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Libertad de pensamiento

Al final va a resultar que Democracia Real Ya iba a tener razón…

Al final, los dos partidos mayoritarios en nuestro país se reparten más del 80% de la representación parlamentaria. Y eso no es normal. Lo es si aplicamos la Ley D’Hondt, pero peca de injusta por no ser igualitaria.

Mientras tanto, el Gobierno tiene las horas contadas. La de ayer fue la despedida de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados. Su último Estado de la Nación ante el más que previsible adelanto de las elecciones a octubre/noviembre. ¿Para qué alargar más la agonía a mayo de 2012? ¿Es que quedan más recortes por llevar a cabo? En Cataluña ya han empezado con los sanitarios…

Mientras tanto, el partido de la oposición no adelanta nada en caso de -como dicen todas las encuestas- gane las elecciones; si no por mayoría absoluta, por una gran diferencia respecto a los socialistas. Sólo hemos sabido últimamente que Mariano Rajoy ha mandado a la FAES (presidida por Aznar) una consulta -entiendo que no objetiva que digamos- de si resultaría viable o no el llevar a cabo el copago sanitario.

Es decir, más de lo mismo. Otra triquiñuela más a tantas otras para hacer ver que se dice algo sin querer decir nada. Más y más recortes, y todo porque España ha hecho del ladrillo su máxima. Eso sí, a costa de unos pocos, y en algunos casos de manera corruptela para llenarse los bolsillos.

Allá cada uno con su conciencia.

Lo preocupante es que, mientras tanto, el otro partido nacional importante -aunque minoritario- se enzarza en Extremadura en una lucha interna (tan característica de esta nuestra izquierda nuestra) para perpetuar o perpetuarse con alguna Consejería el poder de otros y el suyo propio. Nadie les dice que no tienen derecho a hacerlo (como lo hace su hermana Ezker Batua en Euskadi), pero los votantes de IU extremeños no creo que salten de alegría al ver que el PP se hará con la presidencia en esa comunidad porque el PSOE parece haberle ninguneado durante tantos años.

Mientras tanto, estamos en lo mismo. Con casi 5 millones de parados.

Mientras tanto, la corrupción -y sus imputados- acampan a sus anchas. Los ciudadanos no tenemos acceso a los gastos de los cargos públicos, ni incluso conocemos qué hace la Corona con dinero público.

Mientras tanto, las empresas se aprovechan de los impuestos nacionales para formalizar EREs sin que les cueste un euro.

¿Cómo se siguen permitiendo los paraísos fiscales?, me pregunto.

Lo dice el que tiene una mente inquieta, inteligente, que se ha caracterizado por prever los movimientos cíclicos en política y económica. Ese es el escritor y economista, José Luis Sampedro. Ese también humanista quien cree que el mundo está en la era del desconcierto y que va hacia otro modelo. Con una única salida: la de la educación y el pensamiento.

Para quien algo se está moviendo desde el 15M, por el descontento, el desencanto.

Hace 22 años las cajas de ahorros no podían abrir sucursales fuera de su región.

Hace 21, a las entidades financieras españolas se les permitió retener solo dos de cada cien euros de los depósitos de sus clientes y prestar el resto.

Hace 18 años se abrieron las fronteras de la Unión Europea para que el dinero circulase libremente.

Hace 15, el Gobierno de Aznar empezó atransformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas(IRPF) en un sistema menos progresivo, con menos tramos y tipos más bajos.

Hace 13, desaparecía el Banco Exterior, como el resto de los bancos públicos, al ser convertido en Argentaria, hoy reducida a la A de BBVA.

Hace 12, cuando Europa aún no tenía moneda común, EEUU revocaba la Ley Glass-Steagall, permitiendo utilizar de nuevo los depósitos de los clientes para inversiones de riesgo.

Y llegó la crisis.

Hace dos años, despedir era más complicado y caro en España. Hace un año, la edad de jubilación estaba fijada en los 65 años.

De los indignados se ha dicho que son sediciosos, que son agresivos, que son pulgosos y lujuriosos, que son ilegales, que sonperroflautas, que son violentos, que son delincuentes, que son unos golpistas como Tejero, que son totalitarios, que sonantisistema, que tienen entrenamiento en kale borroka de ETA, que son una guerrilla urbana, que son cuatro gatos malcontados, que son niñatos enrabietados, que son batasunos, que son cachorros de Rubalcaba, que son ratas, que soninsalubres, que son delirantes…

Cuesta encontrar un colectivo más insultado en menos tiempo.

Cuando el Movimiento 15-M solicita, ante todo, reformas políticas, lo que está mandando es un mensaje más o menos articulado de denuncia ante la ineficacia del Estado.

Hay que reforzar el Estado, nos están diciendo -y sus instituciones-, para que pueda cumplir su promesa de que protegerá a los ciudadanos. Y reforzar al Estado pasa necesariamente por ponerlo a punto desde una perspectiva política. Fundamentalmente, porque si un Estado no es suficientemente representativo, transparente y abierto, jamás podrá ser eficaz. Y si no es eficaz, carecerá de la necesaria legitimación social.

Para Antonio Estella (catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid) la manera de volver a crear una alianza entre la gente y el Estado, sus instituciones y los políticos, es tomando en serio las reivindicaciones de aquellos que piden que se acometa una segunda transición política en nuestro país. Sin ella no se contará con el respaldo de la gente. Y sin el respaldo de la gente, el Estado -nuestro Estado y todos los demás-, jamás tendrán el empuje necesario como para poner en orden nuestra maltrecha economía.

Con todo, la perspectiva política es clara: Mariano Rajoy ganará las próximas elecciones con una mayoría holgada. Lo que sí ha hecho es perder otra oportunidad para explicar lo más básico: qué hará cuando gobierne.

El programa económico del PP se resume en tres puntos. El primero: váyase, señor Zapatero. El segundo, redundante con el anterior: España necesita un nuevo Gobierno que transmita “confianza” a los mercados. El tercero: hacen falta “reformas de verdad”. ¿Cuáles?

Zapatero ha intentado reconstruir su discurso enlazando tres puntos difíciles de anudar. Uno: sus promesas de que la crisis no la pagarían los más débiles. Dos: el 20% de personas en paro. Y tres: ese recorte social de hace un año, tan difícil de tragar. Tuvo un guiño con las protestas del 15-M al anunciar esa nueva protección para las familias que no pueden pagar su hipoteca. Pero llega demasiado tarde.

«Entre los economistas hay dos tipos: los que se dedican a hacer más ricos a los ricos y los que pretendemos hacer menos pobres a los pobres» (José Luis Sampedro)

«Si me muriera mañana, creo que lo dejaría todo en regla. Tendría la sensación de haber venido a la Tierra para hacer algo valioso» (Jean-Pierre Barou, autor de ¡Indignaos!

Los indignados no son grandes gracias a la prensa sino a pesar de cierta prensa.

+ info de ¡Indignaos! (lectura completa)

+ info en Adiós, Mr. Zapatero

© Iñigo Ortiz de Guzmán

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La rendición de los ‘camisas rojas’

Bangkok. Son más de dos meses en los que la capital tailandesa ha vivido momentos de desconcierto en sus calles.

El enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición de este país de religión busdista, que nunca aceptó el golpe militar de 2006 contra el ex primer ministro Thaksin Shinawatra ni la legitimidad de las elecciones de 2008, amenaza con destruir una de las economías más prósperas del sureste asiático. Y con ello se teme que arrastre a Tailandia (la misma extensión y con 20 millones más de habitantes que España) a una guerra civil.

Las imágenes que nos llegan desde el 13 de mayo del distrito comercial de Bangkok -unos tres kilómetros cuadrados ocupados desde primeros de marzo por los llamados ‘camisas rojas‘- son un aviso de lo que puede suceder en otros muchos países con democracias frágiles, regímenes atrincherados en sus privilegios y millones de campesinos marginados en arrabales de grandes ciudades incapaces de satisfacer sus necesidades más elementales de vivienda, higiene, trabajo y educación.

Este grupo de oposición al actual ejecutivo representa a las clases más desfavorecidas.

En su mayoría proceden del ámbito rural del norte y el noreste del país. Su principal objetivo es terminar con lo que consideran una falta de democracia real, debido a que la vida política tailandesa está controlada por la élite urbana con el apoyo del Ejército. La organización que les representa es el Frente Unido para la Democracia y contra la Dictadura. Sin duda, todo un movimiento de presión que se cree que cuenta con la simpatía del 65% de la población tailandesa.

Entre otras cosas, reclaman el regreso de Thaksin Sinawatra. Un multimillonario de 62 años que hizo su fortuna en el sector de las telecomunicaciones, pero del que se benefició la gente con menos recursos gracias a sus políticas sanitarias y educativas.

El problema comenzaría hace cuatro años cuando un golpe de estado militar acabó con su mandato como primer ministro, de marcado carácter populista. Se exilió en Londres y Dubai (donde vive en la actualidad) después de ser condenado en 2008 por corrupción y fraude.

Con 84 muertos y cerca de 1.600 heridos (cifras oficiales) en las ocho semanas que dura ya la última explosión del conflicto, es casi imposible una solución negociada.

La única esperanza -mencionada por algunos dirigentes de los manifestantes- está en elecciones anticipadas y limpias, y en una nueva intercesión del rey Bhumibol Adulyadej; el monarca más longevo del mundo (desde 1946, aunque fue coronado en 1950).

Sin poderes ejecutivos, pero considerado aún casi un semidiós por una minoría de tailandeses. Oficialmente reina pero no gobierna al tratarse de una monarquía constitucional, ha desempeñado históricamente el papel de árbitro imparcial en este tipo de crisis.

El hecho es que el reverenciado monarca, de 82 años e ingresado en un hospital, está considerado por los tailandeses una figura casi divina aunque en este conflicto no ha se ha pronunciado con claridad.

Por su parte, el primer ministro Abhisit Vejjajiva se ha retractado de su promesa del 3 de mayo de adelantar las elecciones a noviembre de este año y los manifestantes ya no se conforman con elecciones libres. Ahora exigen la destitución del Gobierno, una reforma constitucional profunda y justicia por los asesinatos cometidos en los asaltos militares a su campamento a mediados de abril y en la última semana.

Lejos de acceder a sus peticiones, Abhisit y los generales que le respaldan han calificado a los manifestantes de terroristas (delito castigado con la pena capital). Asimismo, han bloqueado la zona rebelde, han cortado el suministro de agua y de luz a sus edificios, y han ordenado disparar a todo el que se acerque a 36 metros de los soldados. Es lo que llaman desde el 15 de mayo “zona de tiro libre”. Una orden de francotiradores que recuerda a los peores momentos de Sarajevo en la guerra de Bosnia.

El ejército nunca ha estado alejado de los acontecimientos políticos, como lo demuestra su participación en 18 golpes de estado en los últimos 77 años.

Según los analistas, el ámbito militar refleja lo que ocurre en el resto de la sociedad: una clara división entre el campo y la ciudad, los agricultores y la clase media urbana.

Es un secreto a voces. La cúpula militar actual está más cercana a los posiciones de los ‘amarillos‘. El otro grupo en discordia. Se definen como monárquicos y representan a la clase media urbana y empresarial (El amarillo está asociado al rey de Tailandia). Y, claro, se oponen a la hoja de ruta propuesta por el gobierno ya que consideran que unas nuevas elecciones darían la victoria a los camisas rojas.

El turismo ha caído en picado; las inversiones se han interrumpido; las embajadas han empezado a reducir personal; y el curso escolar, que debía reanudarse esta semana, no comenzará en ninguna de las 400 escuelas de la capital.

Aunque la causa inmediata de la crisis hay que buscarla en el golpe militar de 2006, las raíces son mucho más profundas.

Como señala Thomas Fuller en el dominical del New York Times del 14-15 de mayo, “las reformas políticas han ido siempre por detrás de las económicas en Tailandia”. Los tribunales, la comisión electoral, la comisión anticorrupción y buena parte del Ejército son instrumentos que el Gobierno utiliza a su antojo contra la oposición.

Cuando Tailandia recuperó la democracia, a mediados de los 80, Bangkok era una ciudad de seis millones de habitantes. Entonces, en manos de una elite chino-tailandesa y de una burocracia cívico-militar privilegiada; al tiempo que atrincherada bajo la impunidad de la Casa Real. La mayoría de los tailandeses trabajaba en el campo y vivía en otro siglo. Migraciones masivas a las ciudades han trastocado por completo el sistema.

Como Shangai, Hong-Kong, El Cairo, Ciudad de México, Saigón, Yakarta o Manila,… Bangkok se ha convertido en una urbe de casi 15 millones. El 70% de ellos echa de menos el populismo subvencionado de Thaksin, y exige las mismas condiciones de vida que la clase media y alta que ha monopolizado el poder desde siempre. Pero el sistema se resiste a compartir sus privilegios.

Hace medio siglo la respuesta habría sido otra guerrilla en la selva. Hoy la guerrilla es urbana porque la selva está en la ciudad. Y los guerrilleros -hijos de los que han emigrado del campo en los últimos decenios- ya no tienen tierras a las que volver ni bosques en los que refugiarse para luchar.

Entonces, ¿cuál es la solución?

La situación política es un puzzle de considerable complicación. Una intervención militar que suponga entrar en la zona roja puede conllevar la muerte de centenares de personas y una brecha en la sociedad difícil de reparar.

La retirada de los manifestantes por falta de suministros no es previsible al menos a corto plazo.

La celebración de elecciones tampoco es una garantía de estabilidad. Los que pierdan las elecciones podrían tener la tentación de emprender en las calles acciones de protesta para cambiar al gobierno.

Desgraciadamente parece que, de momento, no hay una salida a este caos.

No ha cabido otra posibilidad que la rendición – muy a su pesar- de los ‘camisas rojas’, de los miles de ciudadanos que sufren las diferencias clasistas.

Todo por el improperio de un Gobierno que ordena matar con tal de perpetuarse en el poder.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán