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La Constitución y la moral

En el Congreso de los Diputados ya no se habla de establecer la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona o de reformar el Senado, sino de la “estabilidad presupuestaria” -que queda fijada por mandato constitucional-.

Se nos dice que la intención es calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a nuestro país de una intervención.

Cuando, en definitiva, no es más que un corsé permanente al gasto público en España.

La idea es que para 2020 todas las Administraciones -central, autonómica y local- tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan.

Lo curioso es que lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventilara el pasado 22 de agosto.

Por sorpresa y en diez minutos (los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla).

La realidad es que la reforma se ha encontrado con la hostilidad de un sector de la opinión.

Se habla de “golpe de Estado financiero”, de “golpe a la democracia”, de “ruptura del consenso constitucional”, etc. Términos que coinciden con el resurgimiento del 15-M después del paréntesis papal.

Guste o no, lo cierto es que la iniciativa por acuerdo del PSOE y el PP es perfectamente legal. Si es o no democrática dependerá del concepto de democracia que se tenga. Pero legal, es.

Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores.

Pero bien es cierto también que , aunque el referéndum no sea legalmente obligatorio, lo es moralmente dada la trascendencia de lo que se reforma.

Pero -afirma Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas- «aquí aparecen discrepancias. Para unos, el tope del déficit es enterrar el Estado del bienestar; para otros, es una garantía del Estado del bienestar. Si no hay acuerdo mayoritario, la obligación moral se debilita.»

Socialistas y populares argumentan que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”.

Lo que no deben de saber es que España es el país de la UE-15 que tiene el gasto público social por habitante más bajo.

Por lo que se hace difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto van a corregir el enorme déficit de gasto público social.

Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía.

Pero como bien han señalado economistas de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Dean Baker, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes. Entienden que reducirían todavía más la demanda de bienes y servicios (estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada).

Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión.

Mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, imposible.

Con todo, la medida permitirá un déficit tope de un 0,4% del PIB. Un porcentaje excesivamente bajo.

En realidad, en los últimos 20 años, tal como subraya David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año.

Alemania lo consiguió sólo un año; EEUU, tres años, y el Reino Unido, cuatro.

El politólogo Vicenç Navarro afirma que es poco probable que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia).

En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.

El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.

En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008.

La reducción del déficit público -requerido por el criterio de Maastricht-, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social.

En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar.

Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.

Y lo más tremendo de todo es que, a los mercados, la dichosa reforma constitucional muy probablemente les importa un bledo.

 

Zapatero hizo mal al no consultar al partido, ¿no hace mal el partido al no consultar a los ciudadanos?

Y ¿qué ocurriría si se incumple esa norma constitucional? Pues puede que nada. De hecho, el Pacto de Estabilidad, contenido en el Tratado de la Unión desde 1997, limita al 3% del PIB el déficit máximo de los Estados y ha sido incumplido por la práctica totalidad de los países sin ninguna consecuencia práctica.

Esto es política de Estado, sí señor.

+ info en Actuable

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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Generación 5.0

Hördur Torfason se acercó una mañana de octubre de 2008 hasta el que los islandeses llaman Althing, el Parlamento situado en la capital de Islandia, Reikiavik.

Para entonces, el mayor banco del país -el Kaupthing- ya había hecho crack y el sistema financiero islandés estaba patas arriba.

Torfason, junto a su guitarra, cogió un micrófono y abrió el canal para que los ciudadanos que quisieran expresar su malestar ante el revolcón que estaba sufriendo el país dijeran lo que pensaban. El sábado siguiente, su iniciativa reunió a decenas de personas en el mismo punto.

Los sábados de aquel otoño, ligados por el movimiento Voces del Pueblo, llevaron al anuncio de disolución del Parlamento y convocatoria electoral el 23 de enero de 2009.

Esta vez ha ocurrido en España, en un país en el que normalmente no nos quejamos de nada, o de casi nada. Por eso sorprende, no se esperaba.

Miles de manifestantes se reunieron en varias ciudades españolas el pasado 15 de mayo para clamar contra la pasividad política de este país, por l0s abusos de poder y la corrupción:

« (…) Este domingo hemos tomado las calles de todo el Estado miles de personas dispuestas a hacer escuchar nuestra indignación ante la situación actual. Mientras unos pocos son los claros ganadores de la crisis, una gran mayoría vemos cómo nuestros derechos son recortados y se nos niega el futuro.

No hemos visto a los banqueros que fueron rescatados con 70.000 millones de todos, vemos a familias a las que asfixian las hipotecas y que son desahuciadas. Tampoco busquéis a los constructores que se enriquecieron especulando con la vivienda, buscad a jóvenes que no pueden pagarse el alquiler.

(…) A los poderes económicos se les escucha cada día, a nosotros solo nos van oir si salimos a las calles. Las respuestas colectivas funcionan, lo vemos en Islandia, donde van a juzgar a sus banqueros. Nuestra democracia está secuestrada, empecemos a liberarla.»

La organización que aglutina las movilizaciones –Democracia Real Ya, cuenta entre sus propuestas con unos 40 puntos que van desde el control del absentismo parlamentario a la reducción del gasto militar, pasando por la abolición de la ley Sinde.

Y entre las adhesiones que ha arrancado este movimiento aparecen ya unas 500 organizaciones de toda índole.

Pero ningún partido. Tampoco sindicatos.

Y todo esto ha ocurrido a velocidad de crucero, a través de una Red que ha multiplicado el eco del descontento, a través de Twitter.

En definitiva, la #SpanishRevolution.

Revoluciones que han crecido y madurado mientras que los jóvenes franceses, italianos, ingleses y griegos se lanzaban a las calles para vetar los planes de recortes sociales con los que Europa ha reaccionado a la fuerte recesión económica.

Le tocaba a España.

Arrancó primero Nolesvotes, una iniciativa que insta a evitar llenar las urnas de papeletas de PP, PSOE y CiU acusándoles de aprovecharse de la ley electoral para perpetuarse en el Parlamento.

Le siguieron llamamientos en el Congreso de movimientos como Avaaz o Actuable por unas listas electorales limpias de políticos imputados.

Y continuaron los cerca de 2.000 jóvenes que secundaron las marchas de Juventud sin Futuro el pasado 7 de abril, un primer ensayo modesto de lo que el 15M reventó en un clamor popular en varias ciudades españolas.

Para Iñaki Gabilondo, son jóvenes desengañados que se sienten abandonados por un sistema político bipartidista en el que no confían y por una estructura económica que amenaza con mantenerlos en la marginación sine die.

Uno de los primeros intentos de convocatoria a la tunecina -por Internet, por twitter y demás redes sociales-. Una modalidad de campaña electoral sin líderes reconocibles, que está sobrepasando por la izquierda a los partidos que conforman los pilares clásicos de la sociedad democrática.

Demasiado vértigo para un sistema que busca desesperadamente el voto indeciso de los electores llamados moderados.

‘Centrados en ti’, dicen desde el PP.

‘El presidente de la gente común’, reza el lema de campaña del socialista Tomás Gómez, para la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Indignarse, cabrearse, enfadarse y mostrar esa rabia es un necesario primer paso para algo más.

Democracia real YA demuestra que no hace falta ser un sindicato, una ONG o un colectivo estructurado para organizar una protesta con éxito.

Este movimiento ciudadano está retomando prácticas basadas en la espontaneidad, que dan frescura a una izquierda que a veces pierde demasiadas energías en interminables reuniones para decidir que no pueden decidir nada conjuntamente.

El entusiasmo, la alegría y la creatividad de las revueltas de internet son un soplo de aire fresco en una izquierda obsesionada por mostrar su logo, bandera o siglas, resultado de la lógica electoralista a la que nos arrastra la democracia irreal que tenemos.

Pero votar el próximo domingo es algo también importante. Aunque no hay que dejar de hacer política sin los partidos, o al margen de los mismos, es importante participar.

Quien no vote, está en su derecho y puede hacer un gran trabajo político desde otros espacios. Pero, si no conseguimos sacar del reducido espacio de poder democrático que hemos conseguido con mucho sacrificio en este país, a acaudalados y corruptos políticos, herederos de una dictadura con la que todavía no hemos roto, llegará un momento en que no habrá vuelta atrás.

Decía Michel Rocard -ex primer ministro socialista francés-, que la democracia es un sistema pensado para tiempos de tranquilidad, menos sólido de lo que suele creerse y muy capaz de irse al garete con poca cosa.

Si la globalización ya lo había dejado bastante claro, con la crisis económica se ha confirmado que las grandes decisiones que determinan nuestras vidas se toman al margen de las instituciones elegidas por los ciudadanos, simples marionetas.

Quienes se han echado estos días a la calle piden una democracia real en la que todos los votos valgan lo mismo y no sean simples cheques en blanco.

No basta con escucharles, como sugiere Zapatero, que es de esos oyentes que mueven la cabeza en señal de aprobación y luego si te he visto no me acuerdo.

En algún momento y por nuestro bien, habrá que hacerles caso.

Se llame generación Y– la última en todo- o Why -por su carácter crítico-, más bien parece la del 5.o: la de la tecnología, pero también la de los 5 millones de parados en España. Y, por tanto, con derecho a quejarse.

Con todo, los islandeses fueron más allá.

Sacudieron los cimientos del Gobierno, persiguieron a los banqueros que les llevaron a la bancarrota y dijeron ‘no’ en referéndum a la devolución a Reino Unido y Holanda de una deuda de 4.000 millones de euros.

Y aún más -quizá lo que realmente gusta entre los que pisotean las calles, sobre todo, desde el 15M-: formaron una asamblea de 25 ciudadanos elegidos para llevar a cabo una reforma constitucional.

Toda una revolución que el ingobernable canal de las redes sociales se encargó de rescatar allí.

Y, seguramente, ahora aquí.

© Iñigo Ortiz de Guzmán