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Franco resiste

Cualquiera que abra un libro y lea que Franco fue un general valeroso y católico, que participó en un golpe de Estado contra un Gobierno caótico con el único fin de restaurar la monarquía democrática, probablemente pensará que se trata de una de aquellas historias de la cruzada española que el régimen utilizó como propaganda.

La sorpresa es mayúscula cuando uno se percata de que no se trata de ningún panfleto franquista, sino del Diccionario Biográfico Español.

Una monumental colección de 50 tomos.

Y editada precisamente por la Real Academia de la Historia, que le ha costado al erario público 6,4 millones de euros, y que presentaron hace una semana el rey Juan Carlos y la ministra Ángeles González-Sinde.

La entrada del diccionario correspondiente a Francisco Franco Bahamonde, que ocupa cinco páginas del volumen número 20, tan sólo dedica un párrafo a hablar de la Guerra Civil e incluye afirmaciones tan polémicas como esta: “Montó un régimen autoritario, pero no totalitario.

Va más lejos todavía que la definición que da la RAE de franquismo, al que califica como movimiento “de tendencia totalitaria”.

¿AUTORITARISMO O TOTALITARISMO?

Lo que es cierto es que Francisco Franco es de los pocos personajes históricos que han dado su nombre a un régimen político, lo que pone justamente de relieve una de sus principales características: el papel central que en él tuvo el líder.

Podría darse una definición mínima y formal de la dictadura como aquel régimen político en el que un individuo, o un pequeño grupo de individuos, ostenta un poder ilimitado (esto es, sin limitaciones constitucionales) y lo ejerce de forma discrecional. Franco ostentó en todo momento el poder absoluto (y vitalicio); por lo cual calificar su régimen de dictadura releva de la definición objetiva y no del “juicio de valor” (así se justifica el académico Luis Suárez por no haber empleado este término en su reseña del “Generalísimo”).

Eve Giustiniani -doctora en Estudios Hispánicos y profesora en la Universidad de Aix-en-Provence (Francia)- lo entiende así. Y añade que calificar el franquismo de autoritario o totalitario es algo más delicado.

Primero porque el régimen atravesó distintas fases y tuvo que adaptarse a lo largo de casi cuatro décadas a las circunstancias que lo rodeaban.

Desde 1936 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Franco dirigió un sistema nacional-sindicalista y falangista indudablemente totalitario, según Gustiniani; pero a partir de este momento, buscando nuevos apoyos internacionales, redefinió el régimen como esencialmente católico y anticomunista.

Y luego porque no existe consenso en la comunidad científica sobre la definición de los términos de totalitarismo y autoritarismo.

Para poder definirse como totalitario, al franquismo le faltaría la ambición de englobar todos y cada uno de los aspectos de la vida en un partido único, confundido con el Estado. Una de las peculiaridades del régimen fue su identificación con el líder, la lealtad al Caudillo colocada por encima del acatamiento a la jerarquía del partido.

De lo que no se puede dudar, en cambio, es de que el régimen franquista nunca tuvo una Constitución como tal. Por lo que el franquismo es y fue lo contrario de un Estado de derecho.

Lo peor es que la publicación no tiene remedio.
Lo peor es que media docena de voces han lesionado la credibilidad de un Diccionario en el que se ha invertido mucho dinero público, y han puesto en berlina a una ilustre institución siempre discreta.

Una obra de estas características publicada en Francia no hubiera puesto paños calientes sobre la figura de Pétain (que tomó de Franco la idea de autodesignarse jefe de Estado), ni un diccionario belga hubiera disimulado el recuerdo de Léon Degrelle (que murió en Madrid bajo la protección del franquismo).

El catedrático de literatura, José Carlos Mainer, piensa que por estas y otras muchas cosas la trayectoria política de Franco tiene sentencia firme y es falso que haya sobre ella ninguna polémica de historiadores, como no la hay sobre Fernando VII.

Conviene que se sepa que los defensores de Franco y su herencia no son historiadores solventes, o son aficionados ambiciosos que ejercen de oráculos de un público cautivo.

Mainer entiende que no es de recibo decir que a los jóvenes de hoy les es más familiar el adjetivo “autoritario” que el sustantivo “dictadura”. Ni se puede esgrimir el derecho a la libre opinión de un autor cuando se trata de una obra colectiva y cuando existe una dirección profesional responsable.

Al final, no se trata de ejercer la censura sino el sentido común.

Aquí ocurre lo que en otros lugares no ocurre.

Se tiene en cuenta al medievalista Luis Suárez (sí, sí,…medievalista;  e historiador vinculado a la Fundación Francisco Franco) para escribir sus opiniones sobre éste o sus piadosas consideraciones sobre Escrivá de Balaguer -a las que tiene perfecto derecho-.

Mientras tanto, a historiadores de la talla de Julián Casanova o Paul Preston se les tendrá que caer la cabeza de vergüenza ajena.

Ver que Suárez no hace una sola mención a la represión franquista durante y después del conflicto, que ellos tanto han tratado.

Pero claro, esto es España. Somos así.

Todo lo contrario ocurre en Oxford donde los textos se sometieron a un intenso proceso de revisión académica por un extenso equipo de editores, que con frecuencia devolvían las biografías a sus autores para que las corrigieran.

Pero no pasa nada. En España somos así, ensalzamos cosas así.

Transcribimos la Historia y ya está. Y dejamos que Suárez afirme que él no es partidario de la “memoria histórica” sino de la “conciencia histórica”.

Es verdad que no es bueno legislar sobre la “memoria histórica”.

Lo que parece difícilmente compatible con esa conciencia es la exoneración de las culpas de Franco y del franquismo. Aquello de la “verdad histórica” es un concepto al que suelen ser muy aficionados los historiadores reaccionarios.

Los demás se limitan a buscarla.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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Conflicto en el Sáhara Occidental

Hace treinta y cinco largos años que el pueblo saharaui no vive en paz, que la tierra y las piedras de esa región han cerrado sus ojos para que no les escueza la sangre de las personas que han muerto durante todo ese largo tiempo.

Merece la pena, pues, escribir ahora que se cumple el aniversario de la Marcha Verde y de los Acuerdos de Madrid, unas breves líneas de protesta, que sirvan como minúsculo canto a la libertad y los derechos más esenciales de las personas.

Fruto de todos estos años, el pasado lunes las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaban por la fuerza el campamento de Gdaim Izik, situado cerca de la capital del Sáhara Occidental, en El Aaiún.

Desde hacía aproximadamente un mes, unos 20.000 saharauis establecidos en 7.000 jaumas (tiendas nómadas) exigían mejores condiciones de vida para su pueblo.

Los organizadores reivindicaban viviendas, puestos de trabajo y ayudas sociales para los saharauis. No había, en principio, demandas políticas de autodeterminación o independencia.

Se trataba de la mayor protesta saharaui desde que en 1975 España se retiró de la colonia.

Consecuencias: un saldo indeterminado de fallecidos -por la imposibilidad de acceso de los periodistas a la zona- y decenas de detenidos y heridos.

Mientras que Marruecos habla de 11 policías y dos saharauis fallecidos (uno de ellos con nacionalidad española), el Frente Polisario (el movimiento pro autodeterminación del Sáhara Occidental) eleva la cifra de muertos saharauis hasta al menos 19, y añade más de 700 heridos y 150 desaparecidos.

La operación se iniciaba poco antes de las siete de la mañana, cuando varios helicópteros sobrevolaron el campamento lanzando órdenes de desalojo por megafonía. Pequeños grupos de mujeres con niños se marcharon y, a la salida, les esperaban autobuses en los que fueron transportados hasta El Aaiún.

Después comenzaba el asalto, en el que se usaron cañones de agua, gases lacrimógenos, porras y balas de goma.

Los más jóvenes opusieron resistencia, lo que se desataría en una batalla campal, tras la que el Ejército aplastó las tiendas, muchas de las cuales acabaron ardiendo.

ver vídeo (pinchar en la foto)

Marruecos cortó el acceso por carretera al Sáhara a la altura de Tan Tan, e impidió a todo extranjero cruzar este límite. Rabat ha impedido asimismo a los periodistas españoles viajar a El Aaiún.

En estos últimos días, además, Rabat ha expulsado a tres parlamentarios autonómicos y a un eurodiputado español. Y el pasado día 5, dos periodistas españoles, Antonio Parreño -corresponsal de TVE- y Eduardo Marín -de la Cadena SER- fueron agredidos en una sala del Tribunal de Primera Instancia de Ain Sbaa (Casablanca), cuando cubrían un juicio contra siete activistas saharauis.

La Policía requisó las cámaras de los observadores internacionales paraborrar las fotos que habían hecho de los incidentes.

El Gobierno marroquí ha acusado a la prensa española de “recurrir sistemáticamente a procedimientos falaces, técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos” a la hora de informar sobre su país.

Así lo manifestó anoche el ministro de Comunicación, Jalid Naciri. Es la respuesta de Rabat a la petición lanzada desde La Moncloa por la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, para que se permitiese trabajar con libertad en el Sáhara a la prensa española.

La nota centra sus críticas concretas en el canal de televisión Antena 3, los diarios EL PAÍS y Abc, la cadena SER y la agencia Efe.

Lo que queda claro es que la estrategia de Rabat perjudica a sus propios intereses, pues la opacidad informativa crea una presunción a favor de quienes denuncian la dureza de la represión llevada a cabo por las fuerzas marroquíes.

De nuevo, el Gobierno español -tal y como sucedió en Lanzarote con el episodio de Aminetu Haidar en 2009- está viéndose envuelto de manera directa o indirecta en decisiones inaceptables del Ejecutivo de Rabat.

Si algo se demuestra con ello es la fragilidad de las bases sobre las que se mantiene la relación, inspirada para la parte española por un único y excesivo deseo de evitar los roces.

No parece ni oportuno ni comprensible, por otra parte, que el presidente Zapatero se encoja de hombros; y que, además, recurra a los servicios de un titular de Exteriores recién cesado, como el señor Miguel Ángel Moratinos para resolver el conflicto de intereses.

Pero, ¿qué hay de los detenidos?

Seis de los protagonistas de la revuelta de El Aaiún serán juzgados por un tribunal militar (los primeros civiles juzgados por jueces castrenses desde la subida de Mohamed VI al trono), y al menos otros 63 saharauis serán procesados por un tribunal penal ordinario.

De momento, todos ellos han ingresado en la llamada Cárcel Negra, prisión famosa por su dureza y conocida como “el Guantánamo marroquí”.

A la mayoría de los procesados se les acusa de perpetrar “actos vandálicos” y de “desobediencia y violencia contra funcionarios”.

 

HISTORIA- EL PROCESO DESCOLONIZADOR PENDIENTE

Esta historia comienza en la Conferencia de Berlín.

Corre el año 1885. Trece países europeos y uno norteamericano, acuerdan el futuro de África (ningún africano fue invitado a la conferencia). España reclama una región que le permita mantener viva su expansión colonizadora. Distaba mucho de ser una gran potencia, pero se las arregló para disimularlo.

El entonces llamado Sáhara Español no era un territorio demasiado rico.

Únicamente destacaba por dos recursos naturales que, todavía hoy, siguen sembrando la polémica: sus fosfatos (el yacimiento de Bu Craa es considerado el mayor del mundo) y sus caladeros de pesca (la zona Atlántica del sur se caracteriza por sus grandes bancos de peces).

Los habitantes del territorio, los saharauis, eran pueblos nómadas a los que, en cierta medida, se les obligó a sedenterizarse.

Y así pasaron los años, y llegó la Segunda Guerra Mundial. Y, tras ella, las potencias europeas se fueron retirando de África iniciándose el llamado proceso descolonizador. A veces por las buenas, a veces por las malas, entre los 40, los 50 y los 60, todos los países europeos se retiraron de África.

Pero existían dos excepciones.

Los atrasados gobiernos portugués y español no estaban por la labor. Pero algo empezó a cambiar en los 70. Las guerras coloniales en África le costaron a Salazar su puesto y provocaron en Lisboa la Revolución de los claveles, probablemente la revolución más maravillosa de la historia de Europa. Con tres décadas de retraso, Portugal también se retiró de África.

Sólo quedaba España. Pero el tiempo corría en contra, los vecinos del Sáhara Occidental (Marruecos, Argelia y Mauritania) llevaban décadas de andadura como países independientes y pudieron organizar una estructura militar establecida.

Marruecos incluso mantuvo una guerra (todavía no reconocida) contra España por el control del Ifni. Los saharauis por su parte, bajo la dominación española, no pudieron preparar ningún tipo de defensa.

En 1975 el general Franco muere y millones de esperanzas se abrieron para el pueblo español.

Es entonces cuando el entonces monarca Hassan II aprovecha la circunstancia para organizar la llamada “Marcha Verde”:  325.000 marroquís se dirigen hacia la frontera con la intención de apropiarse del Sáhara Occidental. No llegan a haber tiroteos; los soldados españoles se limitaron a minar la frontera, colocar carteles advirtiéndolo y esperando detrás. Los marroquís no la cruzaron.

Pero la situación se volvía insostenible por días, Marruecos amenazaba constantemente con la guerra abierta y el fragil gobierno español tenía demasiadas cosas en la cabeza como para meterse en una guerra por unos territorios que, en cualquier caso, seguramente serían abandonados poco después.

Lo cierto es que la Marcha Verde es el parche perfecto, y abandonar el apoyo al proyecto independentista es más fácil así.

No proclamar el Estado saharaui cumple con los intereses occidentales (que quieren evitar el nacimiento de un Estado independiente tan cerca de Europa y promovido por Argelia y Libia). También se protegían los intereses españoles, ante el posible peligro político que podían sufrir las Islas Canarias.

ACUERDOS DE MADRID (14 NOV 1975)

En los Acuerdos de Madrid (hoy hace 35 años), se acordó una administración del Sáhara Occidental compartida a partes iguales por España, Marruecos y Mauritania. Y dejan claro que la soberanía del Sahara corresponde al pueblo saharaui.

Mauritania primero ocuparía su región, pero ante la resistencia saharaui acabaría retirándose.

España, por su parte, nunca ha tenido el peso que los Acuerdos le concedían. Marruecos acabó controlando el Sahara Occidental, y hasta ahora.

El Frente Polisario proclamó entonces la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), sin éxito. Este representante de la causa nace en 1973 como “reflejo de la madurez del nacionalismo saharaui ante la inmovilidad de los procesos de autodeterminación promovidos por la ONU”. Además, es miembro fundador de la Unión Africana (UA), lo que no ha impedido que aproximadamente un 75% de su territorio permanezca ilegal y militarmente ocupado por Marruecos.

SÁHARA LIBRE

Existen varias resoluciones de la ONU apoyando la independencia del Sahara.

Sin embargo, Marruecos pretende convertir al Sáhara en una provincia marroquí. Y para ello realiza una política de aislamiento del pueblo saharaui que vive en campos de concentración esperando a que la comunidad internacional recuerde la existencia del derecho.

Con todo, el Sáhara, nunca ha sido descolonizado. Es la única región de importancia que todavía no lo ha sido.

Marruecos nunca ha tenido derecho sobre la soberanía de esta región.

Hasta ahora, uno de los principales escollos diplomáticos entre Marruecos y España era que ésta se negaba a reconocer la soberanía del reino marroquí sobre el Sáhara.

Pero el señor Zapatero ha resuelto ese problema hace poco: por primera vez, un presidente del gobierno español ha reconocido en un mitin la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

Todo el mundo comprende que si las relaciones se deterioran, España pagará un coste. Pero también Marruecos, cuya exposición a los riesgos que ambos países deben enfrentar conjuntamente es seguramente mayor.

Que se reconozca su papel en la estabilidad del Magreb no puede ser interpretado desde Rabat como licencia para imponer por la fuerza su voluntad en un territorio que ocupa en contra de la legalidad internacional, proclamando el desafío de “conmigo o contra mí”.

ASUNTO PENDIENTE

Es cierto que las relaciones con Marruecos se encontraban bajo mínimos cuando Zapatero llegó a La Moncloa, pero el modelo que adoptó para mejorarlas era inviable: estabilizar el trato con Rabat por la vía de aproximarse a su posición en los principales contenciosos.

Era un modelo condenado al fracaso, y los graves sucesos en el Sáhara lo estarían certificando.

Querámoslo o no, el Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia.

Sin embargo, los distintos gobiernos españoles -lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales-, han sacrificado siempre a la parte más débil, el pueblo saharaui.

En su juego del gato y el ratón con la dictadura marroquí han ejercido, dicho sea de paso, casi siempre el papel de ratón complaciente frente a un tirano feudal que se ríe descarnadamente de la legalidad internacional.

El gobierno español puede y debe, al igual que hizo retirando sus tropas durante la ocupación de Irak, posicionarse del lado de los derechos humanos.

Recuperar parte de nuestra memoria histórica, recordando más de un siglo de colonización en el que consideramos a los saharauis como españoles, nos implica, en primer lugar, en la búsqueda de una solución justa y pacífica que respete el derecho a la autodeterminación.

Mantener una postura de “ambigüedad retórica” estimula a Marruecos para seguir en su posición intransigente, no aceptando la aplicación de las resoluciones de la ONU y poniendo condiciones previas en próximas negociaciones.

Si algo demuestran las más de tres décadas que perdura el conflicto es que este no se cerrará mientras el pueblo saharaui no decida libremente su futuro.

Los saharauis han buscado por activa y por pasiva independizarse del reino alauita. Pero no se lo permiten… El último gran problema lo tenemos estos días en El Aaiún.

Lo triste de todo es que este pueblo no tiene más remedio que ir de ghandi, de víctimas sin recursos ni armas, pataleados por el gigante marroquí. De otro modo, se convertiría en una lucha abierta en la que tienen todas las de perder.

El Sáhara Occidental no es precisamente Afganistán con un terreno escarpado y montañoso, preparado para una guerra. El Sáhara es un extraordinario desierto, donde no hay posibilidad de esconderse. Los helicópteros marroquíes acabarían con el enemigo con los ojos cerrados.

Mohamed VI es sumamente hábil. Sabe que mientras Occidente piensa que Marruecos está aislada -desde el punto de vista formal- tiene el “derecho” de acogotar al enemigo.

Por otra parte, los saharauis también reconocen que como les puede ir menos mal es haciéndose las víctimas. Ganan tiempo y, en el terreno diplomático, pueden conseguir avances.

De todos modos, no nos engañemos. Marruecos jamás entregará el Sahara a los saharauis.

Ni está en sus planes ni en su agenda. Sobre todo porque hay ahí demasiado petróleo para vender o repartir.

Y sino que se lo pregunten a algunas empresas estadounidenses que tienen una pierna por esos lares.

La presión exterior es limitada. La ONU seguirá con su eterna mediación, sin exigir el fin de la ocupación.

El mismo Estados Unidos ve con simpatías a Marruecos (Rabat es un aliado estratégico vital y no le forzará). No olvidemos que los servicios secretos marroquíes -junto con los cubanos- están considerados como uno de los mejores del mundo.

La UE apenas pinta en este caso, pese a los fuertes lazos económicos y comerciales. Francia mira a su propio interés. Y también España (Pesca, inmigración, Ceuta, Melilla…)

De ahí las medias tintas, el pragmatismo, la incomodidad, el intento inútil de salvar la cara, las afirmaciones de que no es un conflicto bilateral sino internacional, la tardanza y los matices de la condena a la represión marroquí.

Y todo gracias a la chapucera descolonización fraguada en los estertores del franquismo.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Ultimo capítulo: Baltasar Garzón

13:30h. El Consejo General del Poder Judicial de España suspende cautelarmente a Garzón como juez en la Audiencia Nacional por investigar los crímenes del franquismo.

Unanimidad pues del alto órgano judicial que echa por los suelos 22 años de su carrera como magistrado el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

En saco roto quedaron ayer los intentos de una parte de los miembros del sector progresista del Poder Judicial de forzar, antes de las once de la mañana de hoy, la celebración de una comisión permanente urgente que autorizase la petición de Garzón de irse en comisión de servicio como asesor de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya.

El tema de si optará o no a su nuevo cargo lo abordará esta tarde (a las 6pm) la Comisión Permanente del CGPJ, que comprobará si entra dentro de los previstos para declarar a un juez en situación de servicios especiales. Un hecho que parece improbable que se produzca.

En todo caso, uno se pregunta si se ha querido cortocircuitar la solución que evita la suspensión.

En uso de la cordura se debería haber ido por orden:

1º) Resolver la petición de traslado a La Haya; 2º) Dar tiempo a la sala para que decidiese la trascendental cuestión de la validez o no de la acusación; 3º) Caso de poder abrirse juicio oral y estar Garzón ya fuera de su Juzgado, declarar la improcedencia de la suspensión por carecer la misma de objeto.

Invertir este orden solo ha podido obedecer a una razón: abortar el viaje a La Haya y obtener la suspensión a toda costa.

Nunca fue un personaje discreto, nunca escurrió el bulto y siempre se las ingenió (o se las ingeniaron otros) para que los temas candentes alcanzaran su despacho. La biografía de Baltasar Garzón es tan extensa que apenas hay asuntos de calado que no hayan pasado por sus manos. Desde los primeros golpes a un narcotráfico que trataba de convertir a algunas regiones de España en una forma de nueva Sicilia, al terrorismo puro y duro, pasando por el denominado terrorismo de Estado y sus derivados: el uso de fondos reservados. Por supuesto, no podía dejar de lado la corrupción urbanística en todas sus formas.

Garzón llegó a exportar su prestigio fuera de las fronteras nacionales con otros casos no menos llamativos, léase por supuesto el de Pinochet, un intento de procesar a Berlusconi, y algún ramalazo de tono islamista pidiendo la detención del propio Bin Laden.

Sin duda, la Justicia española acaba de sufrir el mayor descrédito de su historia.

Nuestros tribunales, desde los juzgados de instrucción al Supremo y al Constitucional, tienen una merecida mala fama entre la sociedad española. Y tampoco gozan de buena imagen histórica en el mundo. Aunque la democracia haya lavado su siniestra trayectoria de arbitrariedades durante la dictadura, ha vuelto a ensuciarla el que prosperen las denuncias contra Garzón de grupos fascistas, opuestos a la investigación de los crímenes del franquismo.

Y son dos los casos por los que sigue acusado. Uno, por intervenir en las escuchas ilegales de los imputados del Caso Gürtel; y dos, por los supuestos cobros ilegales que recibiría por parte del Banco Santander (que Botín niega) en su paso por Nueva York.

Dado su palmarés, podría deducirse que a Garzón le faltaba un personaje en su currículo, un cromo para terminar la colección: Franco.

Había saldado cuentas con mucha gente, pero nunca había tocado el territorio del Dictador autóctono. A cuenta de la ley de la Memoria Histórica, de sus imperfecciones y de las demandas desatendidas de los familiares de las víctimas de miles de fusilamientos, Garzón quiso abrirle un sumario al franquismo. Y le ha salido el tiro por la culata.

Esta vez, se ha visto a demasiada gente convencida de que se acercaba el final.

Son demasiados quienes piensan que Garzón ya está amortizado. Que ya no es necesario. No al menos para el poder político. Todos han experimentado su inclemencia. De los escritos de Garzón en su libro se deduce que es un hombre convencido de que ha venido al mundo a interpretar un papel y acepta el sacrificio que ello exige.

El problema es si está preparado para vivir un final que no tenía previsto.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Memoria histórica, en entredicho

El proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón -por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo- va viento en popa.

En las últimas horas ha habido movimientos significativos.

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Luciano Varela, ha expulsado a Falange Española de las JONS como acusación popular en el proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Según Varela, la formación política no ha subsanado su requerimiento de corregir su escrito de acusaciones en el que pedía 20 años de inhabilitación para Garzón. Un hecho insólito. Se mata dos pájaros de un tiro. Por una parte, consigue apartar al querellante más incómodo, y por otro lado se evitan los titulares de que el Tribunal permite que el partido único del franquismo siente en el banquillo a Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.

No olvidemos que Falange es un partido político español de la derecha radical, ultranacionalista, de ideología fascista. Creado al albor tras la unificación con el movimiento carlista que llevó a cabo el general Francisco Franco, y cuyo objetivo es la instauración de un Estado totalitario nacional-sindicalista.

En todo caso, esta expulsión no deja fuera las querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. De haber expulsado a las dos acusaciones, el proceso contra Garzón habría quedado sin contenido. Lo dicho, el proceso sigue inteligentemente adelante, y dejando de lado a un protagonista incómodo como la Falange. Y en lo que las asociaciones de víctimas consideran una operación de maquillaje.

Así con todo, Varela parece decidido a dictar auto de apertura de juicio oral en los próximos días. Un movimiento que podría confirmar lo que se achaca a Garzón: instruir un caso a sabiendas de que es injusto. La prevaricación.

Las razones son dos. El juez instructor estaría usando unas acusaciones incapaces de presentar algo más que una vulgar octavilla de propaganda para hacer un ajuste por cuenta propia con Garzón. Y, por si esto no fuera poco, Varela estaría traicionando sus propias convicciones expuestas en su voto particular en el caso Atutxa (por el que el Tribunal Superior vasco consideró que no hubo delito de desobediencia), y que aún sigue pendiente.

Pero también está la doctrina Botín. Aquella por la que el Tribunal Supremo reinterpretó sobre la acción popular con la que exoneró de juicio al presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Un caso complicado en el que Varela no estuvo dispuesto a abrir la caja de Pandora. Es decir, abrir un juicio oral. Y es que suponía una violación del artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La doctrina Botín y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusación popular carece de legitimación por sí sola, a falta de acusación particular o de acusación pública, para llevar a un ciudadano a juicio.

La causa contra Garzón encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusación particular, por la sencilla razón de que no existen perjudicados, ni tampoco acusación pública porque ningún daño ha producido Garzón al “interés público y social”. Por lo que la causa sólo se sustenta en una acusación popular a la que el propio instructor Varela ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares al amparo de una presunta defensa del interés social.

Hay dos posibilidades para poner un punto y final a este circo mediático. O bien llevar a cabo el sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garzón. Porque podría suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Botín y que Garzón hubiera sido juzgado con una interpretación inadecuada de las leyes procesales.

Pero no se quiere acabar así. De lo que se trata, al fin y al cabo, hacer con Garzón -seamos claros- es quitarle del medio por parte de ciertos jueces conservadores. Una situación insólita que está avivando las críticas internacionales. Los principales medios de comunicación internacionales no entienden que un juez esté siendo puesto en entredicho por investigar a quiénes pudieron estar presuntamente detrás de las desaparición de 100.000 personas durante el franquismo.

Lo mismo pasa en nuestro país. Las víctimas están clamando mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. Con quienes presuntamente han estado y están detrás de todo este embrollo. Se me hace harto difícil pensar que Garzón -con todas sus virtudes y no tan virtuoso en su afán judicial en ocasiones- haya tomado parte injustamente.

Ahora se pone sobre la balanza la Ley de Amnistía de 1977. Pretender revisar esa decisión equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida la Constitución. Quienes defienden la nulidad de dicha Ley -a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado- tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

El diputado socialista en el Parlamento europeo, Ramón Jáuregui, añade: “No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.”

Para esto se creó la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007.  Una norma por la que se empezó a reconocer a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones. A saber: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; etc. Y de todos es sabido que el Partido Popular no se adhirió a tales pretensiones de devolver la justicia a la memoria española. Por eso, y por muchas cosas, su animadversión contra un juez que pretendió restablecer los principios básicos de los derechos humanos. Sentar en el banquillo a los culpables de la barbarie del pasado. Por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo.

“La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”, Walter Benjamin (crítico literario marxista y filósofo judeo-alemán)

Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles.

Ya lo decía el escritor italiano de origen judío-sefardí, Primo Levy: “Sin memoria de la injusticia no hay justicia posible”.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán