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Retraso en la jubilación

Es más que probable que, en un futuro no muy lejano, la edad de jubilación se eleve de los 65 a los 67.

O sí, o sí.

Esta es la conclusión o, al menos, la idea que tiene el Gobierno español.

Lo que supondría la tercera reforma de envergadura en la época democrática de España.

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha añadido un matiz a la propuesta que llevará al Pacto de Toledo (el documento aprobado por consenso en el Congreso de los Diputados en 1995, que analiza y describe la evolución del sistema de pensiones): se hará incorporando “factores de flexiblidad razonables“.

ZP entiende que el envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema.

La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales.

Pero no hay consenso entre los dos grandes partidos sobre la forma en que hay que llevarla a cabo.

Tras casi un año de negociaciones, los grupos del Congreso han firmado un texto que incluye una coletilla en la que se señala: “En materia de edad legal de jubilación no hay acuerdo”.

El PSOE, con la presión del Gobierno y forzado a su vez por los mercados, se queda solo en su batalla.

Pero insisten: “Estamos en un momento histórico para el futuro de nuestra economía y prosperidad porque afrontar la gravedad de la crisis hace que tengamos que tomar medidas históricas. Si las tomamos hoy, aunque en el presente no sean fáciles, en el futuro diremos que se hizo lo que se tenía que hacer. Todas las reformas que estamos haciendo suponen hoy esfuerzos y sacrificios, pero mañana, serán confianza prosperidad y empleo”, ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

Hasta el 28 de enero -fecha prevista para la aprobación de dicha reforma- se mantendrán arduas conversaciones con los grupos políticos y con las entidades sociales.

Decisiones que, sin duda alguna, no van a ser fáciles.

Y es que el alargamiento de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales.

Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro.

La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete.

Conclusión: ya que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo.

Es más, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual -y que es fuente de goce y estímulo- tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud.

En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes.

La jubilación es un derecho, no una obligación.

No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en especialidades (como la medicina) donde hay una enorme escasez de profesionales.

Con todo este galimatías, lo que es más que injusto es que la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, éste no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación.

Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más no es de recibo.

Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.

Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual.

Los norteamericanos tienen un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España: las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante las últimas tres décadas.

Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista.

El periodista, Ignacio Escolar, enumera en diez las claves para entender las pensiones en nuestro país:

1. España tiene una pirámide de población inusual: el baby boom duró hasta los 70, pero después la natalidad se hundió de golpe.

2. Esta singularidad demográfica va a provocar que cuando los nacidos en esa década –mi generación– nos empecemos a jubilar, seremos muchos más pensionistas que ahora en relación con el número de trabajadores que presumiblemente habrá.

3. A larguísimo plazo no se puede mantener el modelo tal cual está –donde las cotizaciones de unos sirven para pagar la jubilación de los otros– porque el número de pensionistas aumentará bruscamente, la esperanza de vida también sube y la natalidad no tiene pinta de mejorar.

4. España no gasta mucho en pensiones de jubilación: sólo el 8,4% del PIB, cuando la media europea es del 10,1%.

5. Si no hay reforma alguna y se cumplen los peores pronósticos de la UE, para el 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España será del 15,1%.

6. Es evidente lo difícil que resulta pronosticar cómo será la economía española dentro de 50 años; es tan ingenuo como hubiese sido imaginar en 1960 cómo sería España en 2010.

7. No es la primera vez que estas previsiones fallan.

8. Pero incluso dando por buenas estas cifras -todas salen del último informe de la UE-, ese 15,1% del PIB de gasto en pensiones será poco superior a lo que hoy (y no en 2060) gastan países como Francia (13%) o Italia (14%).

9. Hay dos soluciones: rebajar las pensiones y el tiempo en que se disfrutan para que salgan más baratas –en eso están–. O bien otra alternativa, de la que la derecha neoliberal no quiere ni oír hablar: que la diferencia, si es que es necesario, se pague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por medio de impuestos. Ya lo hacen así otros países, como Austria o Dinamarca.

10. Todo esto se sabe desde hace años y la prisa por reformar no viene por estos datos, sino porque a los mercados les encanta la austeridad. La de los demás.

SUPUESTO ERRÓNEO

Creámonos lo que nos dicen desde las altas instancias: que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%.

Un argumento que lo han utilizado una larga lista de instituciones, así como firmas de sensibilidad neoliberal, y hasta el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez -quien llegó más allá al indicar que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible-.

Algo que no se tiene en pie.

Y es que si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en cuarenta años sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220.

Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB). Y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91.

Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050.

Por lo que la alarma es totalmente infundada.

Según Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación”.

¿CÓMO SE CALCULA LA PENSIÓN?

Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado:

Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos.

Por tanto, a modo de ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado religiosamente a la Seguridad Social durante 35 o más años.

Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y ha cobrado la hipotética cifra de 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendrá derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo).

Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.

¿QUÉ DICEN LOS SINDICATOS?

CC OO se opone a retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, no vería mal ampliar el periodo de cómputo siempre que se pudiera elegir los mejores años de cotización, lo que redundaría en beneficio del pensionista.

UGT, por su parte, se opone a las dos cosas.

En cualquier caso, los sindicatos defienden que no solo hay que actuar por la vía del gasto a través de recortes, así como por la vía de los ingresos: aumentar las bases de cotización (lo que equivale a mejores sueldos), integrar en el régimen general a los del seguro agrario y empleadas de hogar, que el Estado asuma algunas partidas como el complemento a mínimos, y, por supuesto, mejorar el mercado laboral para que más trabajadores contribuyan.

Ambos sindicatos han salido hoy a las calles como protesta por la postura del Gobierno, portando pancartas que aluden a los políticos, como “Zapatero y Mariano, los perros del hortelano”.

En total, han organizado marchas en casi 40 ciudades españolas.

Entre los participantes hay gran presencia de representantes de IU.

Su coordinador federal, Cayo Lara, ha asegurado esta mañana que Rodríguez Zapatero se ha convertido en un “problema para España” y que él mismo “está convocando otra huelga general”.

AJUSTES ECONÓMICOS

Mientras tanto, el Banco de España informa: la deuda autonómica ha aumentado un 27% en un año y la sitúa en el 10% del PIB. El descontrol sobre esa deuda constituye un auténtico problema de Estado.

Zapatero lo ha apostado todo a una salida de la crisis que pasa por aplicar uno por uno los calmantes que los mercados exigen. Los mismos que a su vez deciden los gobiernos neoliberales de Merkel, Sarkozy o Cameron, sin atender una sola sugerencia que se salga del tratamiento recetado por los mismos doctores que envenenaron al paciente.

¿Quién ha decidido que es imprescindible retrasar la edad de jubilación en lugar de fomentar una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo? ¿Alguien ha preguntado a los ciudadanos si prefieren pagar un nuevo impuesto -siempre progresivo- que les garantice un retiro digno?

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Continuación de A vueltas con los 67

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Controladores aéreos, en las nubes

Sábado, 4 de diciembre

Eran aproximadamente las 10,30 horas de la mañana cuando el forzado silencio que reinaba en el espacio aéreo se vió interrumpido por una comunicación entre un helicóptero militar y la torre de control de uno de los tres aeropuertos del País Vasco: el de Foronda.

A esa hora el caos en los aeródromos españoles era total después de casi 20 horas sin control aéreo, lo que provocó el cierre de todo el tráfico.

-Helicóptero: “(Indicativo) para torre de Vitoria, estamos entrando en su espacio aéreo, ¿podría facilitarnos condiciones meteorológicas y datos del campo?

-Torre de Vitoria: “No estoy en condiciones de ofrecerle control”.

En una situacion normal le hubieran facilitado la temperatura, el indice que mide la condensación del aire, la velocidad y dirección del viento así como la altura de las nubes, pero sobre todo el QNH (la presión atmosférica en milibares con la que se calibra el altimetro y sin cuya corrección se puede producir un accidente al estar a una altitud equivocada).

-Helicóptero: “Voy en dirección a su aeropuerto…¿me podría dar el QNH?”

La banda de frecuencia modulada aérea, en la parte alta de las asignadas a las emisoras comerciales de FM, se quedó congelada…

-Torre: Largo silencio… “QNH 1016”

-Helicóptero: “Gracias Vitoria”

Para entonces un coronel del ejército del aire ya había comunicado a los controladores que estaban bajo sus órdenes. Pero todavía no podían asumir las tareas de control, tenían que esperar a la declaración de Estado de Emergencia para poder tomar el control definitivamente.

Un hecho que previsiblemente se iba a producir a las 13 horas.

Y así fue…

Poco después de la 1pm quien estaba al frente de la la torre de control fue advertido de que negarse a hacer su trabajo había dejado de ser un hecho civilmente punible y quedaba bajo la jurisdicción militar.

España está en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia.

Una ley orgánica de 1981 recogida en el artículo 116 de la Constitución Española (se celebró ayer su 32º aniversario), que abre esta posibilidad ante terremotos, calamidades, inundaciones, incendios urbanos o accidentes de gran magnitud, epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y, como es este caso, paralización de servicios públicos para la comunidad.

El caos aeroportuario originado por el plante masivo de los controladores (los encargados de ordenar la circulación aérea) llevaba al Gobierno a decretarlo esa mañana -con su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado)-, a la vista de que los vigilantes del aire no deponían su actitud.

Desde ese momento, los controladores empezaban a ser requeridos de uno en uno, a través de burofax, para que acudieran a trabajar. Si no lo hacían serían acusados de graves delitos. El vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba lo explicaba así: “Si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia, castigado con penas de prisión.

AENA, la entidad pública de aviación -adscrita al Ministerio de Fomento, y encargada de la gestión de los aeropuertos- abre ipso facto expediente a 442 de ellos, una quinta parte de un colectivo que cuenta con unos 2.200 profesionales.

CRONOLOGÍA DE UN PLANTE  ANUNCIADO (de dimes y diretes)

– 24 noviembre 2009. El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, cifra en 350.000 euros anuales el salario medio de los controladores en España.

– A los pocos días. La directora de Navegación Aérea, Carmen Librero, anuncia cambios en el convenio de los controladores para abaratar costes.

– 29 diciembre 2009. El ministro de Fomento, José Blanco, acusa a los controladores de realizar una huelga encubierta los últimos días en los aeropuertos de Canarias.

– 11 enero 2010. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA reanudan las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.

– 3 febrero. Los controladores y AENA se acusan mutuamente de haber cerrado las negociaciones del convenio colectivo sin alcanzar un acuerdo.

– Dos días después. El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley que devuelve a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999, cuando entró en vigor el primer convenio colectivo.

– 26 febrero. La USCA anuncia que está estudiando acciones legales contra el decreto gubernamental, pero que no va a convocar ninguna huelga.

– 15 marzo. Entra en vigor la nueva ley por la que se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que establece una nueva organización del trabajo y rebaja los salarios de este colectivo.

– Dos meses más tarde. La Audiencia Nacional desestima la demanda de conflicto interpuesta por la USCA contra la Ley.

– 27 junio. La USCA niega que haya incrementado el absentismo laboral como medida de presión, tal como denuncia AENA, y asegura que las bajas actuales están certificadas por los servicios médicos de la Seguridad Social.

– Al día siguiente. Las compañías aéreas acusan a los controladores de provocar retrasos y cancelaciones generalizados en el tráfico aéreo.

– 20 julio. El ministro Blanco anuncia que el Gobierno habilitará a controladores militares para que ocupen puestos de trabajo en los aeropuertos civiles. A su vez, la Fiscalía afirma que investigará las bajas por enfermedad de los controladores.

– Diez día después. El Ejecutivo aprueba un nuevo decreto que regula la jornada de los controladores, que se mantiene en 1.670 horas, más 80 extraordinarias.

– 03 agosto. El 98% de los controladores autorizan a su sindicato a convocar una huelga ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.

– A la semana. Los controladores renuncian a convocar la huelga en el mes de agosto “para no perjudicar al sector turístico“.

– 13 agosto. La USCA y AENA firman un preacuerdo que acepta las condiciones laborales establecidas por el Ministerio de Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo de cada centro.

– Un mes después. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que regula el servicio de Información de Vuelo en Aeródromo (AFIS) para aeropuertos civiles de uso público, lo que permitirá que algunos aeródromos operen sin controladores.

– 07 octubre. Los controladores abandonan la negociación de su segundo convenio colectivo con AENA por incumplimiento de acuerdo.

– 26 noviembre. La USCA anuncia cierres en el espacio aéreo de Galicia a partir del fin de semana, que se extenderán durante el mes de diciembre al conjunto de España, por el exceso de horas trabajadas por los profesionales de control.

– 03 diciembre. El Consejo de Ministros ratifica en un real decreto de medidas económicas que el máximo de horas que pueden realizar los controladores de tránsito aéreo será de 1.670.

– Ese mismo día. Los controladores abandonan masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.

Resultado: 650.000 viajeros se ven afectados por el caos generado en los aeropuertos.


MODUS OPERANDI

Los controladores aéreos son los encargados de gestionar el tráfico de aeronaves en el espacio aéreo español.

Hasta 1977 dependían de la administración militar, pero después pasaron a depender de Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA).

A 31 de julio de este año había 2.384 controladores civiles, que se ocupan de dirigir el tráfico aéreo en los seis principales CENTROS de control, ubicados en Palma de Mallorca, Tenerife, Gavá (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Valencia; así como en 37 TORRES de control.

Mientras los centros de control aéreo se ocupan del tráfico en ruta, las torres de control gestionan los aterrizajes y los despegues en los aeropuertos.

Aunque no disponen de una ubicación específica y suelen estar ubicados en las torres de control, hay un tercer grupo de controladores que se ocupan de la aproximación a los aeropuertos de los aviones.

En España existen cuatro regiones principales de control aéreo: Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias. El fallo en el servicio de cualquiera de ellos supone -en la práctica- el colapso del sistema.

En total, hay cuatro tipos de controladores:

1- Tierra: quien asigna al piloto la pista de rodadura, y evita las colisiones en tierra.

2- Local: autoriza el despegue e indica al piloto la dirección de navegación inmediata al despegue.

3- Aproximación y Despegue: indica el ascenso hasta el nivel de crucero, cubriendo unos 80 kms.

4- Ruta: estudia la evolución en su viaje, alertando de fenómenos atmosféricos y de otro tipo. Conforme el vuelo avanza, la responsabilidad es transferida entre los diferentes centros de control que sobrevuele la nave.

CLAVES CONTROLADORES-GOBIERNO

¿Cuánto cobran por su trabajo?

El Ministerio de Fomento cifraba en verano en 350.000 euros el coste anual medio de un controlador en España, por entre 1.700 y 1.800 horas de trabajo anuales (en Europa esa media se sitúa en torno a los 120.000 euros por unas 1.300 horas al año).

El diferencial se debe a que en España, entre un tercio y la mitad de las horas que trabajaba un controlador eran extraordinarias, que cuestan el triple que las ordinarias.

Para reducir ese coste medio a 200.000 euros al año, la nueva ley -entre otras medidas- mantiene el límite de horas anuales en 1.670, pero reduce las 600 horas extraordinarias que hasta ahora se permitían a las 80 establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, se introduce la gestión automatizada en más aeropuertos y, desde el verano de 2011, se privatizarán el 49% de las torres de control. El Gobierno hace así caja en un intento de salir airoso del alto déficit público.

¿Es su primera huelga?

No.

En diversas ocasiones los controladores han recurrido a huelgas encubiertas o de celo; no obstante, sólo en una ocasión convocaron una huelga legal, en 1988. Su propósito era reclamar el pago de un complemento denominado “de servicios especiales”, que finalmente no llegó a realizarse.

¿Por qué ha resucitado el conflicto, si había un acuerdo?

Pues por la interpretación que se tiene de las 1.670 horas de trabajo que regula la nueva ley: los controladores consideran que las horas sindicales, las imaginarias (guardias), las licencias, las bajas por incapacidad laboral y las reducciones de jornada deben incluirse en ese cómputo, mientras que el Gobierno defiende que no.

Así, este viernes aprobó el Real Decreto que elimina cualquier ambigüedad al respecto: sólo computa como jornada laboral el control de tránsito aéreo.

 

 

USCA: PODER DE PRESIÓN

No pocos líderes sindicales querrían para sí el poder de presión que ha ostentado el sindicato de los controladoresUSCA (que agrupa al 97% del colectivo)- en los últimos diez años.

Mal que les pese a los diferentes ministros de Fomento del PP y del PSOE, que han tenido que afrontar las amenazas del colectivo, hasta ahora los trabajadores habían ganado la batalla.

Quizá el órdago de los controladores ha sido demasiado grande y no midieron las consecuencias.

Desde luego, nadie en la cúpula de USCA que desde junio dirige Camilo Cela (sobrino del premio Nobel) podía esperar que el Gobierno reaccionara decretando el primer estado de alarma de la democracia española, poniendo así a los 2.400 controladores aéreos bajo mando militar.

Quizá sus abogados no leyeron a fondo el decreto que aprobó el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 5 de febrero, en el que se abría la vía a que el presidente del Gobierno encomendara el control aéreo al Ministerio de Defensa en caso de circunstancias “extraordinarias”.

Tampoco debieron dar importancia a las alusiones a una posible llamada a los controladores militares (600, de los que unos 280 están en activo) para que los sustituyeran.

Hay sospechas de que el sindicato ha desarrollado esta estrategia encubierta en el plante que hizo el colectivo el viernes y parte del sábado alegando bajas masivas por estrés o por alegar que habían cumplido sus horas anuales.

No deja de ser sospechoso que un sindicato que siempre da muestras de ser muy belicoso, convocara de urgencia a los medios de comunicación el viernes a las cinco de la tarde para no lanzar ninguna amenaza como suele. Cuando justo tras la rueda de prensa empezaron a llegar a los periodistas noticias de incidentes en Barajas (aún no se sabía que era un boicot en toda regla), el presidente del sindicato aseguró no saber nada.

Sin embargo, unas dos horas después, el vicepresidente de USCA, José Manuel Acevedo, y otros miembros de la cúpula se dirigían a Fomento (no a Aena, su interlocutor habitual) para exigir firmar su propuesta de convenio colectivo en pleno caos.

Proponían -en todo su derecho- volver a sus antiguos y abultados sueldos, además de hacer menos horas de las actuales.

Lo que es claro es que desde ayer, el sindicato parece haber digerido, por fin, las consecuencias de ese motín que ha tenido un coste económico cercano a los 250 millones de euros.

Por eso, ha cambiado de estrategia y ha optado por el silencio.

Las diversas posiciones, de un lado y de otro, siguen y seguirán… Que si te he dicho esto y lo otro…

Y todo, por dinero.

((pinchar sobre ambas fotos))

Por Iñigo Ortiz de Guzmán