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Memoria histórica, en entredicho

El proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón -por prevaricación al investigar los crímenes del franquismo- va viento en popa.

En las últimas horas ha habido movimientos significativos.

El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa, Luciano Varela, ha expulsado a Falange Española de las JONS como acusación popular en el proceso contra el magistrado de la Audiencia Nacional. Según Varela, la formación política no ha subsanado su requerimiento de corregir su escrito de acusaciones en el que pedía 20 años de inhabilitación para Garzón. Un hecho insólito. Se mata dos pájaros de un tiro. Por una parte, consigue apartar al querellante más incómodo, y por otro lado se evitan los titulares de que el Tribunal permite que el partido único del franquismo siente en el banquillo a Garzón por investigar los crímenes de la dictadura.

No olvidemos que Falange es un partido político español de la derecha radical, ultranacionalista, de ideología fascista. Creado al albor tras la unificación con el movimiento carlista que llevó a cabo el general Francisco Franco, y cuyo objetivo es la instauración de un Estado totalitario nacional-sindicalista.

En todo caso, esta expulsión no deja fuera las querellas del pseudosindicato ultraderechista Manos Limpias. De haber expulsado a las dos acusaciones, el proceso contra Garzón habría quedado sin contenido. Lo dicho, el proceso sigue inteligentemente adelante, y dejando de lado a un protagonista incómodo como la Falange. Y en lo que las asociaciones de víctimas consideran una operación de maquillaje.

Así con todo, Varela parece decidido a dictar auto de apertura de juicio oral en los próximos días. Un movimiento que podría confirmar lo que se achaca a Garzón: instruir un caso a sabiendas de que es injusto. La prevaricación.

Las razones son dos. El juez instructor estaría usando unas acusaciones incapaces de presentar algo más que una vulgar octavilla de propaganda para hacer un ajuste por cuenta propia con Garzón. Y, por si esto no fuera poco, Varela estaría traicionando sus propias convicciones expuestas en su voto particular en el caso Atutxa (por el que el Tribunal Superior vasco consideró que no hubo delito de desobediencia), y que aún sigue pendiente.

Pero también está la doctrina Botín. Aquella por la que el Tribunal Supremo reinterpretó sobre la acción popular con la que exoneró de juicio al presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Un caso complicado en el que Varela no estuvo dispuesto a abrir la caja de Pandora. Es decir, abrir un juicio oral. Y es que suponía una violación del artículo 14 de la Constitución que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

La doctrina Botín y la del voto particular del magistrado Varela mantienen que la acusación popular carece de legitimación por sí sola, a falta de acusación particular o de acusación pública, para llevar a un ciudadano a juicio.

La causa contra Garzón encaja como anillo al dedo con esta doctrina: no hay acusación particular, por la sencilla razón de que no existen perjudicados, ni tampoco acusación pública porque ningún daño ha producido Garzón al “interés público y social”. Por lo que la causa sólo se sustenta en una acusación popular a la que el propio instructor Varela ha debido corregir para que no sea tan patente que se mueve por estrictos intereses particulares al amparo de una presunta defensa del interés social.

Hay dos posibilidades para poner un punto y final a este circo mediático. O bien llevar a cabo el sobreseimiento o, en todo caso, a dejar en suspenso la apertura del juicio oral contra Garzón. Porque podría suceder que el Tribunal Constitucional avalara como correcta la doctrina Botín y que Garzón hubiera sido juzgado con una interpretación inadecuada de las leyes procesales.

Pero no se quiere acabar así. De lo que se trata, al fin y al cabo, hacer con Garzón -seamos claros- es quitarle del medio por parte de ciertos jueces conservadores. Una situación insólita que está avivando las críticas internacionales. Los principales medios de comunicación internacionales no entienden que un juez esté siendo puesto en entredicho por investigar a quiénes pudieron estar presuntamente detrás de las desaparición de 100.000 personas durante el franquismo.

Lo mismo pasa en nuestro país. Las víctimas están clamando mayor severidad con los responsables de aquellos trágicos hechos. Con quienes presuntamente han estado y están detrás de todo este embrollo. Se me hace harto difícil pensar que Garzón -con todas sus virtudes y no tan virtuoso en su afán judicial en ocasiones- haya tomado parte injustamente.

Ahora se pone sobre la balanza la Ley de Amnistía de 1977. Pretender revisar esa decisión equivale a cuestionar y deslegitimar gravemente todas las decisiones que nuestra democracia adoptó en aquellas fechas, incluida la Constitución. Quienes defienden la nulidad de dicha Ley -a efectos de producir una investigación judicial sobre ese pasado- tienen que saber que la persecución penal del franquismo implica una causa general contra todas las responsabilidades penales de aquellos años.

El diputado socialista en el Parlamento europeo, Ramón Jáuregui, añade: “No fue esa la voluntad democrática de los españoles en la Transición. Decidimos perdonar sin olvidar, aunque fuera cierto que perdonaban más quienes más sufrieron durante 40 años la represión de los vencedores y aunque sea evidente también que olvidamos demasiado, confundiendo durante demasiado tiempo, perdón con olvido.”

Para esto se creó la llamada Ley de Memoria Histórica de 2007.  Una norma por la que se empezó a reconocer a las víctimas republicanas de la guerra y de la represión posterior con diferentes indemnizaciones. A saber: las exhumaciones de los fusilados; la supresión de signos y símbolos franquistas; la devolución del honor a los condenados en consejos de guerra; etc. Y de todos es sabido que el Partido Popular no se adhirió a tales pretensiones de devolver la justicia a la memoria española. Por eso, y por muchas cosas, su animadversión contra un juez que pretendió restablecer los principios básicos de los derechos humanos. Sentar en el banquillo a los culpables de la barbarie del pasado. Por intentar dar satisfacción a las víctimas del franquismo.

“La memoria abre expedientes que el derecho considera archivados”, Walter Benjamin (crítico literario marxista y filósofo judeo-alemán)

Lo que la memoria ha descubierto en los últimos años es que las víctimas del colonialismo, de la esclavitud, de la conquista o de la guerra civil son significativas, tienen significación. Claro que víctimas ha habido siempre, pero eran insignificantes o invisibles porque entendíamos que eran el precio del bienestar presente o de la transición política. Había que asumirlo como irremediable y lo que tocaba era pasar página. Eso se ha acabado. Ahora son visibles.

Ya lo decía el escritor italiano de origen judío-sefardí, Primo Levy: “Sin memoria de la injusticia no hay justicia posible”.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Garzón, en el punto de mira

Baltasar Garzón (Jaén, 1955)

Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 (Audiencia Nacional) desde 1988

Mes de Enero: El Tribunal Supremo admite una querella de la Falange contra el juez por investigar el franquismo; Garzón procesa a Arnaldo Otegi por reconstruir Batasuna con ‘Bateragune’; El TS vuelve a investigarle, ésta vez por los supuestos cobros que recibió el juez por parte del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, en 2005 y 2006.

Febrero: Dicho órgano constitucional acusa al magistrado de ignorar a sabiendas la ley al investigar el franquismo; El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide un informe a la Fiscalía sobre si debe suspender a Garzón de sus funciones por el caso de NY; Un día después, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido dice no apoyar tal suspensión; Garzón recurre el auto del Tribunal Supremo que lo acusa de prevaricación (dictar una resolución sabiendo que es injusta); El Poder Judicial le da al magistrado jerezano diez días para que presente sus alegaciones ante tales acusaciones; El juez de la Corte Suprema argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni, afirma: “el poder judicial español está cometiendo un gran error y está perjudicando la imagen de España en el extranjero”; El Tribunal rechaza el recurso presentado por Garzón contra la querella por prevarización; A finales de mes, dicho ógano vuelve a la carga, y admite la querella del abogado de caso Gürtel contra Garzón por las grabaciones supuestamente ilegales; La Fiscalía, contrariada, pide no suspenderle, y aclara: “Hacerlo iría contra la independencia judicial“.

Con tantas querellas, autos, dimes y diretes, llega el mes de Marzo. Y así el día 5 Baltasar Garzón rompe su silencio. Pide al CGPJ que no lo suspenda, y acusa al Partido Popular de estar detrás de una “cruel campaña” de acoso contra él, que se inició cuando acordó encarcelar a los principales implicados en el ‘caso Gürtel‘.

Y aquí es donde nos preguntamos… ¿Por qué tanta animadversión contra el más famoso de los jueces, de indudable eficacia durante décadas? Por fin, Garzón no duda en apuntar contra sus mayores adversarios. Difícil, precisamente, no se lo había puesto a sus enemigos. Personas non gratas que veían en algunas actuaciones del juez estrella como la cacería con el ministro de Justicia, la trama de cargos del PP o la búsqueda de responsabilidades durante los tiempos del franquismo, un punto débil para desacreditarlo. Y así lo han hecho en los últimos meses.

El mismo abogado del caso Gürtel, Ignacio Peláez, que ahora denuncia la práctica de escuchas ilegales a sus clientes cuando estaban en la cárcel y sin previa autorización del juez… fue anteriormente fiscal. Ahí es nada. Y, por lo tanto, se conoce muy bien los entresijos de la Justicia y las posibles personas que pueden cargar contra Garzón, y cómo hacerlo.

Para más info sobre la trama Gürtel, pinchar aquí (video)

Y como Garzón no es tonto, ya ha tomado iniciativas en su propia defensa. Pide, para ello, la abstención en las deliberaciones contra su persona de tres de los vocales del Consejo -Fernando de Rosa, Gema Gallego y Margarita Robles- por las relaciones que tiene con alguno de los interesados y por “enemistad manifiesta” con él mismo. En el caso De Rosa porque, en su opinión, ha cuestionado “continuamente” su labor instructora, lo que “le priva de objetividad de juicio” (es, además, amigo íntimo de uno de los imputados- el presidente de la Generalitat Valenciana, Camps). Y la petición para que Robles no comparezca, Garzón recuerda que coincidió con ella en funciones públicas (ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch ostentaba el ministerio de Justicia e Interior, en los 90).

El juez que investigó la trama económica de ETA, quien persiguió a los narcotraficantes gallegos de la Operación Nécora, y quien dió órdenes de búsqueda y capturó a tantos delincuentes internacionales que buscaron cobijo en España…ha dado una vuelta de tuerca.

Va a ser él y sólo él quien no permita que el acusado sea acusador (trama Gürtel), y para ello parece haberse provisto de lo que necesita: busca quién dirige y encabeza la persecución de la que es objeto. Además, intenta desenmascarar a los enemigos que tiene entre los propios jueces, en la clase política y en los medios de información. Pero, por si esto no fuera poco, estoy seguro que tiene en su poder datos suficientes para ver quién mueve cada una de las cuerdas que ha comenzado a notar en su propio cuello.

Y, señores, éste es el comienzo. Razones para defenderse no le faltan.

Vamos a ver en qué termina esta cacería implacable, y a quién se lleva por delante. De momento, cada tirador ha marcado ya a sus deseables víctimas.

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Por Iñigo Ortiz de Guzmán