acusador (trama Gürtel), y para ello parece haberse provisto de lo que necesita: busca quién dirige y encabeza la persecución de la que es objeto. Además, intenta desenmascarar a los enemigos que tiene entre los propios jueces, en la clase política y en los medios de información. Pero, por si esto no fuera poco, estoy seguro que tiene en su poder datos suficientes para ver quién mueve cada una de las cuerdas que ha comenzado a notar en su propio cuello.

Y, señores, éste es el comienzo. Razones para defenderse no le faltan.

Vamos a ver en qué termina esta cacería implacable, y a quién se lleva por delante. De momento, cada tirador ha marcado ya a sus deseables víctimas.

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Por Iñigo Ortiz de Guzmán