Es más que probable que, en un futuro no muy lejano, la edad de jubilación se eleve de los 65 a los 67.
O sí, o sí.
Esta es la conclusión o, al menos, la idea que tiene el Gobierno español.
Lo que supondría la tercera reforma de envergadura en la época democrática de España.
El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha añadido un matiz a la propuesta que llevará al Pacto de Toledo (el documento aprobado por consenso en el Congreso de los Diputados en 1995, que analiza y describe la evolución del sistema de pensiones): se hará incorporando «factores de flexiblidad razonables«.
ZP entiende que el envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema.
La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales.
Pero no hay consenso entre los dos grandes partidos sobre la forma en que hay que llevarla a cabo.
Tras casi un año de negociaciones, los grupos del Congreso han firmado un texto que incluye una coletilla en la que se señala: «En materia de edad legal de jubilación no hay acuerdo».
El PSOE, con la presión del Gobierno y forzado a su vez por los mercados, se queda solo en su batalla.
Pero insisten: «Estamos en un momento histórico para el futuro de nuestra economía y prosperidad porque afrontar la gravedad de la crisis hace que tengamos que tomar medidas históricas. Si las tomamos hoy, aunque en el presente no sean fáciles, en el futuro diremos que se hizo lo que se tenía que hacer. Todas las reformas que estamos haciendo suponen hoy esfuerzos y sacrificios, pero mañana, serán confianza prosperidad y empleo», ha subrayado el jefe del Ejecutivo.
Hasta el 28 de enero -fecha prevista para la aprobación de dicha reforma- se mantendrán arduas conversaciones con los grupos políticos y con las entidades sociales.
Decisiones que, sin duda alguna, no van a ser fáciles.
Y es que el alargamiento de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales.
Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro.
La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete.
Conclusión: ya que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo.
Es más, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual -y que es fuente de goce y estímulo- tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud.
En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes.
La jubilación es un derecho, no una obligación.
No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en especialidades (como la medicina) donde hay una enorme escasez de profesionales.
Con todo este galimatías, lo que es más que injusto es que la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, éste no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación.
Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más no es de recibo.
Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.
Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual.
Los norteamericanos tienen un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España: las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante las últimas tres décadas.
Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista.
El periodista, Ignacio Escolar, enumera en diez las claves para entender las pensiones en nuestro país:
1. España tiene una pirámide de población inusual: el baby boom duró hasta los 70, pero después la natalidad se hundió de golpe.
2. Esta singularidad demográfica va a provocar que cuando los nacidos en esa década –mi generación– nos empecemos a jubilar, seremos muchos más pensionistas que ahora en relación con el número de trabajadores que presumiblemente habrá.
3. A larguísimo plazo no se puede mantener el modelo tal cual está –donde las cotizaciones de unos sirven para pagar la jubilación de los otros– porque el número de pensionistas aumentará bruscamente, la esperanza de vida también sube y la natalidad no tiene pinta de mejorar.
4. España no gasta mucho en pensiones de jubilación: sólo el 8,4% del PIB, cuando la media europea es del 10,1%.
5. Si no hay reforma alguna y se cumplen los peores pronósticos de la UE, para el 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España será del 15,1%.
6. Es evidente lo difícil que resulta pronosticar cómo será la economía española dentro de 50 años; es tan ingenuo como hubiese sido imaginar en 1960 cómo sería España en 2010.
7. No es la primera vez que estas previsiones fallan.
8. Pero incluso dando por buenas estas cifras -todas salen del último informe de la UE-, ese 15,1% del PIB de gasto en pensiones será poco superior a lo que hoy (y no en 2060) gastan países como Francia (13%) o Italia (14%).
9. Hay dos soluciones: rebajar las pensiones y el tiempo en que se disfrutan para que salgan más baratas –en eso están–. O bien otra alternativa, de la que la derecha neoliberal no quiere ni oír hablar: que la diferencia, si es que es necesario, se pague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por medio de impuestos. Ya lo hacen así otros países, como Austria o Dinamarca.
10. Todo esto se sabe desde hace años y la prisa por reformar no viene por estos datos, sino porque a los mercados les encanta la austeridad. La de los demás.
SUPUESTO ERRÓNEO
Creámonos lo que nos dicen desde las altas instancias: que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%.
Un argumento que lo han utilizado una larga lista de instituciones, así como firmas de sensibilidad neoliberal, y hasta el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez -quien llegó más allá al indicar que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible-.
Algo que no se tiene en pie.
Y es que si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en cuarenta años sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220.
Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB). Y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91.
Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050.
Por lo que la alarma es totalmente infundada.
Según Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, «lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación».
¿CÓMO SE CALCULA LA PENSIÓN?
Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado:
– Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos.
Por tanto, a modo de ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado religiosamente a la Seguridad Social durante 35 o más años.
– Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y ha cobrado la hipotética cifra de 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendrá derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo).
Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.
¿QUÉ DICEN LOS SINDICATOS?
CC OO se opone a retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, no vería mal ampliar el periodo de cómputo siempre que se pudiera elegir los mejores años de cotización, lo que redundaría en beneficio del pensionista.
UGT, por su parte, se opone a las dos cosas.
En cualquier caso, los sindicatos defienden que no solo hay que actuar por la vía del gasto a través de recortes, así como por la vía de los ingresos: aumentar las bases de cotización (lo que equivale a mejores sueldos), integrar en el régimen general a los del seguro agrario y empleadas de hogar, que el Estado asuma algunas partidas como el complemento a mínimos, y, por supuesto, mejorar el mercado laboral para que más trabajadores contribuyan.
Ambos sindicatos han salido hoy a las calles como protesta por la postura del Gobierno, portando pancartas que aluden a los políticos, como «Zapatero y Mariano, los perros del hortelano».
En total, han organizado marchas en casi 40 ciudades españolas.
Entre los participantes hay gran presencia de representantes de IU.
Su coordinador federal, Cayo Lara, ha asegurado esta mañana que Rodríguez Zapatero se ha convertido en un «problema para España» y que él mismo «está convocando otra huelga general».
AJUSTES ECONÓMICOS
Mientras tanto, el Banco de España informa: la deuda autonómica ha aumentado un 27% en un año y la sitúa en el 10% del PIB. El descontrol sobre esa deuda constituye un auténtico problema de Estado.
Zapatero lo ha apostado todo a una salida de la crisis que pasa por aplicar uno por uno los calmantes que los mercados exigen. Los mismos que a su vez deciden los gobiernos neoliberales de Merkel, Sarkozy o Cameron, sin atender una sola sugerencia que se salga del tratamiento recetado por los mismos doctores que envenenaron al paciente.
¿Quién ha decidido que es imprescindible retrasar la edad de jubilación en lugar de fomentar una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo? ¿Alguien ha preguntado a los ciudadanos si prefieren pagar un nuevo impuesto -siempre progresivo- que les garantice un retiro digno?
Por Iñigo Ortiz de Guzmán
Continuación de A vueltas con los 67
El dibujo que sale con esos rasgos es el vivo retrato de Monti, que ayer ya despachó largo y tendido con Il Cavaliere antes de que este dimitiera, quizás para limar algún pequeño detalle sobre los procesos judiciales pendientes o la colocación de los principales protagonistas de esta etapa infame del berlusconato.
Pero la gente salió a la calle y le aplicó un correctivo con su voto en contra de la ley de legítimo impedimento.
Retazos del Mundo 
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