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La Constitución y la moral

En el Congreso de los Diputados ya no se habla de establecer la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona o de reformar el Senado, sino de la “estabilidad presupuestaria” -que queda fijada por mandato constitucional-.

Se nos dice que la intención es calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a nuestro país de una intervención.

Cuando, en definitiva, no es más que un corsé permanente al gasto público en España.

La idea es que para 2020 todas las Administraciones -central, autonómica y local- tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan.

Lo curioso es que lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventilara el pasado 22 de agosto.

Por sorpresa y en diez minutos (los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla).

La realidad es que la reforma se ha encontrado con la hostilidad de un sector de la opinión.

Se habla de “golpe de Estado financiero”, de “golpe a la democracia”, de “ruptura del consenso constitucional”, etc. Términos que coinciden con el resurgimiento del 15-M después del paréntesis papal.

Guste o no, lo cierto es que la iniciativa por acuerdo del PSOE y el PP es perfectamente legal. Si es o no democrática dependerá del concepto de democracia que se tenga. Pero legal, es.

Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores.

Pero bien es cierto también que , aunque el referéndum no sea legalmente obligatorio, lo es moralmente dada la trascendencia de lo que se reforma.

Pero -afirma Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas- «aquí aparecen discrepancias. Para unos, el tope del déficit es enterrar el Estado del bienestar; para otros, es una garantía del Estado del bienestar. Si no hay acuerdo mayoritario, la obligación moral se debilita.»

Socialistas y populares argumentan que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”.

Lo que no deben de saber es que España es el país de la UE-15 que tiene el gasto público social por habitante más bajo.

Por lo que se hace difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto van a corregir el enorme déficit de gasto público social.

Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía.

Pero como bien han señalado economistas de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Dean Baker, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes. Entienden que reducirían todavía más la demanda de bienes y servicios (estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada).

Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión.

Mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, imposible.

Con todo, la medida permitirá un déficit tope de un 0,4% del PIB. Un porcentaje excesivamente bajo.

En realidad, en los últimos 20 años, tal como subraya David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año.

Alemania lo consiguió sólo un año; EEUU, tres años, y el Reino Unido, cuatro.

El politólogo Vicenç Navarro afirma que es poco probable que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia).

En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.

El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.

En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008.

La reducción del déficit público -requerido por el criterio de Maastricht-, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social.

En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar.

Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.

Y lo más tremendo de todo es que, a los mercados, la dichosa reforma constitucional muy probablemente les importa un bledo.

 

Zapatero hizo mal al no consultar al partido, ¿no hace mal el partido al no consultar a los ciudadanos?

Y ¿qué ocurriría si se incumple esa norma constitucional? Pues puede que nada. De hecho, el Pacto de Estabilidad, contenido en el Tratado de la Unión desde 1997, limita al 3% del PIB el déficit máximo de los Estados y ha sido incumplido por la práctica totalidad de los países sin ninguna consecuencia práctica.

Esto es política de Estado, sí señor.

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© Iñigo Ortiz de Guzmán

Franco resiste

Cualquiera que abra un libro y lea que Franco fue un general valeroso y católico, que participó en un golpe de Estado contra un Gobierno caótico con el único fin de restaurar la monarquía democrática, probablemente pensará que se trata de una de aquellas historias de la cruzada española que el régimen utilizó como propaganda.

La sorpresa es mayúscula cuando uno se percata de que no se trata de ningún panfleto franquista, sino del Diccionario Biográfico Español.

Una monumental colección de 50 tomos.

Y editada precisamente por la Real Academia de la Historia, que le ha costado al erario público 6,4 millones de euros, y que presentaron hace una semana el rey Juan Carlos y la ministra Ángeles González-Sinde.

La entrada del diccionario correspondiente a Francisco Franco Bahamonde, que ocupa cinco páginas del volumen número 20, tan sólo dedica un párrafo a hablar de la Guerra Civil e incluye afirmaciones tan polémicas como esta: “Montó un régimen autoritario, pero no totalitario.

Va más lejos todavía que la definición que da la RAE de franquismo, al que califica como movimiento “de tendencia totalitaria”.

¿AUTORITARISMO O TOTALITARISMO?

Lo que es cierto es que Francisco Franco es de los pocos personajes históricos que han dado su nombre a un régimen político, lo que pone justamente de relieve una de sus principales características: el papel central que en él tuvo el líder.

Podría darse una definición mínima y formal de la dictadura como aquel régimen político en el que un individuo, o un pequeño grupo de individuos, ostenta un poder ilimitado (esto es, sin limitaciones constitucionales) y lo ejerce de forma discrecional. Franco ostentó en todo momento el poder absoluto (y vitalicio); por lo cual calificar su régimen de dictadura releva de la definición objetiva y no del “juicio de valor” (así se justifica el académico Luis Suárez por no haber empleado este término en su reseña del “Generalísimo”).

Eve Giustiniani -doctora en Estudios Hispánicos y profesora en la Universidad de Aix-en-Provence (Francia)- lo entiende así. Y añade que calificar el franquismo de autoritario o totalitario es algo más delicado.

Primero porque el régimen atravesó distintas fases y tuvo que adaptarse a lo largo de casi cuatro décadas a las circunstancias que lo rodeaban.

Desde 1936 hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, Franco dirigió un sistema nacional-sindicalista y falangista indudablemente totalitario, según Gustiniani; pero a partir de este momento, buscando nuevos apoyos internacionales, redefinió el régimen como esencialmente católico y anticomunista.

Y luego porque no existe consenso en la comunidad científica sobre la definición de los términos de totalitarismo y autoritarismo.

Para poder definirse como totalitario, al franquismo le faltaría la ambición de englobar todos y cada uno de los aspectos de la vida en un partido único, confundido con el Estado. Una de las peculiaridades del régimen fue su identificación con el líder, la lealtad al Caudillo colocada por encima del acatamiento a la jerarquía del partido.

De lo que no se puede dudar, en cambio, es de que el régimen franquista nunca tuvo una Constitución como tal. Por lo que el franquismo es y fue lo contrario de un Estado de derecho.

Lo peor es que la publicación no tiene remedio.
Lo peor es que media docena de voces han lesionado la credibilidad de un Diccionario en el que se ha invertido mucho dinero público, y han puesto en berlina a una ilustre institución siempre discreta.

Una obra de estas características publicada en Francia no hubiera puesto paños calientes sobre la figura de Pétain (que tomó de Franco la idea de autodesignarse jefe de Estado), ni un diccionario belga hubiera disimulado el recuerdo de Léon Degrelle (que murió en Madrid bajo la protección del franquismo).

El catedrático de literatura, José Carlos Mainer, piensa que por estas y otras muchas cosas la trayectoria política de Franco tiene sentencia firme y es falso que haya sobre ella ninguna polémica de historiadores, como no la hay sobre Fernando VII.

Conviene que se sepa que los defensores de Franco y su herencia no son historiadores solventes, o son aficionados ambiciosos que ejercen de oráculos de un público cautivo.

Mainer entiende que no es de recibo decir que a los jóvenes de hoy les es más familiar el adjetivo “autoritario” que el sustantivo “dictadura”. Ni se puede esgrimir el derecho a la libre opinión de un autor cuando se trata de una obra colectiva y cuando existe una dirección profesional responsable.

Al final, no se trata de ejercer la censura sino el sentido común.

Aquí ocurre lo que en otros lugares no ocurre.

Se tiene en cuenta al medievalista Luis Suárez (sí, sí,…medievalista;  e historiador vinculado a la Fundación Francisco Franco) para escribir sus opiniones sobre éste o sus piadosas consideraciones sobre Escrivá de Balaguer -a las que tiene perfecto derecho-.

Mientras tanto, a historiadores de la talla de Julián Casanova o Paul Preston se les tendrá que caer la cabeza de vergüenza ajena.

Ver que Suárez no hace una sola mención a la represión franquista durante y después del conflicto, que ellos tanto han tratado.

Pero claro, esto es España. Somos así.

Todo lo contrario ocurre en Oxford donde los textos se sometieron a un intenso proceso de revisión académica por un extenso equipo de editores, que con frecuencia devolvían las biografías a sus autores para que las corrigieran.

Pero no pasa nada. En España somos así, ensalzamos cosas así.

Transcribimos la Historia y ya está. Y dejamos que Suárez afirme que él no es partidario de la “memoria histórica” sino de la “conciencia histórica”.

Es verdad que no es bueno legislar sobre la “memoria histórica”.

Lo que parece difícilmente compatible con esa conciencia es la exoneración de las culpas de Franco y del franquismo. Aquello de la “verdad histórica” es un concepto al que suelen ser muy aficionados los historiadores reaccionarios.

Los demás se limitan a buscarla.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

Schengen: tú SÍ, tú NO

Es como deshojar la margarita: ahora te quiero, ahora no…

Y es que Dinamarca irrumpió ayer con estrépito en el debate sobre la seguridad fronteriza que desde el mes pasado monopoliza los pasillos de la UE.

Un acuerdo de la coalición de liberales y conservadores con el Partido del Pueblo Danés (de extrema derecha) pretende resucitar los controles a los viajeros que lleguen al país desde Alemania y Suecia.

¿Su objetivo? Dicen que luchar contra la inmigración irregular y el crimen organizado.

Lo cierto es que iría en contra de la legislación comunitaria sobre el movimiento de bienes y personas.

De entrar en vigor “en las próximas semanas”, abriría una grieta -quizás irreversible- en el Tratado Schengen. Un pacto que garantiza la libertad de circulación en Europa y que cuenta con 25 países miembros, entre ellos Dinamarca.

La decisión sorprendió -claro está- en Bruselas, donde los 27 embajadores de los Gobiernos de la UE terminaban una reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Interior de hoy. En la agenda figura la propuesta de flexibilizar el acuerdo Schengen para permitir los controles fronterizos más frecuentes, como habían pedido Francia e Italia.

El Gobierno español ya ha manifestado su negativa a la reforma de tal acuerdo.

A todas luces, al cierre de puertas con el que la UE parece estar respondiendo a las revoluciones democráticas de Túnez, Egipto y Libia.

LA LIBRE CIRCULACIÓN

Pertenecen a Schengen 22 países de la UE (son la excepción Irlanda, Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Rumanía) y los extracomunitarios Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

En total, más de 400 millones de ciudadanos que pueden circular libremente por Europa.

El Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 en la localidad del mismo nombre en Luxemburgo, fronteriza con Francia y Alemania.

Cinco países de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) -Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo- llegaron a un acuerdo para la supresión de fronteras comunes.

El acuerdo tenía dos fines.

Por una parte, eliminar los controles para las personas en las fronteras interiores y definición de las fronteras exteriores comunes. Y, por otra, un paquete de “medidas compensatorias” para reforzar y aumentar las fronteras exteriores como la cooperación judicial y policial.

Al acuerdo inicial de estos cinco Estados se sumaron a principios de los años noventa, Italia, España, Portugal y Grecia.

En 1995, Austria firmó el convenio y al año siguiente se incorporaron Dinamarca, Finlandia, y Suecia. Paralelamente se sumaron Noruega e Islandia aunque estos países no forman parte de la Unión.

En 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el acervo del convenio de Schengen se incorporó al derecho europeo, mediante un protocolo.

Además de favorecer la movilización de los ciudadanos, el espacio Schengen permite que con un solo visado, cualquier visitante extranjero puede viajar a los 25 Estados pertenecientes al convenio.

Schengen es un descomunal ejercicio masivo de confianza mutua porque automáticamente los socios del club reconocen las decisiones sobre acceso de personas a la zona que toma uno de ellos.

Esa confianza es la que ha saltado por los aires en el pulso entre Roma y París por la llegada a Italia de más de 20.000 tunecinos, y el deseo italiano de quitárselos de encima exportándolos a Francia y otros países de la Unión.

Mientras tanto, los ministros de Interior de los Veintisiete -divididos sobre los planes de Sarkozy y Berlusconi- han comenzado hoy a preparar el trabajo para que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE diriman la cuestión en el Consejo Europeo de finales de junio.

Mientras EE.UU. abre la mano a la regularización de millones de indocumentados, Sarkozy y Berlusconi pastorean a placer los bueyes de la Unión.

Mientras tanto, el resto de Europa se queda boquiabierta con la decisión danesa.

Para Ignacio Molina, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, «el acuerdo de Schengen más o menos enmendado sobrevivirá porque los perjuicios de derogarlo superan las ventajas que ha traído en los últimos 25 años simplificando el cruce de fronteras». (…) Y añade, «hay quien ve aquí, pese a todo, el vaso medio lleno porque la crisis se ha reconducido a través de las instituciones, pero el episodio deja una percepción patética y pueblerina».

Eso que se llama el nacionalismo más rancio, añadiría yo.

Cómo cambian las cosas…

Ellos, los inmigrantes. Los que en estos tiempos de crisis ya no son tan bienvenidos como lo eran cuando contribuían con su fuerza de trabajo a la prosperidad desbocada del continente.

Cómo hemos cambiado…

© Iñigo Ortiz de Guzmán

Alemania dice, el resto calla

La Unión Europea no consigue calmar a los mercados que renovaron ayer su presión sobre el euro y los bonos de las naciones periféricas de la eurozona.

En el centro de la crisis se encuentran no sólo estas naciones, sino el país más poderoso de la UE: Alemania.

Su canciller Angela Merkel frustró la petición del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ampliar en 750.000 millones de euros el capital del fondo de apoyo al euro.

Un plan concebido como un parachoques contra los ataques de la especulación o el colapso económico de uno de los socios de la moneda única.

En un nuevo tira y afloja entre la canciller casi en solitario y el resto de los países del Eurogrupo, Alemania también descartó la emisión de eurobonos de deuda para apuntalar el fondo a partir de 2013.

Una inyección de capital que iría destinada a fortalecer los recursos para apoyar a los Gobiernos cuya deuda pública se vea nuevamente atacada.

“No veo la necesidad de aumentar el fondo”, zanjó el miércoles la canciller.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, considera que la oposición de Alemania a la emisión de eurobonos es una actitud antieuropea.

La tensión pues crece en el seno de la UE entre rescates de países miembros.

Así es Merkel.

Primero reticente al rescate de Grecia y después a la creación del actual sistema de apoyo, recordó que sólo se ha usado “un porcentaje muy pequeño” en ayudas a Irlanda.

De los 440.000 millones de euros que avalan los socios del euro, Irlanda sólo recibirá 17.700. Mientras que el resto provendrá de una partida de los presupuestos de la UE, el FMI y las contribuciones de Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

La capacidad de maniobra en la gestión de la crisis se encuentra seriamente limitada.

Los mercados financieros detectan esta torpeza y responden con una acusada volatilidad y con un castigo a los diferenciales de los bonos públicos de las economías tenidas por periféricas.

Así las cosas, el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que seguir ocupando el centro del ring en el encarnizado combate entre la eurozona y los mercados financieros.

Por lo que acaba de comprar 2.000 millones de euros en bonos soberanos.

AL RESCATE

La debacle griega a principios de año, puntapié inicial de la crisis del euro, se profundizó por las vacilaciones de Alemania que solo aceptó intervenir cuando el contagio a otros países de la eurozona amenazaba con convertirse en epidemia.

En octubre Alemania, convertida en parangón de rectitud fiscal europea, acordó con Francia un nuevo mecanismo para que los acreedores asumieran pérdidas en los pagos cuando una deuda no estaba en condiciones de ser pagada.

Dicho mecanismo estaba planeado para 2013 cuando expirase el actual Fondo de Rescate de la UE, pero los mercados financieros no entraron en sutilezas y -asustados- empezaron a desprenderse de los bonos de algunos países, encareciendo los préstamos para los llamados PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

En el caso del Tesoro español, los intereses de la deuda son un 76% superiores a los que paga Alemania.

Los inversores exigen más rentabilidad a los bonos españoles porque creen que, dadas las circunstancias económicas, el Tesoro puede tener problemas de liquidez que -llevados a un caso extremo- podrían llegar a convertirse en dificultades de solvencia.

El mercado teme que España pase problemas.

La penaliza por ello.

Y así, eleva el coste de la deuda hasta niveles difícilmente soportables y esta situación termina generando efectivamente problemas de liquidez para el país.

Curiosamente, en los años en los que Alemania apenas crecía, el Banco Central Europeo le garantizó una política de tipos de interés extremadamente bajos -política que, por otra parte, contribuyó a alimentar las burbujas en los países que estaban siendo fiscalmente disciplinados-.

Pero cuando el resto de Europa necesitó de una política fiscal más expansiva en aquellos países que como Alemania se la podían permitir, esta fue bloqueada por una poderosa coalición formada por el Gobierno alemán, su banco central, su tribunal constitucional, y una opinión pública cada vez más beligerante contra los supuestamente manirrotos europeos del Mediterráneo.

Ahora, España está atrapado en un círculo y necesita romperlo. En esa línea van acciones de austeridad y privatizaciones como las aprobadas la semana pasada por Zapatero, que han “impresionado” al Eurogrupo, en palabras del propio Juncker.

Pero puede no ser suficiente, porque el mercado ya ha probado sobradamente, primero con Grecia y después con Irlanda, su capacidad para crear corrientes de tendencia difícil de revertir.

EURO: HUNDIMIENTO O SALVACIÓN

Merkel choca con dos obstáculos internos: uno político, otro institucional.

A nivel político las encuestas y los diarios populares dejan en claro diariamente que hay escasa simpatía por los rescates a países que son vistos como ineficientes o corruptos.

El rey de los tabloides sensacionalistas alemanes -el Bild lo resume así:

“¿Vamos a tener que rescatar a toda Europa?”

A nivel institucional, el problema pasa por la Corte Constitucional alemana.

La eurozona se rige legalmente por el tratado de Maastricht (firmado en 1992 ) que incluía entre sus cláusulas un pacto fiscal con un tope del 3% para el déficit fiscal, así como la prohibición de que un miembro fuera rescatado por otros en caso de incumplirlo.

La Corte Constitucional está examinando si el rescate aprobado en mayo para Grecia por la Unión Europea y el FMI no viola el tratado.

Si a pesar de todo Merkel defiende al euro es porque un derrumbe de la moneda única europea sería tan costoso para Alemania como para el resto de la eurozona.

Antes -el pasado 3 de diciembre- Merkel advertiría por primera vez que su país podría abandonar el euro para establecer un nuevo régimen de la moneda única.

Según José Fernández Albertos -científico titular del CSIC (Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos se pueden hacer dos interpretaciones del comportamiento del país germano: La primera admite que Alemania no está dispuesta a dejar fracasar el euro. Si la política hoy dominante -que la carga del ajuste caiga en los países periféricos- acaba siendo inviable, a Alemania no le quedará más remedio que volverse europeísta y arrimar el hombro. Pero solo lo hará cuando el euro esté en situación crítica, porque solo entonces Merkel podrá convencer a la sociedad alemana de las impopulares decisiones que habrán de tomarse, como la europeización de la deuda pública, la creación de un Fondo Monetario Europeo o el cambio de las reglas de gobernanza macroeconómica en la eurozona. Cuanto más se pueda retrasar ese momento endureciendo las políticas fiscales de la periferia, mejor. (…)

La otra interpretación, añade Fernandez Albertos, es: Sencillamente, lo que hemos presenciado es una muestra de que Alemania no está dispuesta a sacrificar los principios orientadores de su política económica nacional para salvar la unión monetaria. Si así fuera, el futuro del euro quedará en manos de la capacidad de sacrificio de las economías y sociedades de los países de la periferia en términos de desempleo, recortes en Estado de bienestar y estancamiento económico. Y como bien saben quienes están especulando en los mercados de deuda de estos países, la capacidad de aguante de las sociedades democráticas no es infinita.

EL MILAGRO ALEMÁN

La economía puede ser la salida de este laberinto.

La recesión mundial de 2009 golpeó duramente a la economía germana, segundo exportador global, que sufrió una caída de casi un 5%.

Este año se calcula un crecimiento del 4%.

Más importante aún, hay señales de algo que solía faltar en el engranaje alemán: un mayor consumo.

A la sombra de la hiperinflación de los años 20, los alemanes generaron una cultura ahorrativa y cautelosa. Pero la actual recuperación económica y cambios generacionales están generando una explosión de consumo que, según el consejo económicio asesor alemán, debería aumentar un 1,6% el año próximo.

Ese es, quizá, el quid de la cuestión: una Alemania consumidora podría tener una de las llaves para la recuperación de una eurozona cuyo mayor problema no es la deuda, el déficit o los mercados sino la falta de crecimiento.

EL TAMAÑO DE ESPAÑA IMPORTA

Al igual que el rescate de Grecia en mayo, el de Irlanda fue anunciado con bombos y platillos como la vacuna que evitaría el contagio a otros países de la eurozona.

En términos epidémicos la duda era si no se llegaba tarde para Portugal, pero se calculaba que los 85.000 millones de euros para Dublín serían una muralla que protegería el área peligrosa de la eurozona: España.

La economía española representa el 9% de la Unión Europea más que Portugal (1,4%), Irlanda (1,4%) y Grecia (2%) juntos.

La deuda española en relación al PIB no es fuerte (53,2%), pero su déficit fiscal sí (11,1%)

En el caso de Italia (12,9% del PIB europeo) el problema es el inverso: su deuda es un 116% del PIB mientras que su déficit fiscal es un 5%.

En todo caso…

Un rescate de España desbordaría los fondos de la Facilidad de Estabilidad Financiera Europea, un fondo de 600.000 millones de dólares constituida tras la crisis griega para calmar a los mercados con un mensaje de solvencia en la eurozona.

A finales de abril se vencen 15.500 millones de euros en bonos estatales, y unos 35 mil millones de deuda de los bancos españoles.

Por lo que no sorprende que los inversores y la Union Europea estén un poco inquietos.

La pregunta es: ¿no se acordaron un poco tarde?

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Grecia. Tiempo de cambios

La caída de Irlanda

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Centrales nucleares

La energía nuclear despierta pasiones, tanto a favor como en contra.

España cuenta con ocho centrales nucleares desde 1970 (la última se puso en marcha en 1987).

Las nucleares no están dispuestas a aceptar que la vida útil de las centrales acaba a los 40 años.

Santa María de Garoña, inaugurada en 1971, se está convirtiendo en la punta de lanza del sector para exigir al Gobierno que recapitule y amplíe la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Garoña (Burgos) sentará precedente y las nucleares han visto su gran oportunidad en las dudas del Gobierno de Zapatero, que ya prorrogó hasta el 2013 su cierre en contra de su programa electoral y a pesar de que en el 2011 esa central cumplirá 40 años.

El director de la central de Santa María de Garoña, José Ramón Torralbo, es un acérrimo defensor de la seguridad y capacidad operativa de esta instalación.

Las nucleares quieren hacer visualizar su apoyo a Garoña porque saben que el destino de la nuclear burgalesa acabará marcando el futuro del resto de centrales.

Para lograrlo, el sector nuclear sabe que deberá encontrar primero apoyos en el territorio y en la clase política. La continuidad de Santa María de Garoña -a escasos kilómetros de la frontera con Álava (Euskadi)- está respaldada por los 21 ayuntamientos del valle de Tobalina, además de la Junta de Castilla y León (PP).

Asimismo, para lograr convencer a la sociedad, Garoña -que se juega su futuro- ha intensificado una política de comunicación activa para abrir la central a la población de su entorno.

Hasta 14.000 personas visitan cada año la nuclear.

En el taller donde los operarios simulan maniobras de reparación, la dirección de la central ha preparado una pequeña exposición en la que explica, paso a paso, el sistema ideado en los años 80 para combatir las grietas que se detectaron en la vasija del reactor.

Los ecologistas hicieron de este defecto de fabricación uno de sus caballos de batalla para reivindicar el cierre definitivo de Garoña.

Ahora la nuclear quiere convertir el defecto en virtud.

“No hay ninguna razón técnica que justifique el cierre de Garoña, es una decisión política”, argumenta Torralbo, agarrándose al informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una de las bazas que utilizan las nucleares para reivindicar que la vida útil de una central puede superar los 40 años, e incluso llegar a los 60, está en la política de Estados Unidos.

Hasta siete nucleares americanas han recibido la autorización de su gobierno para operar hasta los 60 años; la más antigua de ellas fue inaugurada en 1969 (dos años antes que Garoña).

Las centrales catalanas confían también en forzar el cambio de criterio del Gobierno, por lo que aseguran que su plan de inversiones se está desarrollando ya pensando en una vida de 60 años. “Hay equipos que no cambiaríamos si pensáramos en los 40 años y también condiciona la política de formación”, explica Manel Campoy, director de Vandellòs II.

Las nucleares catalanas saben que lo que pase en Garoña afectará a todo el sector.

EFECTOS RADIOLÓGICOS

Lo cierto es que, según un estudio alemán realizado por la Universidad de Mainz a petición de la Oficina Federal de Protección Radiológica de ese país, nos muestra un dato que ya sospechábamos: vivir cerca de una central nuclear incrementa los riesgos de padecer cualquier tipo de cáncer en los niños.

Al parecer, existía una clara relación entre la proximidad de la central y el desarrollo de alguna enfermedad oncológica, siendo el radio de cinco kilómetros próximos a la central el más peligroso para tal efecto.

Aunque en un radio de 50 kilómetros ya se perfilaba el aumento del riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

¿Quién no se acuerda a día de hoy, hace 24 años, de los estragos que supuso la explosión de la central térmica rusa de Chernobyl, y sus consecuencias a la sociedad, en especial, a los más pequeños?

REACTORES NUCLEARES EN EL MUNDO

A nivel global, son 436 los reactores en funcionamiento, y más de una treintena se están construyendo.

DEBATE NACIONAL

El Gobierno de España tiene un serio problema sobre la mesa, y es, qué hacer con las centrales nucleares que tenemos en nuestro territorio.

De todos es sabido, que el gobierno del PSOE, tiene una postura más bien contraria a la energía nuclear, tal y como proponía en su programa electoral. Esta postura, totalmente legítima, choca frontalmente con los fuertes intereses del lobby nuclear o con los legítimos derechos laborales de las personas que trabajan en estas instalaciones, entre otros.

Es cierto que la energía eléctrica es un tema estratégico y de suma importancia para la economía productiva de España.

Y es que nuestro país es dependiente en energía, ya que carece de yacimientos petrolíferos. De este modo, se puede afirmar que hay un problema de abastecimiento energético de países como Rusia, Argelia, Libia o Arabia Saudi.

Así con todo, las únicas fuentes energéticas con las que cuenta el país para autoabastecerse son carbón, las energías renovables (como la eólica o la solar), la hidráulica y nuclear.

Y ninguna de ellas suministra el 100% de la energía que se necesita, al ritmo al que consumimos.

Casi dos tercios del consumo nacional procede de combustibles fósiles (responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), mientras que las centrales nucleares aportarán este año el 19% de la energía eléctrica que se consume en España.

En todo caso, en años secos, con menor producción hidroeléctrica, contribuyen con más de la cuarta parte de la energía.

Los inconvenientes nucleares son la generación de residuos de alta radiactividad y, especialmente, su tratamiento.

Se guardan en las piscinas de cada una de las centrales, aunque se prevé la construcción de un almacén temporal que recoja los residuos de las ocho centrales (dos de ellas ya cerradas), sin emplazamiento definido por el momento.

El Consejo de Seguridad Nuclear y Enresa se encargan de la supervisión de las plantas y la gestión de residuos, respectivamente. Sin embargo, los opositores de las nucleares advierten de los riesgos ambientales y para la salud en caso de accidente.

Un anuncio de GREENPEACE se hace eco del calentamiento de la Tierra; y, claro, las centrales tienen algo que ver…

En todo caso, los procesos de desmantelamiento de una planta nuclear no son ni fáciles, ni rápidos, ni económicos.

Así, por ejemplo, en la deconstrucción de la central de Vandellós I se generaron unas 97.000 toneladas de residuos, de las cuales 79.000 eran escombros de hormigón (que se reutilizaron para restaurar el emplazamiento), y más de 1.700 toneladas eran residuos radiactivos de baja y media actividad.

En el caso de Garoña, si el cese se produce el 6 de julio de 2013, los trabajos de desmantelamiento comenzarían tres años después. Tiempo en el que se extraería el combustible gastado de la piscina y se depositaría en un ATC (Almacén Temporal Centralizado), si para esa fecha está construido.

Tenemos un grave problema y es: ¿Qué hacemos con las centrales nucleares que tenemos en España?

Seguir manteniéndolas durante más tiempo, a pesar del peligro que podría suponer el mantener un parque nuclear envejecido, con una tecnología obsoleta. O bien, renovar este parque nuclear, abordando la construcción de nuevas nucleares con tecnología más avanzada y con mejores rendimientos.

Y el tema de la gestión de los residuos que generan estas centrales.

A día de hoy nadie sabe que hacer con ellos y difícilmente exista un municipio en España que quiera albergar un almacén donde albergarlos.

De seguir con este ritmo de generación, en el período 2008-2012 los gases de efecto invernadero pueden ser superiores en un 60% a las del año 1990. Y eso a pesar de que en el Protocolo de Kyoto se asumió el compromiso de no sobrepasar un aumento del 15% entre 1990 y 2010.

Este enorme incremento puede suponer fuertes sanciones por parte de la UE y un elevado coste por la compra de derechos de emisión.

El desarrollo y la apuesta por las energías renovables puede convertirse en una necesidad, si se quiere conseguir un desarrollo sostenible en un mundo con creciente demanda de energía.

¿Será suficiente con los parques eólicos y las placas fotovoltaicas para alimentar la creciente demanda de energía de España? ¿Podría suplir esta tecnología, la energía eléctrica, que generan las nucleares actuales?

Algunos expertos en la materia abogan por un sistema energético español diverso, en el que tengan cabida los actuales sistemas de generación y en el que tenga una mayor presencia las renovables.

Otros abogan por un sistema en el que la nuclear tenga más presencia, dado que piensan que la generación a través de los sistemas renovables son muy inestables. Los defensores de la energía nuclear mantienen que en la Unión Europea -gracias a este sistema de producción- se evita la emisión anual a la atmósfera de 700 millones de toneladas de CO2, al producir la tercera parte de la electricidad que se consume sin los problemas de impacto ambiental que produce la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles; contribuyendo además al ahorro de las reservas de estos combustibles, que resultan imprescindibles, por ejemplo, para el transporte.

Si la energía nuclear es la solución a nuestros problemas de suministro de energía de forma limpia y sin impacto medioambiental, ¿por qué existe un profundo debate en cuanto a su desarrollo y utilización?

La población que vive cerca de una central nuclear escucha con preocupación el debate y no deja de pensar en aspectos como:

—Los posibles usos bélicos de la energía nuclear, ya que los combustibles nucleares son los materiales con que se fabrican las armas nucleares.
—El riesgo de accidentes que originen consecuencias tan graves como el ocurrido en la central de Chernobyl.
—El problema existente en el almacenaje o eliminación de los residuos radioactivos generados, cuya “vida” es de varios miles de años, principalmente en los de alta actividad, que son los generados por el combustible gastado.

DESARROLLO NUCLEAR POR PAÍSES

FRANCIA- Las nucleares galas se revisan cada diez años. A lo largo del 2010 se han verificado las condiciones de las 58 centrales para ver si llegan a los 40 años. Tres cuartas partes de ellas se abrieron entre 1979 y 1990. La eléctrica EDF estudia ahora cómo prolongar su vida hasta los 60 años.

EE.UU.- Paralizó la construcción de centrales tras un accidente en 1979 en Pensilvania. Pero Obama intenta dar un impulso al sector apoyando la puesta en marcha de dos reactores en el Estado de Georgia. Un total de 59 reactores (de los 104 existentes) cuentan con licencia para funcionar seis décadas.

ALEMANIA- Aprobó en septiembre prolongar una media de doce años la vida de sus 17 centrales nucleares. Las más antiguas estarán activas ocho años, y las más modernas se mantendrán catorce años más. Eso significa que algunas continuarán en servicio más allá del 2030.

RUSIA- Desde 2003 apuesta abiertamente por la energía nuclear como factor de estabilidad y de defensa frente a las crisis energéticas. Actualmente, hay 31 reactores en funcionamiento y nueve más en fase de construcción.

CHINA- Necesita toda la energía. La contribución de la nuclear es del 1%, pero plantea aumentarla hasta el 4% en 2020. Para ello va a construir 30 centrales nucleares (21 ya en marcha), y ya tiene 11 en funcionamiento. Eso sí, también apuesta por saltos hidroeléctricos y renovables.

 

Aún siendo una visión egoísta, siempre nos quedará pensar que hasta que no ocurra un desastre cerca de donde uno vive, se estará a salvo.

“¡¡Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado!!” (por QUINO)

Por Iñigo ortiz de Guzmán

Conflicto en el Sáhara Occidental

Hace treinta y cinco largos años que el pueblo saharaui no vive en paz, que la tierra y las piedras de esa región han cerrado sus ojos para que no les escueza la sangre de las personas que han muerto durante todo ese largo tiempo.

Merece la pena, pues, escribir ahora que se cumple el aniversario de la Marcha Verde y de los Acuerdos de Madrid, unas breves líneas de protesta, que sirvan como minúsculo canto a la libertad y los derechos más esenciales de las personas.

Fruto de todos estos años, el pasado lunes las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaban por la fuerza el campamento de Gdaim Izik, situado cerca de la capital del Sáhara Occidental, en El Aaiún.

Desde hacía aproximadamente un mes, unos 20.000 saharauis establecidos en 7.000 jaumas (tiendas nómadas) exigían mejores condiciones de vida para su pueblo.

Los organizadores reivindicaban viviendas, puestos de trabajo y ayudas sociales para los saharauis. No había, en principio, demandas políticas de autodeterminación o independencia.

Se trataba de la mayor protesta saharaui desde que en 1975 España se retiró de la colonia.

Consecuencias: un saldo indeterminado de fallecidos -por la imposibilidad de acceso de los periodistas a la zona- y decenas de detenidos y heridos.

Mientras que Marruecos habla de 11 policías y dos saharauis fallecidos (uno de ellos con nacionalidad española), el Frente Polisario (el movimiento pro autodeterminación del Sáhara Occidental) eleva la cifra de muertos saharauis hasta al menos 19, y añade más de 700 heridos y 150 desaparecidos.

La operación se iniciaba poco antes de las siete de la mañana, cuando varios helicópteros sobrevolaron el campamento lanzando órdenes de desalojo por megafonía. Pequeños grupos de mujeres con niños se marcharon y, a la salida, les esperaban autobuses en los que fueron transportados hasta El Aaiún.

Después comenzaba el asalto, en el que se usaron cañones de agua, gases lacrimógenos, porras y balas de goma.

Los más jóvenes opusieron resistencia, lo que se desataría en una batalla campal, tras la que el Ejército aplastó las tiendas, muchas de las cuales acabaron ardiendo.

ver vídeo (pinchar en la foto)

Marruecos cortó el acceso por carretera al Sáhara a la altura de Tan Tan, e impidió a todo extranjero cruzar este límite. Rabat ha impedido asimismo a los periodistas españoles viajar a El Aaiún.

En estos últimos días, además, Rabat ha expulsado a tres parlamentarios autonómicos y a un eurodiputado español. Y el pasado día 5, dos periodistas españoles, Antonio Parreño -corresponsal de TVE- y Eduardo Marín -de la Cadena SER- fueron agredidos en una sala del Tribunal de Primera Instancia de Ain Sbaa (Casablanca), cuando cubrían un juicio contra siete activistas saharauis.

La Policía requisó las cámaras de los observadores internacionales paraborrar las fotos que habían hecho de los incidentes.

El Gobierno marroquí ha acusado a la prensa española de “recurrir sistemáticamente a procedimientos falaces, técnicas innobles, manipulaciones abyectas y montajes inmundos” a la hora de informar sobre su país.

Así lo manifestó anoche el ministro de Comunicación, Jalid Naciri. Es la respuesta de Rabat a la petición lanzada desde La Moncloa por la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, para que se permitiese trabajar con libertad en el Sáhara a la prensa española.

La nota centra sus críticas concretas en el canal de televisión Antena 3, los diarios EL PAÍS y Abc, la cadena SER y la agencia Efe.

Lo que queda claro es que la estrategia de Rabat perjudica a sus propios intereses, pues la opacidad informativa crea una presunción a favor de quienes denuncian la dureza de la represión llevada a cabo por las fuerzas marroquíes.

De nuevo, el Gobierno español -tal y como sucedió en Lanzarote con el episodio de Aminetu Haidar en 2009- está viéndose envuelto de manera directa o indirecta en decisiones inaceptables del Ejecutivo de Rabat.

Si algo se demuestra con ello es la fragilidad de las bases sobre las que se mantiene la relación, inspirada para la parte española por un único y excesivo deseo de evitar los roces.

No parece ni oportuno ni comprensible, por otra parte, que el presidente Zapatero se encoja de hombros; y que, además, recurra a los servicios de un titular de Exteriores recién cesado, como el señor Miguel Ángel Moratinos para resolver el conflicto de intereses.

Pero, ¿qué hay de los detenidos?

Seis de los protagonistas de la revuelta de El Aaiún serán juzgados por un tribunal militar (los primeros civiles juzgados por jueces castrenses desde la subida de Mohamed VI al trono), y al menos otros 63 saharauis serán procesados por un tribunal penal ordinario.

De momento, todos ellos han ingresado en la llamada Cárcel Negra, prisión famosa por su dureza y conocida como “el Guantánamo marroquí”.

A la mayoría de los procesados se les acusa de perpetrar “actos vandálicos” y de “desobediencia y violencia contra funcionarios”.

 

HISTORIA- EL PROCESO DESCOLONIZADOR PENDIENTE

Esta historia comienza en la Conferencia de Berlín.

Corre el año 1885. Trece países europeos y uno norteamericano, acuerdan el futuro de África (ningún africano fue invitado a la conferencia). España reclama una región que le permita mantener viva su expansión colonizadora. Distaba mucho de ser una gran potencia, pero se las arregló para disimularlo.

El entonces llamado Sáhara Español no era un territorio demasiado rico.

Únicamente destacaba por dos recursos naturales que, todavía hoy, siguen sembrando la polémica: sus fosfatos (el yacimiento de Bu Craa es considerado el mayor del mundo) y sus caladeros de pesca (la zona Atlántica del sur se caracteriza por sus grandes bancos de peces).

Los habitantes del territorio, los saharauis, eran pueblos nómadas a los que, en cierta medida, se les obligó a sedenterizarse.

Y así pasaron los años, y llegó la Segunda Guerra Mundial. Y, tras ella, las potencias europeas se fueron retirando de África iniciándose el llamado proceso descolonizador. A veces por las buenas, a veces por las malas, entre los 40, los 50 y los 60, todos los países europeos se retiraron de África.

Pero existían dos excepciones.

Los atrasados gobiernos portugués y español no estaban por la labor. Pero algo empezó a cambiar en los 70. Las guerras coloniales en África le costaron a Salazar su puesto y provocaron en Lisboa la Revolución de los claveles, probablemente la revolución más maravillosa de la historia de Europa. Con tres décadas de retraso, Portugal también se retiró de África.

Sólo quedaba España. Pero el tiempo corría en contra, los vecinos del Sáhara Occidental (Marruecos, Argelia y Mauritania) llevaban décadas de andadura como países independientes y pudieron organizar una estructura militar establecida.

Marruecos incluso mantuvo una guerra (todavía no reconocida) contra España por el control del Ifni. Los saharauis por su parte, bajo la dominación española, no pudieron preparar ningún tipo de defensa.

En 1975 el general Franco muere y millones de esperanzas se abrieron para el pueblo español.

Es entonces cuando el entonces monarca Hassan II aprovecha la circunstancia para organizar la llamada “Marcha Verde”:  325.000 marroquís se dirigen hacia la frontera con la intención de apropiarse del Sáhara Occidental. No llegan a haber tiroteos; los soldados españoles se limitaron a minar la frontera, colocar carteles advirtiéndolo y esperando detrás. Los marroquís no la cruzaron.

Pero la situación se volvía insostenible por días, Marruecos amenazaba constantemente con la guerra abierta y el fragil gobierno español tenía demasiadas cosas en la cabeza como para meterse en una guerra por unos territorios que, en cualquier caso, seguramente serían abandonados poco después.

Lo cierto es que la Marcha Verde es el parche perfecto, y abandonar el apoyo al proyecto independentista es más fácil así.

No proclamar el Estado saharaui cumple con los intereses occidentales (que quieren evitar el nacimiento de un Estado independiente tan cerca de Europa y promovido por Argelia y Libia). También se protegían los intereses españoles, ante el posible peligro político que podían sufrir las Islas Canarias.

ACUERDOS DE MADRID (14 NOV 1975)

En los Acuerdos de Madrid (hoy hace 35 años), se acordó una administración del Sáhara Occidental compartida a partes iguales por España, Marruecos y Mauritania. Y dejan claro que la soberanía del Sahara corresponde al pueblo saharaui.

Mauritania primero ocuparía su región, pero ante la resistencia saharaui acabaría retirándose.

España, por su parte, nunca ha tenido el peso que los Acuerdos le concedían. Marruecos acabó controlando el Sahara Occidental, y hasta ahora.

El Frente Polisario proclamó entonces la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), sin éxito. Este representante de la causa nace en 1973 como “reflejo de la madurez del nacionalismo saharaui ante la inmovilidad de los procesos de autodeterminación promovidos por la ONU”. Además, es miembro fundador de la Unión Africana (UA), lo que no ha impedido que aproximadamente un 75% de su territorio permanezca ilegal y militarmente ocupado por Marruecos.

SÁHARA LIBRE

Existen varias resoluciones de la ONU apoyando la independencia del Sahara.

Sin embargo, Marruecos pretende convertir al Sáhara en una provincia marroquí. Y para ello realiza una política de aislamiento del pueblo saharaui que vive en campos de concentración esperando a que la comunidad internacional recuerde la existencia del derecho.

Con todo, el Sáhara, nunca ha sido descolonizado. Es la única región de importancia que todavía no lo ha sido.

Marruecos nunca ha tenido derecho sobre la soberanía de esta región.

Hasta ahora, uno de los principales escollos diplomáticos entre Marruecos y España era que ésta se negaba a reconocer la soberanía del reino marroquí sobre el Sáhara.

Pero el señor Zapatero ha resuelto ese problema hace poco: por primera vez, un presidente del gobierno español ha reconocido en un mitin la soberanía marroquí sobre el Sáhara.

Todo el mundo comprende que si las relaciones se deterioran, España pagará un coste. Pero también Marruecos, cuya exposición a los riesgos que ambos países deben enfrentar conjuntamente es seguramente mayor.

Que se reconozca su papel en la estabilidad del Magreb no puede ser interpretado desde Rabat como licencia para imponer por la fuerza su voluntad en un territorio que ocupa en contra de la legalidad internacional, proclamando el desafío de “conmigo o contra mí”.

ASUNTO PENDIENTE

Es cierto que las relaciones con Marruecos se encontraban bajo mínimos cuando Zapatero llegó a La Moncloa, pero el modelo que adoptó para mejorarlas era inviable: estabilizar el trato con Rabat por la vía de aproximarse a su posición en los principales contenciosos.

Era un modelo condenado al fracaso, y los graves sucesos en el Sáhara lo estarían certificando.

Querámoslo o no, el Estado español continúa siendo responsable legal y político de esta tragedia.

Sin embargo, los distintos gobiernos españoles -lejos de cumplir con sus obligaciones internacionales-, han sacrificado siempre a la parte más débil, el pueblo saharaui.

En su juego del gato y el ratón con la dictadura marroquí han ejercido, dicho sea de paso, casi siempre el papel de ratón complaciente frente a un tirano feudal que se ríe descarnadamente de la legalidad internacional.

El gobierno español puede y debe, al igual que hizo retirando sus tropas durante la ocupación de Irak, posicionarse del lado de los derechos humanos.

Recuperar parte de nuestra memoria histórica, recordando más de un siglo de colonización en el que consideramos a los saharauis como españoles, nos implica, en primer lugar, en la búsqueda de una solución justa y pacífica que respete el derecho a la autodeterminación.

Mantener una postura de “ambigüedad retórica” estimula a Marruecos para seguir en su posición intransigente, no aceptando la aplicación de las resoluciones de la ONU y poniendo condiciones previas en próximas negociaciones.

Si algo demuestran las más de tres décadas que perdura el conflicto es que este no se cerrará mientras el pueblo saharaui no decida libremente su futuro.

Los saharauis han buscado por activa y por pasiva independizarse del reino alauita. Pero no se lo permiten… El último gran problema lo tenemos estos días en El Aaiún.

Lo triste de todo es que este pueblo no tiene más remedio que ir de ghandi, de víctimas sin recursos ni armas, pataleados por el gigante marroquí. De otro modo, se convertiría en una lucha abierta en la que tienen todas las de perder.

El Sáhara Occidental no es precisamente Afganistán con un terreno escarpado y montañoso, preparado para una guerra. El Sáhara es un extraordinario desierto, donde no hay posibilidad de esconderse. Los helicópteros marroquíes acabarían con el enemigo con los ojos cerrados.

Mohamed VI es sumamente hábil. Sabe que mientras Occidente piensa que Marruecos está aislada -desde el punto de vista formal- tiene el “derecho” de acogotar al enemigo.

Por otra parte, los saharauis también reconocen que como les puede ir menos mal es haciéndose las víctimas. Ganan tiempo y, en el terreno diplomático, pueden conseguir avances.

De todos modos, no nos engañemos. Marruecos jamás entregará el Sahara a los saharauis.

Ni está en sus planes ni en su agenda. Sobre todo porque hay ahí demasiado petróleo para vender o repartir.

Y sino que se lo pregunten a algunas empresas estadounidenses que tienen una pierna por esos lares.

La presión exterior es limitada. La ONU seguirá con su eterna mediación, sin exigir el fin de la ocupación.

El mismo Estados Unidos ve con simpatías a Marruecos (Rabat es un aliado estratégico vital y no le forzará). No olvidemos que los servicios secretos marroquíes -junto con los cubanos- están considerados como uno de los mejores del mundo.

La UE apenas pinta en este caso, pese a los fuertes lazos económicos y comerciales. Francia mira a su propio interés. Y también España (Pesca, inmigración, Ceuta, Melilla…)

De ahí las medias tintas, el pragmatismo, la incomodidad, el intento inútil de salvar la cara, las afirmaciones de que no es un conflicto bilateral sino internacional, la tardanza y los matices de la condena a la represión marroquí.

Y todo gracias a la chapucera descolonización fraguada en los estertores del franquismo.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

La octogenaria Thatcher

Margaret Thatcher– Grantham (Inglaterra, 1925)

Conocida también con el sobrenombre de «La Dama de Hierro», la que fuera Primera Ministra del Reino Unido entre 1979 y 1990, acaba de cumplir 85 años.

Fue, además, la primera mujer en liderar el Partido Conservador desde mediados de los años 70 hasta 1990.

En la actualidad, ostenta el título de Baronesa Thatcher de Kesteven, Lincolnshire, que le otorga el derecho vitalicio y no hereditario a ser miembro de la Camara de los Lores.

SUS COMIENZOS

El hogar y los primeros años de vida en Grantham de Margaret Thatcher jugaron un papel importante en la formación de sus convicciones políticas. Sus padres, Alfred y Beatrice Roberts, eran metodistas.

La vida social de la familia tenía lugar en la unida comunidad de la congregación local, que se mantenía unida por fuertes tradiciones de auto-ayuda, trabajos de caridad y confianza personal.

La familia Roberts regentaba una carnicería mientras sacaban adelante sus dos hijas en un piso encima de la tienda.

Margaret Roberts asistía a un colegio público local y desde allí se ganó una plaza en Oxford, donde estudió química en el Somerville College (1943-47). Su tutora fue Dorothy Hodgkin, una pionera en la cristalografía por rayos X que ganó el Premio Nobel en 1964. Pero la química fue relegada a un segundo puesto detrás de la política.

Siendo una veinteañera, se presentó como candidata conservadora para el bastión laborista del escaño de Dartford en las elecciones generales de 1950 y 1951, con lo que se ganó la fama nacional de ser la mujer candidata más joven del país.

Perdió las dos veces, pero redujo mucho la mayoría laborista y disfrutó sobremanera de la experiencia de hacer campaña. Allí conocería a su marido, Denis Thatcher. Un empresario local que dirigía su empresa familiar antes de convertirse en ejecutivo en la industria petrolera.

Se casaron en 1951. La pareja tuvo gemelos, Mark y Carol, dos años más tarde.

En la década de los cincuenta, Margaret Thatcher estudió derecho, especializándose en tributario.

Cuando los conservadores volvieron al poder en 1970, bajo el mandato de Edward Heath, consiguió el cargo de Secretaria de Educación, entrando así en el gabinete del Primer Ministro. En esta etapa pasó momentos duros.

Los protestantes interrumpían sus discursos, la prensa de la oposición la vilipendiaba, y la propia política educativa parecía estar en curso fijo hacía la izquierda, lo que ella y muchos conservadores consideraban incómodo. Pero hizo su trabajo y aprendió de la experiencia.

El propio gobierno Heath decepcionó a muchos.

Habiendo sido elegido con promesas de recuperación económica mediante el apaciguamiento de los sindicatos y la introducción de políticas de libre mercado, ejecutó una serie de cambios de política; conocidos como “giros en U”) que le convirtieron en uno de los gobiernos más intervensionistas de la historia británica.

Consecuencia política:

Derrotamiento en las elecciones generales de febrero de 1974, dejando un legado de inflación y conflicto industrial.

Muchos conservadores estaban listos para un nuevo enfoque después del gobierno Heath y cuando el partido perdió unas segundas elecciones generales en octubre de 1974, Margaret Thatcher se presentó contra Heath para dirigir el partido. Para la sorpresa general (incluida la suya propia), en febrero de 1975 ella le derrotó a él en la primera vuelta y venció en la segunda a pesar de enfrentarse a media docena de colegas veteranos.

El gobierno laborista de 1974-79 fue uno de los más dados a las crisis en la historia británica, llevando el país a un estado de bancarrota virtual en 1976 cuando un colapso en el valor de la divisa obligó al gobierno a negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La opinión pública se volvió contra el laborismo, y los conservadores ganaron una mayoría parlamentaria de 43 en las elecciones generales de mayo del 1979.

PRIMERA MINISTRA

Margaret Thatcher pasó a ocupar el 10 de Downing Street, convencida de la necesidad de revertir lo que ella consideraba como una situación de declive nacional.

Su filosofía política y las medidas económicas adoptadas durante su mandato se dirigieron hacia la desregularización, principalmente del sector financiero, a flexibilizar el mercado laboral, y a la privatización o cierre de empresas públicas y la retirada de subsidios al resto.

La popularidad de Thatcher cayó en los primeros años de su mandato, debido a la recesión económica y a la alta tasa de desempleo. Pero la posterior recuperación economica y la guerra de las Malvinas en 1982 (volvieron a quedar bajo control británico) llevaron a su reelección en las elecciones generales de 1983.

A finales de la primera administración de Margaret Thatcher, el desempleo en el Reino Unido superaba los tres millones; y sólo empezó a caer después de 1986.

En todo caso, en aquella época se convertiría en una de los fundadores -junto con Ronald Reagan– de una escuela de la política de las convicciones conservadoras, que ha tenido un impacto poderoso y duradero en la política británica y norteamericana; y que le ha dado a ella una distinción internacional que no había conseguido ningún político británico desde Winston Churchill.

Llevó a cabo una línea dura con los sindicatos, sobrevivió al atentado con bomba atribuido al IRA en el Grand Hotel de Brighton, y se opuso a la política de la Unión Sovietica.

La economía siguió mejorando durante 1983-87 y la política de liberalización económica fue ampliada. El gobierno empezó a seguir una política de vender activos del Estado, que en conjunto habían representado más del 20 por ciento de la economía cuando los conservadores llegaron al poder en 1979. Las privatizaciones británicas de los ochenta fueron las primeras de su tipo y resultaron ser influyentes en todo el mundo.

En enero de 1986, la divisiones entre izquierda y derecha en el gabinete Thatcher quedaron expuestas al público con la repentina dimisión del Ministro de Defensa, Michael Heseltine, tras una disputa sobre los problemas empresariales del productor británico de helicópteros, Westland. El ‘Asunto Westland‘ la salpicó de tal manera que se puso en duda su liderato.

Recibió duras críticas desde su propio partido por la decisión de permitir a los aviones de guerra americanos despegar desde bases británicas para atacar objetivos en Libia en abril de 1986.

Pero, con la economía ahora muy fuerte, las expectativas eran buenas de cara a las elecciones y el gobierno volvió con una mayoría parlamentaria de 101 escaños en junio de 1987; lo que fue su tercer mandato.

Estos últimos años serían los mas difíciles, debido a la implantación del Poll Tax (impuesto a la comunidad), ampliamente rechazado por la sociedad.

Este nuevo sistema fiscal municipal se convirtió en un serio problema político cuando los ayuntamientos aprovecharon esta nueva legislación para aumentar los impuestos echándole la culpa del aumento al gobierno Thatcher. (El sistema fue abandonado por el sucesor de Margaret Thatcher, John Major, en 1991.) En cambio, las reformas educativas y sanitarias permanecieron.

La economía fue boyante en 1987 1988, pero también empezó a recalentarse. Los tipos de interés tuvieron que doblarse en 1988. Estalló una polémica en el seno del gobierno sobre el manejo de la divisa, Margaret Thatcher se opuso decididamente a la política propuesta por el Ministro de Finanzas y otros de atar la libra esterlina al marco alemán mediante el Mecanismo de Tipos de Cambio Europeo.

Detrás de esta disputa había un profundo desacuerdo en el gobierno sobre la política hacía la propia Comunidad Europea.

La Primera Ministra se encontró cada vez más enfrentada con su Secretario de Asuntos Exteriores, Sir Geoffrey Howe, en todos los asuntos relacionados con la integración europea. Su discurso en Brujas en septiembre de 1988 empezó el proceso por el que el Partido Conservador, antaño mayoritariamente ‘pro-europeo’, se hizo predominantemente ‘euro-escéptico‘.

Los soviéticos la habían apodado la ‘Dama de Hierro’, un apodo que le encantaba, por la línea dura que adoptó contra ellos en los discursos poco después de convertirse en líder conservadora en 1975.

Pero cuando Mijail Gorbachov emergió como potencial líder de la Unión Soviética, ella le invitó al Reino Unido en diciembre de 1984 y dijo que era un hombre con el que ella podía tratar.
Ella, sin embargo, no suavizó sus críticas hacía el sistema soviético, haciendo uso de nuevas oportunidades para dirigirse a audiencias televisivas en el este para presentar su caso contra el comunismo. De todas formas, jugó un papel constructivo en la diplomacia que suavizó el resquebrajamiento del Imperio Soviético y de la propia Unión Soviética en los años 1989-91.
A finales de 1990, la Guerra Fría se había acabado. Ese hecho disparó la siguiente etapa en la integración europea, cuando Francia rescató el proyecto de la moneda única europea, esperando mantener a raya el poder de la Alemania reunificada.

Para entonces, muchos colegas de su gabinete -que no simpatizaban con ella sobre Europa y dudaban que ella pudiese ganar por cuarta vez unas elecciones generales- abruptamente la abandonaron y no le dejaron otra salida que abandonar.

Así, dimitió como Primera Ministra el 28 de noviembre de 1990. John Major la sucedió y sirvió hasta las elecciones de mayo de 1997, que Tony Blair venció.

MOMENTO ACTUAL

A sus 85 años, y retirada de la vida pública casi por completo, Margaret Thatcher sigue siendo una figura inmensamente polémica en el Reino Unido.

Los críticos dicen que sus políticas económicas fueron divisivas socialmente, que ella fue dura o que sus políticas ‘insensibles’ y hostil a las instituciones del Estado de bienestar británico.

Sus defensores destacan la transformación en la actuación económica del Reino Unido a lo largo de los gobiernos Thatcher y su sucesor. Las reformas sindicales, privatizaciones, desregulaciones y fuertes medidas anti-inflación, y un control del gasto público han creado mejores expectativas económicas para el Reino Unido de lo que habría parecido posible cuando ella se convirtió en Primera Ministra en 1979.

Sea como fuere, tanto los críticos como los admiradores reconocen que el liderazgo de Thatcher fue un periodo de importancia fundamental para la historia británica.

Gustara o no, se ganó un gran prestigio a lo largo de la década de los ochenta y a menudo se ganó el respeto de sus más decididos críticos. De hecho, su efecto sobre los términos del debate político ha sido profundo.

Tanto si se convirtieron al ‘Thatcherismo‘, como si simplemente se vieron obligados a encaramelar a su electorado, la dirección del Partido Laborista quedó transformada durante el mandato de ella y la política del ‘Nuevo Laborismo’ de Tony Blair no habría existido sin ella.

Su última aparición fue en junio de este año, cuando el actual primer ministro británico -y laborista- David Cameron, la invitó a la que fuera su casa durante los 11 años de su mandato de hierro.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán