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Tres tristes trajes

Va a haber que empezar a tomar en serio a Martiano Rajoy, que comienza a revelarse como un killer a cámara lenta, al estilo de Bruce Lee en esas patadas mortales que duraban diez minutos de película.

Igual que se hizo responsable al gallego de la continuidad de Francisco Camps, es de justicia atribuirle el mérito de su renuncia.

Por cierto, una renuncia tan insospechada que todo el mundo daba por descontado que el señor de la sonrisa sardónica aceptaría la condena por cohecho impropio para mantenerse en la presidencia valenciana.

Su dimisión el día 20 ha sido un verdadero golpe de efecto, ahora que se interpretaba que el pretendido afán del PP por la higiene de la vida pública se reducía a una simple recomendación a sus militantes de ducharse regularmente.

Los únicos que habrán sentido su marcha son esos miles de presos a los que el PP había trasladado el mensaje de que podían aspirar a todo, ya que si aceptar sobornos no impedía dirigir una comunidad autónoma quizás fueran necesarios historiales delictivos más extensos para optar a la presidencia del Gobierno.

Convencer a Camps de que debía hacer mutis no ha tenido que ser sencillo.

Rajoy encomendó el trabajito a Trillo. ¿Que si le habrá ofrecido ser ministro a cambio de lo que el propio Camps definió como un “sacrificio personal” para que “Rajoy llegue a los 46 millones de españoles”? Pues no es descartable.

Es indudable que a Camps le ha podido su locuacidad desatada, su blablablá.

Tantas veces repitió -y con tanta afectación- que era inocente, que todo se aclararía, que estaba a sólo “uno o dos escaloncitos” de que la verdad triunfase, que tanto si reconocía su culpa y pagaba la multa, como si acababa condenado por el tribunal, no podría seguir ni un minuto más en la presidencia.

Porque no sólo sería presuntamente un presidente delincuente y sobornable, sino sobre todo un presidente reiteradamente mentiroso, cansinamente mentiroso, pomposamente mentiroso; preso de sus propias palabras, todas grabadas.

Por la boca ha muerto Camps.

Ahora queda el contra-ataque.

Y es que apenas un minuto después de que Camps dejara el cargo, toda la derecha afinó sus trompetas contra el candidato socialista para pedir con una sola voz su dimisión.

Equiparan la Gürtel con el Faisán y olvidan tres cosas básicas:

1. Que Rubalcaba no está imputado por delito alguno y Camps sí: está a punto de sentarse en un banquillo ante un jurado popular.

2. Que incluso si Rubalcaba fuese imputado mañana, tendría que esperar dos años largos para dimitir, si damos por ejemplar el comportamiento de Camps, que lleva casi 900 días deslizándose por la pendiente judicial.

y 3. Que el único dirigente político procesado en el caso Faisán -Víctor García Hidalgo, exdirector general de la Policía-fue destituido (por Rubalcaba) en el año 2006, mientras que las Cortes Valencianas siguen llenas de imputados del PP. Incluido Camps, que no ha renunciado a su escaño.

MÁS QUE REGALOS

Todo apunta a que los regalos que la trama Gürtel hizo presuntamente a Francisco Camps son sólo la punta del iceberg de una fluída relación entre los empresarios (liderados por Francisco Correa) y la Administración autonómica.

En el mismo periodo en el que Camps fue supuestamente agasajado con trajes, los mismos empresarios que abonaban la cuenta en la tienda de ropa resultaban adjudicatarios de grandes contratos en la Administración que Camps dirigía hasta ahora.

Orange Market -la filial de la trama en Valencia -se hizo con el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria Fitur a lo largo de cinco ediciones, desde 2005 hasta 2009.

Pero hubo más. Dicha filial resultó adjudicataria de contratos en relación a otras ferias, como Feria TVC, Expovacaciones, SITC e Intur. Gracias a los trabajos realizados en estos certámenes, la empresa se embolsó 6.917.380 euros desde 2005 a mayo de 2009. Y todo, según afirma el auto que ha emitido esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Pero es que, además, hicieron caja con la visita papal a Valencia en 2006. Así, la trama corrupta obtuvo casi tres millones de euros en comisiones procedentes de las arcas de la televisión valenciana, gracias a su labor de intermediación entre el ente público y una de sus contratas, Teconsa. El contrato por esta visita sumó los 6,4 millones, por lo que la cifra global que se adjudicó la red ronda los 14 millones.

CONCLUSIÓN JUSTICIABLE

Una banda de mangantes, que tiene como representante en Valencia a un tipo conocido como el Bigotes, recibe casi siete millones de euros del erario de la Generalitat a través de la empresa Orange Market. Los chorizos le regalan trajes, zapatos y otras prendas de vestir al president Francisco Camps y a otros tres altos cargos “para ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”.

Total, son sólo unos cuantos trajes.

QUÉ PASA EN VALENCIA

Valencia no sólo es la primera comunidad autónoma de la historia cuyo presidente será juzgado ante un jurado popular, acusado de aceptar sobornos.

También es la autonomía más endeudada: debe el 17,2% de su PIB, 17.600 millones de euros.

O la región europea con la entidad financiera que peor nota ha sacado en los test de estrés de la banca, sólo por detrás de Grecia. No es otra que la Caja de Ahorros del Mediterráneo que acaba de ser intervenida por el Banco de España.

A la hora de buscar culpables de la delicada situación de la CAM, conviene recordar que esta caja -que tanto depende del poder político regional- no sólo ha comprado parte de los bonos que emite la comunidad para financiar su deuda, sino que también ha pagado faraónicos proyectos de la Generalitat Valenciana, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el ruinoso parque Terra Mítica.

Aunque el mayor agujero de la CAM está en el ladrillo feroz. En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una dura resolución, el informe Auken, que describía el urbanismo valenciano como una “forma endémica de corrupción” que ha creado un modelo de desarrollo movido por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción”.

Cuando la burbuja estalló, las dos cajas valencianas, CAM y Bancaja, pagaron gran parte de los platos rotos en Seseña, en Martinsa Fadesa, en Polaris World o en Astroc. Entre los exdirectivos de Astroc, hay un nombre que resalta rutilante sobre los demás: Estrella Camps, hermana de Francisco Camps.

Una quiebra que nos va a costar a los españoles 2.800 millones de euros del fondo de rescate. Es el doble de lo que se ahorró al congelar las pensiones.

Tres o cuatro trajes, nada más.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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Declaraciones machistas

Ahora que los paleontólogos han descubierto que incluso en Atapuerca el homo anteccesor cuidaba y respetaba a las mujeres, cabe preguntarse de qué cueva ha salido el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.

Gruñe el edil conservador: “La Leire Pajín, una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta.Tengo que decir que cada vez que le veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí”.

Unas horas después, el León bocazas se disculpó y fue aún peor. Dice el alcalde que Leire Pajín (la actual ministra de Sanidad) le recuerda “a un personaje de los dibujos animados y que por eso tuvo un “exceso verbal”, por “decir en voz alta lo que piensa”. Entonces… León de la Riva no es que sea machista, es que le han dibujado así.

Estas declaraciones no pueden tener cabida en un Estado de derecho. Son zafias, sucias, machistas… incompatibles con un cargo de representación como el de alcalde de una capital de provincia.

Uno de esos machotes que después, cuando le llaman machista, responde que a los progres y a las feministas les falta sentido del humor.

Con 24 horas de retraso, la secretaria general del PP, Maria Dolores de Cospedal se ha limitado a señalar hoy que las palabras de Javier León de la Riva “son una declaraciones lamentables y ha añadido que “ha hecho muy bien en pedir perdón”. Faltaría más…

El partido de De la Riva, el Partido Popular, es la misma formación que tiene un responsable de justicia -qué ironía- que lanzó un euro a una periodista que le hizo una pregunta incómoda (Federico Trillo).

El mismo partido que nombró presidente de honor al señor que incrustó un bolígrafo en el escote de otra informadora en lugar de responder a sus preguntas (José María Aznar).

Las mismas siglas que tienen como presidente fundador a un hombre que comparó a los indecisos a la hora de votar con “las mujeres que no saben con cuántos se acuestan” (Manuel Fraga).

Pero es también el mismo partido que tiene recurrida ante el Constitucional la ley que da derecho a las mujeres a decidir sobre su maternidad, una norma que persigue que la educación sexual en las escuelas reduzca el drama de los más 100.000 abortos anuales que se registran en España.

El mismo que llevó ante el mismo tribunal la Ley de Igualdad.

El que no pierde ocasión de criticar la aplicación de la ley contra la violencia de género y dar pábulo a quienes extienden la especie de que abundan las denuncias falsas por maltrato.

El problema es que el Ministerio de Igualdad a pasado a mejor vida.

¿Qué serán de esas 57 mujeres que han fallecido como consecuencia de las agresiones de sus parejas o ex parejas en toda España en lo que vamos de año?

El simple hecho de que De la Riva demuestre que es un sexista y pueda continuar ejerciendo un cargo público sin que pase nada ya justificaría la existencia del ministerio.

Como sostienen todas las organizaciones sociales que luchan por la igualdad real, ese departamento (cuyo presupuesto en 2010 es el más barato de todo el Ejecutivo) ha conseguido en dos años hacer mucho más visible la evidencia del machismo que sigue imperando en este país.

Rebajar el ministerio a secretaría de Estado ahorrará unos cuantos miles de euros, pero a costa de lanzar el peligroso mensaje de que su existencia es una especie de lujo prescindible en tiempos de crisis.

(Por cierto, el “alcalde morritos” de Valladolid gana unos 20.000 euros más al año que cualquier ministro).

Su última declaración desacertada no ha sido la única, han sido varias.

Por poner un ejemplo de tantos, todavía resuena la rotundidad con la que se manifestó sobre los matrimonios homosexuales en pleno debate sobre la legalización de las uniones de personas del mismo sexo: “Yo, hoy por hoy estoy dispuesto a no ejercer el derecho y a no delegar en nadie salvo que la ley me obligue, en cuyo caso ejerceré el derecho de objeción de conciencia”. El aluvión de críticas que recibió (como esta vez) le obligó a retractarse al día siguiente: “No me voy a colocar fuera de la ley y, si me obligan a celebrar estas bodas, en el Ayuntamiento de Valladolid las hará algún concejal si está dispuesto”. Y así ha sido en los últimos cinco años.

Dimitir es poco. Necesita rehabilitación.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán