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Franco resiste

Cualquiera que abra un libro y lea que Franco fue un general valeroso y católico, que participó en un golpe de Estado contra un Gobierno caótico con el único fin de restaurar la monarquía democrática, probablemente pensará que se trata de una de aquellas historias de la cruzada española que el régimen utilizó como propaganda.

La sorpresa es mayúscula cuando uno se percata de que no se trata de ningún panfleto franquista, sino del Diccionario Biográfico Español.

Una monumental colección de 50 tomos.

Y editada precisamente por la Real Academia de la Historia, que le ha costado al erario público 6,4 millones de euros, y que presentaron hace una semana el rey Juan Carlos y la ministra Ángeles González-Sinde.

La entrada del diccionario correspondiente a Francisco Franco Bahamonde, que ocupa cinco páginas del volumen número 20, tan sólo dedica un párrafo a hablar de la Guerra Civil e incluye afirmaciones tan polémicas como esta: “Montó un régimen autoritario, pero no totalitario.

Va más lejos todavía que la definición que da la RAE de franquismo, al que califica como movimiento “de tendencia totalitaria”.

¿AUTORITARISMO O TOTALITARISMO?

Lo que es cierto es que Francisco Franco es de los pocos personajes históricos que han dado su nombre a un régimen político, lo que pone justamente de relieve una de sus principales características: el papel central que en él tuvo el líder.

Podría darse una definición mínima y formal de la dictadura como aquel régimen político en el que un individuo, o un pequeño grupo de individuos, ostenta un poder ilimitado (esto es, sin limitaciones constitucionales) y lo ejerce de forma discrecional. Franco ostentó en todo momento el poder absoluto (y vitalicio); por lo cual calificar su régimen de dictadura releva de la definición objetiva y no del “juicio de valor” (así se justifica el académico Luis Suárez por no haber empleado este término en su reseña del “Generalísimo”).

Eve Giustiniani -doctora en Estudios Hispánicos y profesora en la Universidad de Aix-en-Provence (Francia)- lo entiende así. Y añade que calificar el franquismo de autoritario o totalitario es algo más delicado.

Primero porque el régimen atravesó distintas fases y tuvo que adaptarse a lo largo de casi cuatro décadas a las circunstancias que lo rodeaban.

Desde 1936 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Franco dirigió un sistema nacional-sindicalista y falangista indudablemente totalitario, según Gustiniani; pero a partir de este momento, buscando nuevos apoyos internacionales, redefinió el régimen como esencialmente católico y anticomunista.

Y luego porque no existe consenso en la comunidad científica sobre la definición de los términos de totalitarismo y autoritarismo.

Para poder definirse como totalitario, al franquismo le faltaría la ambición de englobar todos y cada uno de los aspectos de la vida en un partido único, confundido con el Estado. Una de las peculiaridades del régimen fue su identificación con el líder, la lealtad al Caudillo colocada por encima del acatamiento a la jerarquía del partido.

De lo que no se puede dudar, en cambio, es de que el régimen franquista nunca tuvo una Constitución como tal. Por lo que el franquismo es y fue lo contrario de un Estado de derecho.

Lo peor es que la publicación no tiene remedio.
Lo peor es que media docena de voces han lesionado la credibilidad de un Diccionario en el que se ha invertido mucho dinero público, y han puesto en berlina a una ilustre institución siempre discreta.

Una obra de estas características publicada en Francia no hubiera puesto paños calientes sobre la figura de Pétain (que tomó de Franco la idea de autodesignarse jefe de Estado), ni un diccionario belga hubiera disimulado el recuerdo de Léon Degrelle (que murió en Madrid bajo la protección del franquismo).

El catedrático de literatura, José Carlos Mainer, piensa que por estas y otras muchas cosas la trayectoria política de Franco tiene sentencia firme y es falso que haya sobre ella ninguna polémica de historiadores, como no la hay sobre Fernando VII.

Conviene que se sepa que los defensores de Franco y su herencia no son historiadores solventes, o son aficionados ambiciosos que ejercen de oráculos de un público cautivo.

Mainer entiende que no es de recibo decir que a los jóvenes de hoy les es más familiar el adjetivo “autoritario” que el sustantivo “dictadura”. Ni se puede esgrimir el derecho a la libre opinión de un autor cuando se trata de una obra colectiva y cuando existe una dirección profesional responsable.

Al final, no se trata de ejercer la censura sino el sentido común.

Aquí ocurre lo que en otros lugares no ocurre.

Se tiene en cuenta al medievalista Luis Suárez (sí, sí,…medievalista;  e historiador vinculado a la Fundación Francisco Franco) para escribir sus opiniones sobre éste o sus piadosas consideraciones sobre Escrivá de Balaguer -a las que tiene perfecto derecho-.

Mientras tanto, a historiadores de la talla de Julián Casanova o Paul Preston se les tendrá que caer la cabeza de vergüenza ajena.

Ver que Suárez no hace una sola mención a la represión franquista durante y después del conflicto, que ellos tanto han tratado.

Pero claro, esto es España. Somos así.

Todo lo contrario ocurre en Oxford donde los textos se sometieron a un intenso proceso de revisión académica por un extenso equipo de editores, que con frecuencia devolvían las biografías a sus autores para que las corrigieran.

Pero no pasa nada. En España somos así, ensalzamos cosas así.

Transcribimos la Historia y ya está. Y dejamos que Suárez afirme que él no es partidario de la “memoria histórica” sino de la “conciencia histórica”.

Es verdad que no es bueno legislar sobre la “memoria histórica”.

Lo que parece difícilmente compatible con esa conciencia es la exoneración de las culpas de Franco y del franquismo. Aquello de la “verdad histórica” es un concepto al que suelen ser muy aficionados los historiadores reaccionarios.

Los demás se limitan a buscarla.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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La prohibición del burka

VELO INTEGRAL, ¿SÍ O NO?

El Senado ha propiciado la puesta en marcha para que se legisle la prohibición del burka y del niqab en cualquier lugar público en España. Y esto fue posible ayer gracias a un cambio de posición por parte de CiU, que apoyó en última instancia una moción promovida por el PP, y que insta al Gobierno de Zapatero a vetar su uso en un futuro.

La moción, que no es vinculante, salió adelante con 131 votos a favor: PP (123), CiU (7) y UPN (1) por 129 en contra. Un batiburrillo de intereses sólo entendible en clave electoral ante los comicios catalanes.

Lo cierto es que el debate ha comenzado, y parece que no va a haber marcha atrás.

La propuesta del PP surge al hilo de las distintas iniciativas en el Ayuntamientos de Lleida. La primera ciudad que en mayo decidió prohibir el uso del velo intengral en todos los equipamientos públicos.

A pesar de que la mayoría de los españoles sólo han visto esta prenda en la televisión, en algunos pueblos de la comarca de El Vendrell (Tarragona) se pueden encontrar mujeres completamente cubiertas en la calle con cierta facilidad.

Pero elevar eso a todo el Estado es otra historia. En realidad, en nuestro país se conocen apenas una decena de casos de mujeres que usan burka o niqab.

Los socialistas creen que la actual legislación cubre este aspecto, mientras que los populares -y ahora los nacionalistas catalanes- consideran que la seguridad es primordial, y por eso dicha iniciativa.

Yusuf Fernández, secretario de la Federación Musulmana de España ha advertido del riesgo de ignorar el asunto: “Mirar hacia otro lado nos deja indefensos ante el fundamentalismo“. Y añade: “En el colectivo musulmán no existe un rechazo a prohibir el burka, pero sí existe el temor de que esto sea el comienzo de una campaña más general para atacar el hiyab [el pañuelo que tapa el pelo pero no la cara], minaretes y otros símbolos islámicos“.

Partiendo de la base de que nadie (excepto quienes lo imponen a sus mujeres) está a favor del burka, ¿por qué muchos progresistas están en contra de la prohibición del burka en España?

Dicen que prohibir el uso público de esta prenda para evitar la discriminación de la mujer es como prohibir los moratones para erradicar el maltrato.

Que lo sufran apenas diez mujeres en España, sin embargo, no sería razón suficiente para no molestarse en legislar contra su uso. Pero es que, de hecho, el uso público del burka tal como lo están prohibiendo un puñado de ayuntamientos ya está prohibido.

La ley no permite asistir a un juicio, inscribirse en padrón o recibir clase en la universidad con el rostro totalmente cubierto, ya sea con burka, con pasamontañas o con casco de motorista, ya lo haga un hombre o una mujer.

Me pregunto que si de lo que se trata es de proteger a la mujer vejada por un marido que le impone esa prenda denigrante, también hay ya legislación suficiente. Basta con dejar de pensar en multar a la mujer y perseguir al hombre que la obliga a vestir así.

Precisamente ayer, el Consejo de Europa en Estrasburgo aprobó casi por unanimidad -excepto el Grupo Popular- una resolución sobre el islam y la islamofobia que, entre otros aspectos, desaconseja la prohibición total de los velos integrales que usan las musulmanas, salvo por motivos de seguridad.

A día de hoy, en la UE, sólo Bélgica ha dado el paso para prohibir el velo integral.

Así que conviene que el debate no se saque de quicio. El primero que debe reflexionar es el Gobierno, que parece verse arrastrado por una marea antiislamista sin recapacitar en que el islam no impone esa prenda.

Lo hacen algunos de sus fieles más radicales a los que sí cabe perseguir.

En el fondo de todo esto, subyace el peligro de demonizar una religión y una cultura que en sus expresiones no fundamentalistas debe poder convivir con normalidad en este país cada día más plural.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán