En el Congreso de los Diputados ya no se habla de establecer la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona o de reformar el Senado, sino de la “estabilidad presupuestaria” -que queda fijada por mandato constitucional-.
Se nos dice que la intención es calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a nuestro país de una intervención.
Cuando, en definitiva, no es más que un corsé permanente al gasto público en España.
La idea es que para 2020 todas las Administraciones -central, autonómica y local- tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan.
Lo curioso es que lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventilara el pasado 22 de agosto.
Por sorpresa y en diez minutos (los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla).
La realidad es que la reforma se ha encontrado con la hostilidad de un sector de la opinión.
Se habla de “golpe de Estado financiero”, de “golpe a la democracia”, de “ruptura del consenso constitucional”, etc. Términos que coinciden con el resurgimiento del 15-M después del paréntesis papal.
Guste o no, lo cierto es que la iniciativa por acuerdo del PSOE y el PP es perfectamente legal. Si es o no democrática dependerá del concepto de democracia que se tenga. Pero legal, es.
Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores.
Pero bien es cierto también que , aunque el referéndum no sea legalmente obligatorio, lo es moralmente dada la trascendencia de lo que se reforma.
Pero -afirma Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas- «aquí aparecen discrepancias. Para unos, el tope del déficit es enterrar el Estado del bienestar; para otros, es una garantía del Estado del bienestar. Si no hay acuerdo mayoritario, la obligación moral se debilita.»
Socialistas y populares argumentan que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”.
Lo que no deben de saber es que España es el país de la UE-15 que tiene el gasto público social por habitante más bajo.
Por lo que se hace difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto van a corregir el enorme déficit de gasto público social.
Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía.
Pero como bien han señalado economistas de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Dean Baker, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes. Entienden que reducirían todavía más la demanda de bienes y servicios (estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada).
Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión.
Mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, imposible.
Con todo, la medida permitirá un déficit tope de un 0,4% del PIB. Un porcentaje excesivamente bajo.
En realidad, en los últimos 20 años, tal como subraya David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año.
Alemania lo consiguió sólo un año; EEUU, tres años, y el Reino Unido, cuatro.
El politólogo Vicenç Navarro afirma que es poco probable que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia).
En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.
El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.
En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008.
La reducción del déficit público -requerido por el criterio de Maastricht-, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social.
En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar.
Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.
Y lo más tremendo de todo es que, a los mercados, la dichosa reforma constitucional muy probablemente les importa un bledo.
Zapatero hizo mal al no consultar al partido, ¿no hace mal el partido al no consultar a los ciudadanos?
Y ¿qué ocurriría si se incumple esa norma constitucional? Pues puede que nada. De hecho, el Pacto de Estabilidad, contenido en el Tratado de la Unión desde 1997, limita al 3% del PIB el déficit máximo de los Estados y ha sido incumplido por la práctica totalidad de los países sin ninguna consecuencia práctica.
Esto es política de Estado, sí señor.
© Iñigo Ortiz de Guzmán
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