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Tres tristes trajes

Va a haber que empezar a tomar en serio a Martiano Rajoy, que comienza a revelarse como un killer a cámara lenta, al estilo de Bruce Lee en esas patadas mortales que duraban diez minutos de película.

Igual que se hizo responsable al gallego de la continuidad de Francisco Camps, es de justicia atribuirle el mérito de su renuncia.

Por cierto, una renuncia tan insospechada que todo el mundo daba por descontado que el señor de la sonrisa sardónica aceptaría la condena por cohecho impropio para mantenerse en la presidencia valenciana.

Su dimisión el día 20 ha sido un verdadero golpe de efecto, ahora que se interpretaba que el pretendido afán del PP por la higiene de la vida pública se reducía a una simple recomendación a sus militantes de ducharse regularmente.

Los únicos que habrán sentido su marcha son esos miles de presos a los que el PP había trasladado el mensaje de que podían aspirar a todo, ya que si aceptar sobornos no impedía dirigir una comunidad autónoma quizás fueran necesarios historiales delictivos más extensos para optar a la presidencia del Gobierno.

Convencer a Camps de que debía hacer mutis no ha tenido que ser sencillo.

Rajoy encomendó el trabajito a Trillo. ¿Que si le habrá ofrecido ser ministro a cambio de lo que el propio Camps definió como un “sacrificio personal” para que “Rajoy llegue a los 46 millones de españoles”? Pues no es descartable.

Es indudable que a Camps le ha podido su locuacidad desatada, su blablablá.

Tantas veces repitió -y con tanta afectación- que era inocente, que todo se aclararía, que estaba a sólo “uno o dos escaloncitos” de que la verdad triunfase, que tanto si reconocía su culpa y pagaba la multa, como si acababa condenado por el tribunal, no podría seguir ni un minuto más en la presidencia.

Porque no sólo sería presuntamente un presidente delincuente y sobornable, sino sobre todo un presidente reiteradamente mentiroso, cansinamente mentiroso, pomposamente mentiroso; preso de sus propias palabras, todas grabadas.

Por la boca ha muerto Camps.

Ahora queda el contra-ataque.

Y es que apenas un minuto después de que Camps dejara el cargo, toda la derecha afinó sus trompetas contra el candidato socialista para pedir con una sola voz su dimisión.

Equiparan la Gürtel con el Faisán y olvidan tres cosas básicas:

1. Que Rubalcaba no está imputado por delito alguno y Camps sí: está a punto de sentarse en un banquillo ante un jurado popular.

2. Que incluso si Rubalcaba fuese imputado mañana, tendría que esperar dos años largos para dimitir, si damos por ejemplar el comportamiento de Camps, que lleva casi 900 días deslizándose por la pendiente judicial.

y 3. Que el único dirigente político procesado en el caso Faisán -Víctor García Hidalgo, exdirector general de la Policía-fue destituido (por Rubalcaba) en el año 2006, mientras que las Cortes Valencianas siguen llenas de imputados del PP. Incluido Camps, que no ha renunciado a su escaño.

MÁS QUE REGALOS

Todo apunta a que los regalos que la trama Gürtel hizo presuntamente a Francisco Camps son sólo la punta del iceberg de una fluída relación entre los empresarios (liderados por Francisco Correa) y la Administración autonómica.

En el mismo periodo en el que Camps fue supuestamente agasajado con trajes, los mismos empresarios que abonaban la cuenta en la tienda de ropa resultaban adjudicatarios de grandes contratos en la Administración que Camps dirigía hasta ahora.

Orange Market -la filial de la trama en Valencia -se hizo con el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria Fitur a lo largo de cinco ediciones, desde 2005 hasta 2009.

Pero hubo más. Dicha filial resultó adjudicataria de contratos en relación a otras ferias, como Feria TVC, Expovacaciones, SITC e Intur. Gracias a los trabajos realizados en estos certámenes, la empresa se embolsó 6.917.380 euros desde 2005 a mayo de 2009. Y todo, según afirma el auto que ha emitido esta semana el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Pero es que, además, hicieron caja con la visita papal a Valencia en 2006. Así, la trama corrupta obtuvo casi tres millones de euros en comisiones procedentes de las arcas de la televisión valenciana, gracias a su labor de intermediación entre el ente público y una de sus contratas, Teconsa. El contrato por esta visita sumó los 6,4 millones, por lo que la cifra global que se adjudicó la red ronda los 14 millones.

CONCLUSIÓN JUSTICIABLE

Una banda de mangantes, que tiene como representante en Valencia a un tipo conocido como el Bigotes, recibe casi siete millones de euros del erario de la Generalitat a través de la empresa Orange Market. Los chorizos le regalan trajes, zapatos y otras prendas de vestir al president Francisco Camps y a otros tres altos cargos “para ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor de las personas así obsequiadas”.

Total, son sólo unos cuantos trajes.

QUÉ PASA EN VALENCIA

Valencia no sólo es la primera comunidad autónoma de la historia cuyo presidente será juzgado ante un jurado popular, acusado de aceptar sobornos.

También es la autonomía más endeudada: debe el 17,2% de su PIB, 17.600 millones de euros.

O la región europea con la entidad financiera que peor nota ha sacado en los test de estrés de la banca, sólo por detrás de Grecia. No es otra que la Caja de Ahorros del Mediterráneo que acaba de ser intervenida por el Banco de España.

A la hora de buscar culpables de la delicada situación de la CAM, conviene recordar que esta caja -que tanto depende del poder político regional- no sólo ha comprado parte de los bonos que emite la comunidad para financiar su deuda, sino que también ha pagado faraónicos proyectos de la Generalitat Valenciana, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias o el ruinoso parque Terra Mítica.

Aunque el mayor agujero de la CAM está en el ladrillo feroz. En 2009, el Parlamento Europeo aprobó una dura resolución, el informe Auken, que describía el urbanismo valenciano como una “forma endémica de corrupción” que ha creado un modelo de desarrollo movido por la avaricia y la conducta especulativa de algunas autoridades locales y miembros del sector de la construcción”.

Cuando la burbuja estalló, las dos cajas valencianas, CAM y Bancaja, pagaron gran parte de los platos rotos en Seseña, en Martinsa Fadesa, en Polaris World o en Astroc. Entre los exdirectivos de Astroc, hay un nombre que resalta rutilante sobre los demás: Estrella Camps, hermana de Francisco Camps.

Una quiebra que nos va a costar a los españoles 2.800 millones de euros del fondo de rescate. Es el doble de lo que se ahorró al congelar las pensiones.

Tres o cuatro trajes, nada más.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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Garzón, en el punto de mira

Baltasar Garzón (Jaén, 1955)

Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 (Audiencia Nacional) desde 1988

Mes de Enero: El Tribunal Supremo admite una querella de la Falange contra el juez por investigar el franquismo; Garzón procesa a Arnaldo Otegi por reconstruir Batasuna con ‘Bateragune’; El TS vuelve a investigarle, ésta vez por los supuestos cobros que recibió el juez por parte del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, en 2005 y 2006.

Febrero: Dicho órgano constitucional acusa al magistrado de ignorar a sabiendas la ley al investigar el franquismo; El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide un informe a la Fiscalía sobre si debe suspender a Garzón de sus funciones por el caso de NY; Un día después, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido dice no apoyar tal suspensión; Garzón recurre el auto del Tribunal Supremo que lo acusa de prevaricación (dictar una resolución sabiendo que es injusta); El Poder Judicial le da al magistrado jerezano diez días para que presente sus alegaciones ante tales acusaciones; El juez de la Corte Suprema argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirma: “el poder judicial español está cometiendo un gran error y está perjudicando la imagen de España en el extranjero”; El Tribunal rechaza el recurso presentado por Garzón contra la querella por prevarización; A finales de mes, dicho ógano vuelve a la carga, y admite la querella del abogado de caso Gürtel contra Garzón por las grabaciones supuestamente ilegales; La Fiscalía, contrariada, pide no suspenderle, y aclara: “Hacerlo iría contra la independencia judicial“.

Con tantas querellas, autos, dimes y diretes, llega el mes de Marzo. Y así el día 5 Baltasar Garzón rompe su silencio. Pide al CGPJ que no lo suspenda, y acusa al Partido Popular de estar detrás de una “cruel campaña” de acoso contra él, que se inició cuando acordó encarcelar a los principales implicados en el ‘caso Gürtel‘.

Y aquí es donde nos preguntamos… ¿Por qué tanta animadversión contra el más famoso de los jueces, de indudable eficacia durante décadas? Por fin, Garzón no duda en apuntar contra sus mayores adversarios. Difícil, precisamente, no se lo había puesto a sus enemigos. Personas non gratas que veían en algunas actuaciones del juez estrella como la cacería con el ministro de Justicia, la trama de cargos del PP o la búsqueda de responsabilidades durante los tiempos del franquismo, un punto débil para desacreditarlo. Y así lo han hecho en los últimos meses.

El mismo abogado del caso Gürtel, Ignacio Peláez, que ahora denuncia la práctica de escuchas ilegales a sus clientes cuando estaban en la cárcel y sin previa autorización del juez… fue anteriormente fiscal. Ahí es nada. Y, por lo tanto, se conoce muy bien los entresijos de la Justicia y las posibles personas que pueden cargar contra Garzón, y cómo hacerlo.

Para más info sobre la trama Gürtel, pinchar aquí (video)

Y como Garzón no es tonto, ya ha tomado iniciativas en su propia defensa. Pide, para ello, la abstención en las deliberaciones contra su persona de tres de los vocales del Consejo -Fernando de Rosa, Gema Gallego y Margarita Robles- por las relaciones que tiene con alguno de los interesados y por “enemistad manifiesta” con él mismo. En el caso De Rosa porque, en su opinión, ha cuestionado “continuamente” su labor instructora, lo que “le priva de objetividad de juicio” (es, además, amigo íntimo de uno de los imputados- el presidente de la Generalitat Valenciana, Camps). Y la petición para que Robles no comparezca, Garzón recuerda que coincidió con ella en funciones públicas (ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch ostentaba el ministerio de Justicia e Interior, en los 90).

El juez que investigó la trama económica de ETA, quien persiguió a los narcotraficantes gallegos de la Operación Nécora, y quien dió órdenes de búsqueda y capturó a tantos delincuentes internacionales que buscaron cobijo en España…ha dado una vuelta de tuerca.

Va a ser él y sólo él quien no permita que el acusado sea acusador (trama Gürtel), y para ello parece haberse provisto de lo que necesita: busca quién dirige y encabeza la persecución de la que es objeto. Además, intenta desenmascarar a los enemigos que tiene entre los propios jueces, en la clase política y en los medios de información. Pero, por si esto no fuera poco, estoy seguro que tiene en su poder datos suficientes para ver quién mueve cada una de las cuerdas que ha comenzado a notar en su propio cuello.

Y, señores, éste es el comienzo. Razones para defenderse no le faltan.

Vamos a ver en qué termina esta cacería implacable, y a quién se lleva por delante. De momento, cada tirador ha marcado ya a sus deseables víctimas.

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Por Iñigo Ortiz de Guzmán