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Schengen: tú SÍ, tú NO

Es como deshojar la margarita: ahora te quiero, ahora no…

Y es que Dinamarca irrumpió ayer con estrépito en el debate sobre la seguridad fronteriza que desde el mes pasado monopoliza los pasillos de la UE.

Un acuerdo de la coalición de liberales y conservadores con el Partido del Pueblo Danés (de extrema derecha) pretende resucitar los controles a los viajeros que lleguen al país desde Alemania y Suecia.

¿Su objetivo? Dicen que luchar contra la inmigración irregular y el crimen organizado.

Lo cierto es que iría en contra de la legislación comunitaria sobre el movimiento de bienes y personas.

De entrar en vigor “en las próximas semanas”, abriría una grieta -quizás irreversible- en el Tratado Schengen. Un pacto que garantiza la libertad de circulación en Europa y que cuenta con 25 países miembros, entre ellos Dinamarca.

La decisión sorprendió -claro está- en Bruselas, donde los 27 embajadores de los Gobiernos de la UE terminaban una reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Interior de hoy. En la agenda figura la propuesta de flexibilizar el acuerdo Schengen para permitir los controles fronterizos más frecuentes, como habían pedido Francia e Italia.

El Gobierno español ya ha manifestado su negativa a la reforma de tal acuerdo.

A todas luces, al cierre de puertas con el que la UE parece estar respondiendo a las revoluciones democráticas de Túnez, Egipto y Libia.

LA LIBRE CIRCULACIÓN

Pertenecen a Schengen 22 países de la UE (son la excepción Irlanda, Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Rumanía) y los extracomunitarios Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

En total, más de 400 millones de ciudadanos que pueden circular libremente por Europa.

El Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 en la localidad del mismo nombre en Luxemburgo, fronteriza con Francia y Alemania.

Cinco países de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) -Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo- llegaron a un acuerdo para la supresión de fronteras comunes.

El acuerdo tenía dos fines.

Por una parte, eliminar los controles para las personas en las fronteras interiores y definición de las fronteras exteriores comunes. Y, por otra, un paquete de “medidas compensatorias” para reforzar y aumentar las fronteras exteriores como la cooperación judicial y policial.

Al acuerdo inicial de estos cinco Estados se sumaron a principios de los años noventa, Italia, España, Portugal y Grecia.

En 1995, Austria firmó el convenio y al año siguiente se incorporaron Dinamarca, Finlandia, y Suecia. Paralelamente se sumaron Noruega e Islandia aunque estos países no forman parte de la Unión.

En 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el acervo del convenio de Schengen se incorporó al derecho europeo, mediante un protocolo.

Además de favorecer la movilización de los ciudadanos, el espacio Schengen permite que con un solo visado, cualquier visitante extranjero puede viajar a los 25 Estados pertenecientes al convenio.

Schengen es un descomunal ejercicio masivo de confianza mutua porque automáticamente los socios del club reconocen las decisiones sobre acceso de personas a la zona que toma uno de ellos.

Esa confianza es la que ha saltado por los aires en el pulso entre Roma y París por la llegada a Italia de más de 20.000 tunecinos, y el deseo italiano de quitárselos de encima exportándolos a Francia y otros países de la Unión.

Mientras tanto, los ministros de Interior de los Veintisiete -divididos sobre los planes de Sarkozy y Berlusconi- han comenzado hoy a preparar el trabajo para que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE diriman la cuestión en el Consejo Europeo de finales de junio.

Mientras EE.UU. abre la mano a la regularización de millones de indocumentados, Sarkozy y Berlusconi pastorean a placer los bueyes de la Unión.

Mientras tanto, el resto de Europa se queda boquiabierta con la decisión danesa.

Para Ignacio Molina, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, «el acuerdo de Schengen más o menos enmendado sobrevivirá porque los perjuicios de derogarlo superan las ventajas que ha traído en los últimos 25 años simplificando el cruce de fronteras». (…) Y añade, «hay quien ve aquí, pese a todo, el vaso medio lleno porque la crisis se ha reconducido a través de las instituciones, pero el episodio deja una percepción patética y pueblerina».

Eso que se llama el nacionalismo más rancio, añadiría yo.

Cómo cambian las cosas…

Ellos, los inmigrantes. Los que en estos tiempos de crisis ya no son tan bienvenidos como lo eran cuando contribuían con su fuerza de trabajo a la prosperidad desbocada del continente.

Cómo hemos cambiado…

© Iñigo Ortiz de Guzmán

Pena de muerte

AMNISTÍA INTERNACIONAL acaba de sacar a la luz su último video de denuncia. Y lo ha hecho con acierto.

Este organismo tuvo noticia de al menos 714 ejecuciones durante el año pasado, produciéndose la inmensa mayoría en Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos.

Se calcula que 2001 personas fueron condenadas a muerte en 56 países. Estas cifras, en todo caso, son estimaciones mínimas; las cifras reales ni se conocen.

Este total no incluye las miles de ejecuciones que presumiblemente se consumaron en China.

Las autoridades chinas, si bien afirman tener como objetivo reducir el uso de la pena capital, continúan utilizando las ejecuciones para demostrar que las actividades consideradas dañinas para la estabilidad social se tratarán con mano dura. En 2009, esto se tradujo en una rápida y enérgica respuesta a los disturbios de la Región Autónoma Uigur del Sin-kiang, la corrupción y el narcotráfico. Además, dos hombres fueron ejecutados en 2009 por participar en los disturbios de la Región Autónoma del Tíbet que se produjeron un año antes.

En Irán, donde fueron ejecutadas como mínimo 388 personas, la pena de muerte siguió aplicándose en casos políticos, en los que la acusación suele ser “enemistad contra Dios”.

En 2009, Arabia Saudí ejecutó a 102 personas y Pakistán a 36. En todos estos casos -ya digo- las cifras son estimaciones mínimas. En Estados Unidos, donde la información sí es pública, se llevaron a cabo 37 ejecuciones en nueve Estados.

También en Sudán la aplicación de la pena de muerte siguió marcada por deficiencias y arbitrariedades judiciales. Y a menudo -según Amnistía- se basó en juicios sin garantías y en pruebas obtenidas bajo tortura, y se utilizó como medio para controlar la oposición política en el país.

Llama la atención, además, que tanto Irán como Arabia Saudí son los dos únicos países en los que se ejecutaron a menores de edad, lo que constituye una flagrante violación del derecho internacional.

Pero no sólo los intereses políticos son óbice para llevar a cabo tales ejecuciones. También la machista sociedad musulmana castiga la homosexualidad en algunos países. Ser gay se considera un delito «grave» en  regímenes represivos como Irán, Arabia Saudita, Yemen, Sudán, Afganistán y Pakistán a los sospechosos se les aplica la pena máxima, bien la muerte en la horca o cadena perpetua.


En países islámicos -relativamente moderados- como Argelia, Túnez, Jordania, o Turquía hay más tolerancia hacia la homosexualidad, pero, igualmente, se castiga con multas o penas de encarcelamiento.

A nivel global, en los 25 países que todavía hoy siguen aplicando estos métodos de ejecución figuran el ahorcamiento, por arma de fuego, la decapitación, la lapidación, la electrocución y la inyección letal.

Film: “Pena de Muerte” (1995)

Hasta hace bien poco, hasta el siglo XVIII, la potestad de la sociedad de aplicar la pena de muerte en determinados casos a uno de sus individuos, no se discutía.

ORÍGENES

La primera referencia documentada contraria a su aplicación se circunscribe a un suceso puntual. En el año 427 a.c., Diodoto, argumentando que esta pena no tenía valor disuasorio, convenció a la Asamblea de Atenas de que revocara su decisión de ejecutar a todos los varones adultos de la ciudad rebelde de Mitilene.

Por su parte, Jayawardene, en “La pena de muerte en Ceilán”, explica que en el primer siglo después de Cristo, Amandagamani, rey budista de Landa (Sri Lanka) abolió la pena de muerte durante su reinado, y que lo mismo hicieron varios de sus sucesores. Al parecer, a principios del siglo IX de nuestra era, el emperador Saga de Japón también suprimió la pena de muerte.

Tomás Moro (1478-1535), víctima él mismo de la pena de muerte (acusado de alta traición por no reconocer la legalidad del divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón), en su obra “Utopía” se manifestó en contra con estas palabras:

“Dios prohíbe matar. ¿Y vamos a matar nosotros porque alguien ha robado unas monedas? Y no vale decir que dicho mandamiento del Señor haya que entenderlo en el sentido de que nadie puede matar, mientras no lo establezca la ley humana. Por ese camino no hay obstáculos para permitir el estupro, el adulterio y el perjurio. Dios nos ha negado el derecho de disponer de nuestras vidas y de la vida de nuestros semejantes. ¿Podrían, por tanto, los hombres, de mutuo acuerdo, determinar las condiciones que les otorgaran el derecho a matarse?”

Víctor Hugo (1802-1885), un gran pensador, pudo desarrollar una importante labor de divulgación de sus ideas sociales, siempre en defensa de los desfavorecidos. La pena de muerte era una de sus preocupaciones, y fue un firme defensor de su abolición.

“Y creéis que porque una mañana levanten una horca en sólo unos minutos, porque le pongan la soga al cuello a un hombre, porque un alma escape de un cuerpo miserable entre los gritos del condenado, ¡todo se arreglará! ¡Mezquina brevedad de la justicia humana! (…) Nosotros, hombres de este gran siglo, no queremos más suplicios. No los queremos para el inocente ni para el culpable. Lo repito, el crimen se repara con el remordimiento y no por un hachazo o un nudo corredizo. La sangre se lava con lágrimas y no con sangre.”

Sin duda, el impulso mayor de NO A LA PENA DE MUERTE se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. A medida que fue creciendo el movimiento en pro de los derechos humanos fue aumentado también la tendencia a favor de la abolición de la pena capital. Primero la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por parte de las Naciones Unidas en 1948.

Y, posteriormente, el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (1989), junto con distintos documentos regionales, fueron consolidando el movimiento abolicionista.

+ info en Amnistía Internacional

Por Iñigo Ortiz de Guzmán