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Controladores aéreos, en las nubes

Sábado, 4 de diciembre

Eran aproximadamente las 10,30 horas de la mañana cuando el forzado silencio que reinaba en el espacio aéreo se vió interrumpido por una comunicación entre un helicóptero militar y la torre de control de uno de los tres aeropuertos del País Vasco: el de Foronda.

A esa hora el caos en los aeródromos españoles era total después de casi 20 horas sin control aéreo, lo que provocó el cierre de todo el tráfico.

-Helicóptero: “(Indicativo) para torre de Vitoria, estamos entrando en su espacio aéreo, ¿podría facilitarnos condiciones meteorológicas y datos del campo?

-Torre de Vitoria: “No estoy en condiciones de ofrecerle control”.

En una situacion normal le hubieran facilitado la temperatura, el indice que mide la condensación del aire, la velocidad y dirección del viento así como la altura de las nubes, pero sobre todo el QNH (la presión atmosférica en milibares con la que se calibra el altimetro y sin cuya corrección se puede producir un accidente al estar a una altitud equivocada).

-Helicóptero: “Voy en dirección a su aeropuerto…¿me podría dar el QNH?”

La banda de frecuencia modulada aérea, en la parte alta de las asignadas a las emisoras comerciales de FM, se quedó congelada…

-Torre: Largo silencio… “QNH 1016”

-Helicóptero: “Gracias Vitoria”

Para entonces un coronel del ejército del aire ya había comunicado a los controladores que estaban bajo sus órdenes. Pero todavía no podían asumir las tareas de control, tenían que esperar a la declaración de Estado de Emergencia para poder tomar el control definitivamente.

Un hecho que previsiblemente se iba a producir a las 13 horas.

Y así fue…

Poco después de la 1pm quien estaba al frente de la la torre de control fue advertido de que negarse a hacer su trabajo había dejado de ser un hecho civilmente punible y quedaba bajo la jurisdicción militar.

España está en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia.

Una ley orgánica de 1981 recogida en el artículo 116 de la Constitución Española (se celebró ayer su 32º aniversario), que abre esta posibilidad ante terremotos, calamidades, inundaciones, incendios urbanos o accidentes de gran magnitud, epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y, como es este caso, paralización de servicios públicos para la comunidad.

El caos aeroportuario originado por el plante masivo de los controladores (los encargados de ordenar la circulación aérea) llevaba al Gobierno a decretarlo esa mañana -con su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado)-, a la vista de que los vigilantes del aire no deponían su actitud.

Desde ese momento, los controladores empezaban a ser requeridos de uno en uno, a través de burofax, para que acudieran a trabajar. Si no lo hacían serían acusados de graves delitos. El vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba lo explicaba así: “Si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia, castigado con penas de prisión.

AENA, la entidad pública de aviación -adscrita al Ministerio de Fomento, y encargada de la gestión de los aeropuertos- abre ipso facto expediente a 442 de ellos, una quinta parte de un colectivo que cuenta con unos 2.200 profesionales.

CRONOLOGÍA DE UN PLANTE  ANUNCIADO (de dimes y diretes)

– 24 noviembre 2009. El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, cifra en 350.000 euros anuales el salario medio de los controladores en España.

– A los pocos días. La directora de Navegación Aérea, Carmen Librero, anuncia cambios en el convenio de los controladores para abaratar costes.

– 29 diciembre 2009. El ministro de Fomento, José Blanco, acusa a los controladores de realizar una huelga encubierta los últimos días en los aeropuertos de Canarias.

– 11 enero 2010. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA reanudan las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.

– 3 febrero. Los controladores y AENA se acusan mutuamente de haber cerrado las negociaciones del convenio colectivo sin alcanzar un acuerdo.

– Dos días después. El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley que devuelve a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999, cuando entró en vigor el primer convenio colectivo.

– 26 febrero. La USCA anuncia que está estudiando acciones legales contra el decreto gubernamental, pero que no va a convocar ninguna huelga.

– 15 marzo. Entra en vigor la nueva ley por la que se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que establece una nueva organización del trabajo y rebaja los salarios de este colectivo.

– Dos meses más tarde. La Audiencia Nacional desestima la demanda de conflicto interpuesta por la USCA contra la Ley.

– 27 junio. La USCA niega que haya incrementado el absentismo laboral como medida de presión, tal como denuncia AENA, y asegura que las bajas actuales están certificadas por los servicios médicos de la Seguridad Social.

– Al día siguiente. Las compañías aéreas acusan a los controladores de provocar retrasos y cancelaciones generalizados en el tráfico aéreo.

– 20 julio. El ministro Blanco anuncia que el Gobierno habilitará a controladores militares para que ocupen puestos de trabajo en los aeropuertos civiles. A su vez, la Fiscalía afirma que investigará las bajas por enfermedad de los controladores.

– Diez día después. El Ejecutivo aprueba un nuevo decreto que regula la jornada de los controladores, que se mantiene en 1.670 horas, más 80 extraordinarias.

– 03 agosto. El 98% de los controladores autorizan a su sindicato a convocar una huelga ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.

– A la semana. Los controladores renuncian a convocar la huelga en el mes de agosto “para no perjudicar al sector turístico“.

– 13 agosto. La USCA y AENA firman un preacuerdo que acepta las condiciones laborales establecidas por el Ministerio de Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo de cada centro.

– Un mes después. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que regula el servicio de Información de Vuelo en Aeródromo (AFIS) para aeropuertos civiles de uso público, lo que permitirá que algunos aeródromos operen sin controladores.

– 07 octubre. Los controladores abandonan la negociación de su segundo convenio colectivo con AENA por incumplimiento de acuerdo.

– 26 noviembre. La USCA anuncia cierres en el espacio aéreo de Galicia a partir del fin de semana, que se extenderán durante el mes de diciembre al conjunto de España, por el exceso de horas trabajadas por los profesionales de control.

– 03 diciembre. El Consejo de Ministros ratifica en un real decreto de medidas económicas que el máximo de horas que pueden realizar los controladores de tránsito aéreo será de 1.670.

– Ese mismo día. Los controladores abandonan masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.

Resultado: 650.000 viajeros se ven afectados por el caos generado en los aeropuertos.


MODUS OPERANDI

Los controladores aéreos son los encargados de gestionar el tráfico de aeronaves en el espacio aéreo español.

Hasta 1977 dependían de la administración militar, pero después pasaron a depender de Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA).

A 31 de julio de este año había 2.384 controladores civiles, que se ocupan de dirigir el tráfico aéreo en los seis principales CENTROS de control, ubicados en Palma de Mallorca, Tenerife, Gavá (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Valencia; así como en 37 TORRES de control.

Mientras los centros de control aéreo se ocupan del tráfico en ruta, las torres de control gestionan los aterrizajes y los despegues en los aeropuertos.

Aunque no disponen de una ubicación específica y suelen estar ubicados en las torres de control, hay un tercer grupo de controladores que se ocupan de la aproximación a los aeropuertos de los aviones.

En España existen cuatro regiones principales de control aéreo: Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias. El fallo en el servicio de cualquiera de ellos supone -en la práctica- el colapso del sistema.

En total, hay cuatro tipos de controladores:

1- Tierra: quien asigna al piloto la pista de rodadura, y evita las colisiones en tierra.

2- Local: autoriza el despegue e indica al piloto la dirección de navegación inmediata al despegue.

3- Aproximación y Despegue: indica el ascenso hasta el nivel de crucero, cubriendo unos 80 kms.

4- Ruta: estudia la evolución en su viaje, alertando de fenómenos atmosféricos y de otro tipo. Conforme el vuelo avanza, la responsabilidad es transferida entre los diferentes centros de control que sobrevuele la nave.

CLAVES CONTROLADORES-GOBIERNO

¿Cuánto cobran por su trabajo?

El Ministerio de Fomento cifraba en verano en 350.000 euros el coste anual medio de un controlador en España, por entre 1.700 y 1.800 horas de trabajo anuales (en Europa esa media se sitúa en torno a los 120.000 euros por unas 1.300 horas al año).

El diferencial se debe a que en España, entre un tercio y la mitad de las horas que trabajaba un controlador eran extraordinarias, que cuestan el triple que las ordinarias.

Para reducir ese coste medio a 200.000 euros al año, la nueva ley -entre otras medidas- mantiene el límite de horas anuales en 1.670, pero reduce las 600 horas extraordinarias que hasta ahora se permitían a las 80 establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, se introduce la gestión automatizada en más aeropuertos y, desde el verano de 2011, se privatizarán el 49% de las torres de control. El Gobierno hace así caja en un intento de salir airoso del alto déficit público.

¿Es su primera huelga?

No.

En diversas ocasiones los controladores han recurrido a huelgas encubiertas o de celo; no obstante, sólo en una ocasión convocaron una huelga legal, en 1988. Su propósito era reclamar el pago de un complemento denominado “de servicios especiales”, que finalmente no llegó a realizarse.

¿Por qué ha resucitado el conflicto, si había un acuerdo?

Pues por la interpretación que se tiene de las 1.670 horas de trabajo que regula la nueva ley: los controladores consideran que las horas sindicales, las imaginarias (guardias), las licencias, las bajas por incapacidad laboral y las reducciones de jornada deben incluirse en ese cómputo, mientras que el Gobierno defiende que no.

Así, este viernes aprobó el Real Decreto que elimina cualquier ambigüedad al respecto: sólo computa como jornada laboral el control de tránsito aéreo.

 

 

USCA: PODER DE PRESIÓN

No pocos líderes sindicales querrían para sí el poder de presión que ha ostentado el sindicato de los controladoresUSCA (que agrupa al 97% del colectivo)- en los últimos diez años.

Mal que les pese a los diferentes ministros de Fomento del PP y del PSOE, que han tenido que afrontar las amenazas del colectivo, hasta ahora los trabajadores habían ganado la batalla.

Quizá el órdago de los controladores ha sido demasiado grande y no midieron las consecuencias.

Desde luego, nadie en la cúpula de USCA que desde junio dirige Camilo Cela (sobrino del premio Nobel) podía esperar que el Gobierno reaccionara decretando el primer estado de alarma de la democracia española, poniendo así a los 2.400 controladores aéreos bajo mando militar.

Quizá sus abogados no leyeron a fondo el decreto que aprobó el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 5 de febrero, en el que se abría la vía a que el presidente del Gobierno encomendara el control aéreo al Ministerio de Defensa en caso de circunstancias “extraordinarias”.

Tampoco debieron dar importancia a las alusiones a una posible llamada a los controladores militares (600, de los que unos 280 están en activo) para que los sustituyeran.

Hay sospechas de que el sindicato ha desarrollado esta estrategia encubierta en el plante que hizo el colectivo el viernes y parte del sábado alegando bajas masivas por estrés o por alegar que habían cumplido sus horas anuales.

No deja de ser sospechoso que un sindicato que siempre da muestras de ser muy belicoso, convocara de urgencia a los medios de comunicación el viernes a las cinco de la tarde para no lanzar ninguna amenaza como suele. Cuando justo tras la rueda de prensa empezaron a llegar a los periodistas noticias de incidentes en Barajas (aún no se sabía que era un boicot en toda regla), el presidente del sindicato aseguró no saber nada.

Sin embargo, unas dos horas después, el vicepresidente de USCA, José Manuel Acevedo, y otros miembros de la cúpula se dirigían a Fomento (no a Aena, su interlocutor habitual) para exigir firmar su propuesta de convenio colectivo en pleno caos.

Proponían -en todo su derecho- volver a sus antiguos y abultados sueldos, además de hacer menos horas de las actuales.

Lo que es claro es que desde ayer, el sindicato parece haber digerido, por fin, las consecuencias de ese motín que ha tenido un coste económico cercano a los 250 millones de euros.

Por eso, ha cambiado de estrategia y ha optado por el silencio.

Las diversas posiciones, de un lado y de otro, siguen y seguirán… Que si te he dicho esto y lo otro…

Y todo, por dinero.

((pinchar sobre ambas fotos))

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

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Accidentes aéreos

Eran aproximadamente las 14:45 horas. Aeropuerto de Barajas a pleno rendimiento. Miles de personas parten o regresan de sus vacaciones. Es una jornada en apariencia normal. Normal, hasta que ocurre la tragedia. El vuelo JK 5022 de Spanair con destino a Gran Canaria sufre problemas que le obligan a abortar su despegue. Lo intenta por segunda vez… y se produce un accidente dantesco. A partir de entonces reina la confusión, a punto de que los informativos de las principales cadenas de tv salgan ‘al aire’.

Ocurrió hace dos años. Resultado: 154 fallecidos y 18 supervivientes.

El hecho es que 730 días después del accidente no existe todavía un informe definitivo sobre sus causas. La comisión de investigación encargada de la tarea, adscrita al Ministerio de Fomento, hizo público hace un año un informe preliminar que ya ofrecía una descripción aparentemente solvente de los sucesos. Ahora ha informado que espera tener el definitivo a finales de año.

De dicho informe se deducía que había habido una cadena de fallos técnicos y humanos. Faltaba por descubrir la causa de la causa: por qué fallaron los instrumentos y si pese a ello podía haberse evitado el desenlace.

Puede darse por establecido que el avión no fue capaz de volar porque no habían sido desplegados los alerones necesarios para el despegue, y que el instrumento destinado a alertar de la anomalía no funcionó porque había sido inutilizado al tratar de aislar una avería previa que había obligado a abortar un intento anterior de despegue.

Ahora se ha sabido además que un fallo (causado por un virus informático) en el ordenador central de la compañía aérea impidió la señal de alarma habitual cuando un aparato acumula tres averías.

La Asociación de Afectados presentó ayer un escrito en el que, junto a quejas razonables sobre estas cuestiones, se ofrecen críticas sobre lo que considera trato discriminatorio respecto a otras víctimas y en el que reclama una normativa legal.

Tras el homenaje ayer, Pilar Vera -presidenta de la asociación- pidió a las instituciones más apoyo frente “al calvario” que les ha tocado vivir. Arremetió especialmente contra el olvido. “Tras el desfile de autoridades -posterior al accidente- una semana después estábamos solos; se nos metió el frío en el alma, pero, a pesar de ello, seguimos peleando”, se lamentó.

Triste realidad.

No hay cosa peor que no saber por qué se produjeron tales adversidades.

No ya no recibir una compensación económica, sino conocer con certeza qué es lo que realmente ocurrió. Y los familiares tienen todo su derecho a reclamar menos silencio y sí más efectividad en la investigación por parte de la autoridades aeroportuarias y administrativas.

Los afectados lamentan que no existan en España ayudas públicas para víctimas de la aviación comercial y que tampoco haya un órgano central que coordine el seguimiento a los afectados. No obstante, lo que más preocupa ahora a las víctimas es que se conozca toda la verdad del accidente.

Lo cierto es que, en el 2º aniversario de tal accidente, se pone de manifiesto el temor de muchas personas a volar. Aunque las estadísticas muestran que el avión continúa siendo el medio de transporte más seguro.

El despegue, maniobra en la que el avión en Barajas sufrió el accidente, y el aterrizaje son los momentos en los que se produce un mayor número de accidentes con víctimas mortales.

Según un estudio realizado por la compañía Boeing, durante 1959 y 2007 se produjeron un total de 1.564 accidentes. En ese plazo murieron 27.455 personas en accidentes de avión.

Hay que tener en cuenta que en esos 48 años se realizaron un total de 519 millones de vuelos, con lo que la posibilidad de verse envuelto en uno es realmente pequeña.

Según la fase de vuelo, el 33% de los accidentes con víctimas mortales se producen durante el despegue; Y sólo el 9% mientras se encuentra en velocidad de crucero.

En los despegues uno de los riesgos añadidos es que el avión se encuentra con el depósito lleno de combustible, lo que favorece posibles explosiones en los accidentes.

Entre las principales causas de los accidentes, se encuentran errores humanos -un 53%-, fallos mecánicos -un 21%- y la climatología -un 11%-. Pese a todo, Algunos estudios sitúan las posibilidades de verse envuelto en un accidente aéreo en una entre 11 millones, frente a una posibilidad entre 5.000 de morir en un accidente de tráfico.

En 40 años, quince han sido los accidentes aéreos más graves en España.

El peor accidente de la historia se produjo el 27 de marzo de 1977 en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) donde fallecieron 583 personas al chocar dos aviones.

Tampoco se nos quitará de la retina el desastre aéreo acontecido en 1985 a 30 kilómetros de Bilbao, cuando un Boeing 727 colisionó con un repetidor de la EITB.

Lo cierto es que, en los últimos diez años han muerto 42 personas en accidentes aéreos.

Nada de esto debería volver a suceder.

Y, de paso, por qué no apostar por una mayor eficiencia ecológica en la construcción de las aeronaves.

A todos nos iría mejor cumplir una de las premisas del desarrollo sostenible que debe lograrse en toda actividad humana o industrial: la armonía entre las necesidades económicas y las ambientales, que evidentemente es el único camino que permitirá concretar un cambio a mayor escala.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán