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La Constitución y la moral

En el Congreso de los Diputados ya no se habla de establecer la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona o de reformar el Senado, sino de la “estabilidad presupuestaria” -que queda fijada por mandato constitucional-.

Se nos dice que la intención es calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a nuestro país de una intervención.

Cuando, en definitiva, no es más que un corsé permanente al gasto público en España.

La idea es que para 2020 todas las Administraciones -central, autonómica y local- tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan.

Lo curioso es que lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventilara el pasado 22 de agosto.

Por sorpresa y en diez minutos (los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla).

La realidad es que la reforma se ha encontrado con la hostilidad de un sector de la opinión.

Se habla de “golpe de Estado financiero”, de “golpe a la democracia”, de “ruptura del consenso constitucional”, etc. Términos que coinciden con el resurgimiento del 15-M después del paréntesis papal.

Guste o no, lo cierto es que la iniciativa por acuerdo del PSOE y el PP es perfectamente legal. Si es o no democrática dependerá del concepto de democracia que se tenga. Pero legal, es.

Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores.

Pero bien es cierto también que , aunque el referéndum no sea legalmente obligatorio, lo es moralmente dada la trascendencia de lo que se reforma.

Pero -afirma Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas- «aquí aparecen discrepancias. Para unos, el tope del déficit es enterrar el Estado del bienestar; para otros, es una garantía del Estado del bienestar. Si no hay acuerdo mayoritario, la obligación moral se debilita.»

Socialistas y populares argumentan que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”.

Lo que no deben de saber es que España es el país de la UE-15 que tiene el gasto público social por habitante más bajo.

Por lo que se hace difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto van a corregir el enorme déficit de gasto público social.

Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía.

Pero como bien han señalado economistas de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Dean Baker, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes. Entienden que reducirían todavía más la demanda de bienes y servicios (estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada).

Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión.

Mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, imposible.

Con todo, la medida permitirá un déficit tope de un 0,4% del PIB. Un porcentaje excesivamente bajo.

En realidad, en los últimos 20 años, tal como subraya David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año.

Alemania lo consiguió sólo un año; EEUU, tres años, y el Reino Unido, cuatro.

El politólogo Vicenç Navarro afirma que es poco probable que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia).

En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.

El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.

En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008.

La reducción del déficit público -requerido por el criterio de Maastricht-, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social.

En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar.

Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.

Y lo más tremendo de todo es que, a los mercados, la dichosa reforma constitucional muy probablemente les importa un bledo.

 

Zapatero hizo mal al no consultar al partido, ¿no hace mal el partido al no consultar a los ciudadanos?

Y ¿qué ocurriría si se incumple esa norma constitucional? Pues puede que nada. De hecho, el Pacto de Estabilidad, contenido en el Tratado de la Unión desde 1997, limita al 3% del PIB el déficit máximo de los Estados y ha sido incumplido por la práctica totalidad de los países sin ninguna consecuencia práctica.

Esto es política de Estado, sí señor.

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© Iñigo Ortiz de Guzmán

El pepino nacional

Ahora resulta que los alemanes éramos nosotros.

En la crisis desatada por los pepinos “criminales” los españoles hemos hecho de alemanes y los alemanes han hecho de españoles.

Aunque sólo sea por una vez, la crisis ha dinamitado los estereotipos nacionales. El modo improvisado, chapucero y temerario con que las autoridades de Alemania han gestionado la crisis parece, de hecho, mucho más propio de nuestras autoridades que de las suyas.

A la senadora de Sanidad de Hamburgo, Cornelia Prüfer-Storks, ni siquiera se le ha pasado por la cabeza la posibilidad de dimitir, pese a haber acusado públicamente en falso a los pepinos andaluces de ser los causantes de la muerte de -hasta ahora- casi una veintena de personas.

En realidad, se ha limitado a hacer lo que haría cualquier político español de raza: poner cara de incredulidad y sorpresa cuando se le pide que considere la opción de dejar el cargo.

En vez de imitar la severa ejemplaridad con que los políticos alemanes acostumbran a purgar sus pecados, Prüfer-Storks se ha limitado a escurrir el bulto y a eludir la abrumadora responsabilidad de haber causado pérdidas millonarias a miles de familias.

Después de no sabemos cuántas pruebas, al final nuestros pepinos se ve que son tan fiables como un buen motor alemán, y por supuesto inocentes de los crímenes que con tanta ligereza les habían atribuido.

Pero, ¿quién pagará por la crisis?

A pesar de la rectificación de la Administración alemana -que constituye un alivio para los agricultores españoles-, sin embargo el daño provocado por la acusación precipitada de la ministra alemana ya está hecho.

Los horticultores han perdido una gran cantidad de dinero (200 millones de euros semanales, según ellos), y la sombra de la sospecha sobre sus productos probablemente tarde semanas, o meses, en disiparse.

Por eso hace bien la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Rosa Aguilar, en anunciar que el Gobierno exigirá indemnizaciones a la Unión Europea para paliar los daños ocasionados.

Una actitud que contrasta con la de la dirigente del PP Soraya Sáenz de Santamaría, que no desaprovechó la oportunidad para sacar rédito político al drama de los agricultores atacando al Ejecutivo por su supuesta “debilidad”.

Si alguna debilidad pone de manifiesto la crisis de los pepinos, es la de la UE en la gestión de situaciones como esta, para evitar que unas afirmaciones infundadas puedan provocar perjuicios enormes a todo un sector económico de un Estado miembro.

Una unión económica, además de la libre circulación de mercancías y capitales, exige también el establecimiento de antídotos que eviten la ‘contaminación’ de unas afirmaciones irresponsables.

¿QUÉ ES LA E.COLI?

E. coli es la abreviación de Escherichia coli, un tipo de bacteria que está presente en el intestino de los seres humanos y otros animales.

La mayoría de las cepas son inofensivas, pero algunas son capaces de producir toxinas que causan síntomas como cólicos severos y diarrea.

CREENCIA SOBRE ESTE BROTE

La Organización Mundial de la Salud asegura que la variante “nunca había sido vista en una situación de brote anterior”.

Las bacterias son capaces de intercambiar genes entre diferentes cepas y especies, lo que podría explicar el nacimiento de esta nueva forma de E. coli.

Expertos creen que esta variante posee una combinación mortal: produce una toxina que daña los riñones y además se adhiere muy bien al intestino, permitiendo que más bacterias crezcan.

EFECTOS SOBRE LA SALUD

El brote está causando infecciones graves y, en algunos casos, está afectando la sangre y los riñones.

Una complicación inusual de algunos tipos de E. coli, el síndrome urémico hemolítico (HUS, por sus siglas en inglés), también ha sido detectado en cientos de casos actuales de personas entre los 16 y 60 años.

“Es extremadamente raro que personas de estas edades presenten SUH,” dice la Agencia de Protección de la Salud.

Sus síntomas incluyen diarrea hemorrágica y fiebre. En casos severos, puede causar crisis epilépticas. El HUS puede ser fatal porque puede ocasionar problemas renales crónicos en los adultos.

Los síntomas pueden tardar hasta ocho días en aparecer.

OTRAS CRISIS ALIMENTARIAS

Cuenta la Biblia que Dios envió a los egipcios diez plagas para que dejara salir a los hebreos rumbo a la tierra prometida. Dicen los historiadores y científicos que, aparte del relato de la Biblia, estas plagas se produjeron por diversas causas naturales entre los años 1279 y 1213 antes de Cristo.

Algunas de esas plagas, como la de las langostas que devoraban el grano, causaron las primeras crisis alimentarias de la historia.

Desde esas primeras crisis hasta la del pepino actual son muchas las que se han sucedido.

En España, la crisis más grave que se ha producido en las últimas décadas fue la derivada del consumo de aceite de colza.

El primer caso de un afectado, un niño madrileño de ocho años, salió a la luz en 1981.

En total 4.537 personas fallecieron y más de 20.000 resultaron afectadas, muchas de las cuales sufren todavía importantes secuelas, como problemas crónicos, hipertensión, lesiones neurológicas y daños en el hígado, así como problemas digestivos.

La causa de la intoxicación estaba en un aceite comprado en Francia, que se desnaturalizó con anilina para importarlo a España. Se vendió de manera fraudulenta como sustituto del aceite de oliva apto para el consumo humano, aunque era para uso industrial.

El aceite de oliva volvió a ver salpicado por el escándalo en 2001, cuando se encontraron altos niveles (de hasta 400 veces superiores a los tolerables) de benzopirenos, potencialmente cancerígenos, en el aceite de orujo español, un refinado más barato que el aceite de oliva virgen.

Pero, sin duda, la crisis de las vacas locas ha sido la más relevante a nivel mundial en los últimos años.

El primer caso surgió en 1996, cuando los científicos tuvieron las primeras evidencias de que la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) podía transmitirse a las personas al comer carne contaminada con priones.

Este consumo producía una enfermedad irremediablemente mortal, una patología neurodegenerativa de graves consecuencias.

Surgió por un inadecuado control en las materias primas con las que se hacían los piensos animales.

Y ahí es donde se demostró que Europa no lo estaba haciendo bien en el ámbito de la seguridad alimentaria. De esa manera, se decidió homogeneizar los controles en el continente.

Pero lo errores se repiten una y otra vez, tal y como se ha demostrado con la acusación a España por parte de Alemania.

Y erre que erre.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

+ info en Gripe A, un año después

Reflexión tras el 22M

Arrollado, noqueado, son algunos calificativos que se oyen.

Es José Luis Rodríguez Zapatero.

El gran perdedor de las elecciones regionales y municipales del 22 de mayo.

Tal resultado -la pérdida de 2 millones de votos- se interpreta claramente como un castigo a la pobre gestión de la crisis económica hecha por Zapatero y su gobierno y lo que muchos perciben como falta de respuestas al drama de 4,9 millones de desempleados; recuerdo, el índice más alto de la Unión Europea.

El mensaje de las municipales para el PSOE está más que claro.

Las siguientes elecciones generales se pueden parecer mucho a las de 1982, salvo por una diferencia nada sutil. Que esta vez Felipe se llamará Rajoy, y es del PP.

Hay que remontarse 30 años para encontrar algún otro momento de la democracia con una concentración de poder equiparable al que puede que esté por venir.

Ni Zapatero ni Aznar alcanzaron jamás una supremacía como la que hoy roza el PP.

No es por méritos de Rajoy, que ya le ven. Es por la enorme distancia que hoy separa al PSOE de su electorado natural.

Zapatero insiste en culpar a la crisis y evita cualquier autocrítica. Se equivoca.

No ha sido sólo la crisis, sino cómo se gestionó.

Todos los países europeos han afrontado recortes durísimos en los presupuestos, pero no todos han repartido la factura igual. Hasta Merkel, en Alemania, puso un impuesto extra a las eléctricas. Hasta Cameron, en Reino Unido, ha subido los impuestos a las petroleras del Mar del Norte.

Zapatero, mientras tanto, adoptó todo el paquete liberal y -como gran gesto de izquierdas en un país dónde las grandes empresas han cerrado el 2010 con beneficios récords- se conformó con coquetear con un impuesto para los más ricos del que se habló mucho un verano, pero que nunca llegó.

Se equivocan también en el PSOE quienes creen que la solución a esta debacle pasa por evitar el debate interno y descafeinar las primarias. Sería un gran error. Sería dantesco que la dedocracia fuese la respuesta socialista a las peticiones de más democracia que aún siguen en las plazas.

El divorcio entre el PSOE y sus votantes es tan grande que su única salida es una refundación: un nuevo rumbo, no sólo una nueva cara.

Al menos así lo cree el líder del socialismo vasco.

Patxi López estima imprescindible abrir un amplísimo debate de ideas.

Claro está, en un congreso -además de hablar de proyecto político- se elige al secretario general y a su ejecutiva.

Por tanto, López con su propuesta se lleva por delante a Zapatero. Porque -como bien observó el martes el líder socialista andaluz José Antonio Griñán- si al final triunfa la propuesta de un congreso, frente al criterio de Zapatero, se provocaría de manera indirecta un anticipo de las elecciones.

Una posibilidad que cada vez parece menos descabellada.

Al otro lado del teléfono Zapatero busca el máximo apoyo de los barones para acabar la legislatura.

Y, mientras tanto, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón guardan silencio.

Todo un ‘Enredo‘, como en los mejores tiempos.

© Iñigo Ortiz de Guzmán

Schengen: tú SÍ, tú NO

Es como deshojar la margarita: ahora te quiero, ahora no…

Y es que Dinamarca irrumpió ayer con estrépito en el debate sobre la seguridad fronteriza que desde el mes pasado monopoliza los pasillos de la UE.

Un acuerdo de la coalición de liberales y conservadores con el Partido del Pueblo Danés (de extrema derecha) pretende resucitar los controles a los viajeros que lleguen al país desde Alemania y Suecia.

¿Su objetivo? Dicen que luchar contra la inmigración irregular y el crimen organizado.

Lo cierto es que iría en contra de la legislación comunitaria sobre el movimiento de bienes y personas.

De entrar en vigor “en las próximas semanas”, abriría una grieta -quizás irreversible- en el Tratado Schengen. Un pacto que garantiza la libertad de circulación en Europa y que cuenta con 25 países miembros, entre ellos Dinamarca.

La decisión sorprendió -claro está- en Bruselas, donde los 27 embajadores de los Gobiernos de la UE terminaban una reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Interior de hoy. En la agenda figura la propuesta de flexibilizar el acuerdo Schengen para permitir los controles fronterizos más frecuentes, como habían pedido Francia e Italia.

El Gobierno español ya ha manifestado su negativa a la reforma de tal acuerdo.

A todas luces, al cierre de puertas con el que la UE parece estar respondiendo a las revoluciones democráticas de Túnez, Egipto y Libia.

LA LIBRE CIRCULACIÓN

Pertenecen a Schengen 22 países de la UE (son la excepción Irlanda, Reino Unido, Chipre, Bulgaria y Rumanía) y los extracomunitarios Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

En total, más de 400 millones de ciudadanos que pueden circular libremente por Europa.

El Acuerdo de Schengen fue firmado en 1985 en la localidad del mismo nombre en Luxemburgo, fronteriza con Francia y Alemania.

Cinco países de la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) -Alemania, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo- llegaron a un acuerdo para la supresión de fronteras comunes.

El acuerdo tenía dos fines.

Por una parte, eliminar los controles para las personas en las fronteras interiores y definición de las fronteras exteriores comunes. Y, por otra, un paquete de “medidas compensatorias” para reforzar y aumentar las fronteras exteriores como la cooperación judicial y policial.

Al acuerdo inicial de estos cinco Estados se sumaron a principios de los años noventa, Italia, España, Portugal y Grecia.

En 1995, Austria firmó el convenio y al año siguiente se incorporaron Dinamarca, Finlandia, y Suecia. Paralelamente se sumaron Noruega e Islandia aunque estos países no forman parte de la Unión.

En 1999, con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, el acervo del convenio de Schengen se incorporó al derecho europeo, mediante un protocolo.

Además de favorecer la movilización de los ciudadanos, el espacio Schengen permite que con un solo visado, cualquier visitante extranjero puede viajar a los 25 Estados pertenecientes al convenio.

Schengen es un descomunal ejercicio masivo de confianza mutua porque automáticamente los socios del club reconocen las decisiones sobre acceso de personas a la zona que toma uno de ellos.

Esa confianza es la que ha saltado por los aires en el pulso entre Roma y París por la llegada a Italia de más de 20.000 tunecinos, y el deseo italiano de quitárselos de encima exportándolos a Francia y otros países de la Unión.

Mientras tanto, los ministros de Interior de los Veintisiete -divididos sobre los planes de Sarkozy y Berlusconi- han comenzado hoy a preparar el trabajo para que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE diriman la cuestión en el Consejo Europeo de finales de junio.

Mientras EE.UU. abre la mano a la regularización de millones de indocumentados, Sarkozy y Berlusconi pastorean a placer los bueyes de la Unión.

Mientras tanto, el resto de Europa se queda boquiabierta con la decisión danesa.

Para Ignacio Molina, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, «el acuerdo de Schengen más o menos enmendado sobrevivirá porque los perjuicios de derogarlo superan las ventajas que ha traído en los últimos 25 años simplificando el cruce de fronteras». (…) Y añade, «hay quien ve aquí, pese a todo, el vaso medio lleno porque la crisis se ha reconducido a través de las instituciones, pero el episodio deja una percepción patética y pueblerina».

Eso que se llama el nacionalismo más rancio, añadiría yo.

Cómo cambian las cosas…

Ellos, los inmigrantes. Los que en estos tiempos de crisis ya no son tan bienvenidos como lo eran cuando contribuían con su fuerza de trabajo a la prosperidad desbocada del continente.

Cómo hemos cambiado…

© Iñigo Ortiz de Guzmán

Alemania dice, el resto calla

La Unión Europea no consigue calmar a los mercados que renovaron ayer su presión sobre el euro y los bonos de las naciones periféricas de la eurozona.

En el centro de la crisis se encuentran no sólo estas naciones, sino el país más poderoso de la UE: Alemania.

Su canciller Angela Merkel frustró la petición del Fondo Monetario Internacional (FMI) de ampliar en 750.000 millones de euros el capital del fondo de apoyo al euro.

Un plan concebido como un parachoques contra los ataques de la especulación o el colapso económico de uno de los socios de la moneda única.

En un nuevo tira y afloja entre la canciller casi en solitario y el resto de los países del Eurogrupo, Alemania también descartó la emisión de eurobonos de deuda para apuntalar el fondo a partir de 2013.

Una inyección de capital que iría destinada a fortalecer los recursos para apoyar a los Gobiernos cuya deuda pública se vea nuevamente atacada.

“No veo la necesidad de aumentar el fondo”, zanjó el miércoles la canciller.

Por su parte, el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, considera que la oposición de Alemania a la emisión de eurobonos es una actitud antieuropea.

La tensión pues crece en el seno de la UE entre rescates de países miembros.

Así es Merkel.

Primero reticente al rescate de Grecia y después a la creación del actual sistema de apoyo, recordó que sólo se ha usado “un porcentaje muy pequeño” en ayudas a Irlanda.

De los 440.000 millones de euros que avalan los socios del euro, Irlanda sólo recibirá 17.700. Mientras que el resto provendrá de una partida de los presupuestos de la UE, el FMI y las contribuciones de Reino Unido, Suecia y Dinamarca.

La capacidad de maniobra en la gestión de la crisis se encuentra seriamente limitada.

Los mercados financieros detectan esta torpeza y responden con una acusada volatilidad y con un castigo a los diferenciales de los bonos públicos de las economías tenidas por periféricas.

Así las cosas, el Banco Central Europeo (BCE) tendrá que seguir ocupando el centro del ring en el encarnizado combate entre la eurozona y los mercados financieros.

Por lo que acaba de comprar 2.000 millones de euros en bonos soberanos.

AL RESCATE

La debacle griega a principios de año, puntapié inicial de la crisis del euro, se profundizó por las vacilaciones de Alemania que solo aceptó intervenir cuando el contagio a otros países de la eurozona amenazaba con convertirse en epidemia.

En octubre Alemania, convertida en parangón de rectitud fiscal europea, acordó con Francia un nuevo mecanismo para que los acreedores asumieran pérdidas en los pagos cuando una deuda no estaba en condiciones de ser pagada.

Dicho mecanismo estaba planeado para 2013 cuando expirase el actual Fondo de Rescate de la UE, pero los mercados financieros no entraron en sutilezas y -asustados- empezaron a desprenderse de los bonos de algunos países, encareciendo los préstamos para los llamados PIIGS: Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España.

En el caso del Tesoro español, los intereses de la deuda son un 76% superiores a los que paga Alemania.

Los inversores exigen más rentabilidad a los bonos españoles porque creen que, dadas las circunstancias económicas, el Tesoro puede tener problemas de liquidez que -llevados a un caso extremo- podrían llegar a convertirse en dificultades de solvencia.

El mercado teme que España pase problemas.

La penaliza por ello.

Y así, eleva el coste de la deuda hasta niveles difícilmente soportables y esta situación termina generando efectivamente problemas de liquidez para el país.

Curiosamente, en los años en los que Alemania apenas crecía, el Banco Central Europeo le garantizó una política de tipos de interés extremadamente bajos -política que, por otra parte, contribuyó a alimentar las burbujas en los países que estaban siendo fiscalmente disciplinados-.

Pero cuando el resto de Europa necesitó de una política fiscal más expansiva en aquellos países que como Alemania se la podían permitir, esta fue bloqueada por una poderosa coalición formada por el Gobierno alemán, su banco central, su tribunal constitucional, y una opinión pública cada vez más beligerante contra los supuestamente manirrotos europeos del Mediterráneo.

Ahora, España está atrapado en un círculo y necesita romperlo. En esa línea van acciones de austeridad y privatizaciones como las aprobadas la semana pasada por Zapatero, que han “impresionado” al Eurogrupo, en palabras del propio Juncker.

Pero puede no ser suficiente, porque el mercado ya ha probado sobradamente, primero con Grecia y después con Irlanda, su capacidad para crear corrientes de tendencia difícil de revertir.

EURO: HUNDIMIENTO O SALVACIÓN

Merkel choca con dos obstáculos internos: uno político, otro institucional.

A nivel político las encuestas y los diarios populares dejan en claro diariamente que hay escasa simpatía por los rescates a países que son vistos como ineficientes o corruptos.

El rey de los tabloides sensacionalistas alemanes -el Bild lo resume así:

“¿Vamos a tener que rescatar a toda Europa?”

A nivel institucional, el problema pasa por la Corte Constitucional alemana.

La eurozona se rige legalmente por el tratado de Maastricht (firmado en 1992 ) que incluía entre sus cláusulas un pacto fiscal con un tope del 3% para el déficit fiscal, así como la prohibición de que un miembro fuera rescatado por otros en caso de incumplirlo.

La Corte Constitucional está examinando si el rescate aprobado en mayo para Grecia por la Unión Europea y el FMI no viola el tratado.

Si a pesar de todo Merkel defiende al euro es porque un derrumbe de la moneda única europea sería tan costoso para Alemania como para el resto de la eurozona.

Antes -el pasado 3 de diciembre- Merkel advertiría por primera vez que su país podría abandonar el euro para establecer un nuevo régimen de la moneda única.

Según José Fernández Albertos -científico titular del CSIC (Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos se pueden hacer dos interpretaciones del comportamiento del país germano: La primera admite que Alemania no está dispuesta a dejar fracasar el euro. Si la política hoy dominante -que la carga del ajuste caiga en los países periféricos- acaba siendo inviable, a Alemania no le quedará más remedio que volverse europeísta y arrimar el hombro. Pero solo lo hará cuando el euro esté en situación crítica, porque solo entonces Merkel podrá convencer a la sociedad alemana de las impopulares decisiones que habrán de tomarse, como la europeización de la deuda pública, la creación de un Fondo Monetario Europeo o el cambio de las reglas de gobernanza macroeconómica en la eurozona. Cuanto más se pueda retrasar ese momento endureciendo las políticas fiscales de la periferia, mejor. (…)

La otra interpretación, añade Fernandez Albertos, es: Sencillamente, lo que hemos presenciado es una muestra de que Alemania no está dispuesta a sacrificar los principios orientadores de su política económica nacional para salvar la unión monetaria. Si así fuera, el futuro del euro quedará en manos de la capacidad de sacrificio de las economías y sociedades de los países de la periferia en términos de desempleo, recortes en Estado de bienestar y estancamiento económico. Y como bien saben quienes están especulando en los mercados de deuda de estos países, la capacidad de aguante de las sociedades democráticas no es infinita.

EL MILAGRO ALEMÁN

La economía puede ser la salida de este laberinto.

La recesión mundial de 2009 golpeó duramente a la economía germana, segundo exportador global, que sufrió una caída de casi un 5%.

Este año se calcula un crecimiento del 4%.

Más importante aún, hay señales de algo que solía faltar en el engranaje alemán: un mayor consumo.

A la sombra de la hiperinflación de los años 20, los alemanes generaron una cultura ahorrativa y cautelosa. Pero la actual recuperación económica y cambios generacionales están generando una explosión de consumo que, según el consejo económicio asesor alemán, debería aumentar un 1,6% el año próximo.

Ese es, quizá, el quid de la cuestión: una Alemania consumidora podría tener una de las llaves para la recuperación de una eurozona cuyo mayor problema no es la deuda, el déficit o los mercados sino la falta de crecimiento.

EL TAMAÑO DE ESPAÑA IMPORTA

Al igual que el rescate de Grecia en mayo, el de Irlanda fue anunciado con bombos y platillos como la vacuna que evitaría el contagio a otros países de la eurozona.

En términos epidémicos la duda era si no se llegaba tarde para Portugal, pero se calculaba que los 85.000 millones de euros para Dublín serían una muralla que protegería el área peligrosa de la eurozona: España.

La economía española representa el 9% de la Unión Europea más que Portugal (1,4%), Irlanda (1,4%) y Grecia (2%) juntos.

La deuda española en relación al PIB no es fuerte (53,2%), pero su déficit fiscal sí (11,1%)

En el caso de Italia (12,9% del PIB europeo) el problema es el inverso: su deuda es un 116% del PIB mientras que su déficit fiscal es un 5%.

En todo caso…

Un rescate de España desbordaría los fondos de la Facilidad de Estabilidad Financiera Europea, un fondo de 600.000 millones de dólares constituida tras la crisis griega para calmar a los mercados con un mensaje de solvencia en la eurozona.

A finales de abril se vencen 15.500 millones de euros en bonos estatales, y unos 35 mil millones de deuda de los bancos españoles.

Por lo que no sorprende que los inversores y la Union Europea estén un poco inquietos.

La pregunta es: ¿no se acordaron un poco tarde?

+ info en Europa, pasado y presente

Grecia. Tiempo de cambios

La caída de Irlanda

Por Iñigo Ortiz de Guzmán

Centrales nucleares

La energía nuclear despierta pasiones, tanto a favor como en contra.

España cuenta con ocho centrales nucleares desde 1970 (la última se puso en marcha en 1987).

Las nucleares no están dispuestas a aceptar que la vida útil de las centrales acaba a los 40 años.

Santa María de Garoña, inaugurada en 1971, se está convirtiendo en la punta de lanza del sector para exigir al Gobierno que recapitule y amplíe la vida de las nucleares hasta los 60 años.

Garoña (Burgos) sentará precedente y las nucleares han visto su gran oportunidad en las dudas del Gobierno de Zapatero, que ya prorrogó hasta el 2013 su cierre en contra de su programa electoral y a pesar de que en el 2011 esa central cumplirá 40 años.

El director de la central de Santa María de Garoña, José Ramón Torralbo, es un acérrimo defensor de la seguridad y capacidad operativa de esta instalación.

Las nucleares quieren hacer visualizar su apoyo a Garoña porque saben que el destino de la nuclear burgalesa acabará marcando el futuro del resto de centrales.

Para lograrlo, el sector nuclear sabe que deberá encontrar primero apoyos en el territorio y en la clase política. La continuidad de Santa María de Garoña -a escasos kilómetros de la frontera con Álava (Euskadi)- está respaldada por los 21 ayuntamientos del valle de Tobalina, además de la Junta de Castilla y León (PP).

Asimismo, para lograr convencer a la sociedad, Garoña -que se juega su futuro- ha intensificado una política de comunicación activa para abrir la central a la población de su entorno.

Hasta 14.000 personas visitan cada año la nuclear.

En el taller donde los operarios simulan maniobras de reparación, la dirección de la central ha preparado una pequeña exposición en la que explica, paso a paso, el sistema ideado en los años 80 para combatir las grietas que se detectaron en la vasija del reactor.

Los ecologistas hicieron de este defecto de fabricación uno de sus caballos de batalla para reivindicar el cierre definitivo de Garoña.

Ahora la nuclear quiere convertir el defecto en virtud.

“No hay ninguna razón técnica que justifique el cierre de Garoña, es una decisión política”, argumenta Torralbo, agarrándose al informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Una de las bazas que utilizan las nucleares para reivindicar que la vida útil de una central puede superar los 40 años, e incluso llegar a los 60, está en la política de Estados Unidos.

Hasta siete nucleares americanas han recibido la autorización de su gobierno para operar hasta los 60 años; la más antigua de ellas fue inaugurada en 1969 (dos años antes que Garoña).

Las centrales catalanas confían también en forzar el cambio de criterio del Gobierno, por lo que aseguran que su plan de inversiones se está desarrollando ya pensando en una vida de 60 años. “Hay equipos que no cambiaríamos si pensáramos en los 40 años y también condiciona la política de formación”, explica Manel Campoy, director de Vandellòs II.

Las nucleares catalanas saben que lo que pase en Garoña afectará a todo el sector.

EFECTOS RADIOLÓGICOS

Lo cierto es que, según un estudio alemán realizado por la Universidad de Mainz a petición de la Oficina Federal de Protección Radiológica de ese país, nos muestra un dato que ya sospechábamos: vivir cerca de una central nuclear incrementa los riesgos de padecer cualquier tipo de cáncer en los niños.

Al parecer, existía una clara relación entre la proximidad de la central y el desarrollo de alguna enfermedad oncológica, siendo el radio de cinco kilómetros próximos a la central el más peligroso para tal efecto.

Aunque en un radio de 50 kilómetros ya se perfilaba el aumento del riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

¿Quién no se acuerda a día de hoy, hace 24 años, de los estragos que supuso la explosión de la central térmica rusa de Chernobyl, y sus consecuencias a la sociedad, en especial, a los más pequeños?

REACTORES NUCLEARES EN EL MUNDO

A nivel global, son 436 los reactores en funcionamiento, y más de una treintena se están construyendo.

DEBATE NACIONAL

El Gobierno de España tiene un serio problema sobre la mesa, y es, qué hacer con las centrales nucleares que tenemos en nuestro territorio.

De todos es sabido, que el gobierno del PSOE, tiene una postura más bien contraria a la energía nuclear, tal y como proponía en su programa electoral. Esta postura, totalmente legítima, choca frontalmente con los fuertes intereses del lobby nuclear o con los legítimos derechos laborales de las personas que trabajan en estas instalaciones, entre otros.

Es cierto que la energía eléctrica es un tema estratégico y de suma importancia para la economía productiva de España.

Y es que nuestro país es dependiente en energía, ya que carece de yacimientos petrolíferos. De este modo, se puede afirmar que hay un problema de abastecimiento energético de países como Rusia, Argelia, Libia o Arabia Saudi.

Así con todo, las únicas fuentes energéticas con las que cuenta el país para autoabastecerse son carbón, las energías renovables (como la eólica o la solar), la hidráulica y nuclear.

Y ninguna de ellas suministra el 100% de la energía que se necesita, al ritmo al que consumimos.

Casi dos tercios del consumo nacional procede de combustibles fósiles (responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), mientras que las centrales nucleares aportarán este año el 19% de la energía eléctrica que se consume en España.

En todo caso, en años secos, con menor producción hidroeléctrica, contribuyen con más de la cuarta parte de la energía.

Los inconvenientes nucleares son la generación de residuos de alta radiactividad y, especialmente, su tratamiento.

Se guardan en las piscinas de cada una de las centrales, aunque se prevé la construcción de un almacén temporal que recoja los residuos de las ocho centrales (dos de ellas ya cerradas), sin emplazamiento definido por el momento.

El Consejo de Seguridad Nuclear y Enresa se encargan de la supervisión de las plantas y la gestión de residuos, respectivamente. Sin embargo, los opositores de las nucleares advierten de los riesgos ambientales y para la salud en caso de accidente.

Un anuncio de GREENPEACE se hace eco del calentamiento de la Tierra; y, claro, las centrales tienen algo que ver…

En todo caso, los procesos de desmantelamiento de una planta nuclear no son ni fáciles, ni rápidos, ni económicos.

Así, por ejemplo, en la deconstrucción de la central de Vandellós I se generaron unas 97.000 toneladas de residuos, de las cuales 79.000 eran escombros de hormigón (que se reutilizaron para restaurar el emplazamiento), y más de 1.700 toneladas eran residuos radiactivos de baja y media actividad.

En el caso de Garoña, si el cese se produce el 6 de julio de 2013, los trabajos de desmantelamiento comenzarían tres años después. Tiempo en el que se extraería el combustible gastado de la piscina y se depositaría en un ATC (Almacén Temporal Centralizado), si para esa fecha está construido.

Tenemos un grave problema y es: ¿Qué hacemos con las centrales nucleares que tenemos en España?

Seguir manteniéndolas durante más tiempo, a pesar del peligro que podría suponer el mantener un parque nuclear envejecido, con una tecnología obsoleta. O bien, renovar este parque nuclear, abordando la construcción de nuevas nucleares con tecnología más avanzada y con mejores rendimientos.

Y el tema de la gestión de los residuos que generan estas centrales.

A día de hoy nadie sabe que hacer con ellos y difícilmente exista un municipio en España que quiera albergar un almacén donde albergarlos.

De seguir con este ritmo de generación, en el período 2008-2012 los gases de efecto invernadero pueden ser superiores en un 60% a las del año 1990. Y eso a pesar de que en el Protocolo de Kyoto se asumió el compromiso de no sobrepasar un aumento del 15% entre 1990 y 2010.

Este enorme incremento puede suponer fuertes sanciones por parte de la UE y un elevado coste por la compra de derechos de emisión.

El desarrollo y la apuesta por las energías renovables puede convertirse en una necesidad, si se quiere conseguir un desarrollo sostenible en un mundo con creciente demanda de energía.

¿Será suficiente con los parques eólicos y las placas fotovoltaicas para alimentar la creciente demanda de energía de España? ¿Podría suplir esta tecnología, la energía eléctrica, que generan las nucleares actuales?

Algunos expertos en la materia abogan por un sistema energético español diverso, en el que tengan cabida los actuales sistemas de generación y en el que tenga una mayor presencia las renovables.

Otros abogan por un sistema en el que la nuclear tenga más presencia, dado que piensan que la generación a través de los sistemas renovables son muy inestables. Los defensores de la energía nuclear mantienen que en la Unión Europea -gracias a este sistema de producción- se evita la emisión anual a la atmósfera de 700 millones de toneladas de CO2, al producir la tercera parte de la electricidad que se consume sin los problemas de impacto ambiental que produce la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles; contribuyendo además al ahorro de las reservas de estos combustibles, que resultan imprescindibles, por ejemplo, para el transporte.

Si la energía nuclear es la solución a nuestros problemas de suministro de energía de forma limpia y sin impacto medioambiental, ¿por qué existe un profundo debate en cuanto a su desarrollo y utilización?

La población que vive cerca de una central nuclear escucha con preocupación el debate y no deja de pensar en aspectos como:

—Los posibles usos bélicos de la energía nuclear, ya que los combustibles nucleares son los materiales con que se fabrican las armas nucleares.
—El riesgo de accidentes que originen consecuencias tan graves como el ocurrido en la central de Chernobyl.
—El problema existente en el almacenaje o eliminación de los residuos radioactivos generados, cuya “vida” es de varios miles de años, principalmente en los de alta actividad, que son los generados por el combustible gastado.

DESARROLLO NUCLEAR POR PAÍSES

FRANCIA- Las nucleares galas se revisan cada diez años. A lo largo del 2010 se han verificado las condiciones de las 58 centrales para ver si llegan a los 40 años. Tres cuartas partes de ellas se abrieron entre 1979 y 1990. La eléctrica EDF estudia ahora cómo prolongar su vida hasta los 60 años.

EE.UU.- Paralizó la construcción de centrales tras un accidente en 1979 en Pensilvania. Pero Obama intenta dar un impulso al sector apoyando la puesta en marcha de dos reactores en el Estado de Georgia. Un total de 59 reactores (de los 104 existentes) cuentan con licencia para funcionar seis décadas.

ALEMANIA- Aprobó en septiembre prolongar una media de doce años la vida de sus 17 centrales nucleares. Las más antiguas estarán activas ocho años, y las más modernas se mantendrán catorce años más. Eso significa que algunas continuarán en servicio más allá del 2030.

RUSIA- Desde 2003 apuesta abiertamente por la energía nuclear como factor de estabilidad y de defensa frente a las crisis energéticas. Actualmente, hay 31 reactores en funcionamiento y nueve más en fase de construcción.

CHINA- Necesita toda la energía. La contribución de la nuclear es del 1%, pero plantea aumentarla hasta el 4% en 2020. Para ello va a construir 30 centrales nucleares (21 ya en marcha), y ya tiene 11 en funcionamiento. Eso sí, también apuesta por saltos hidroeléctricos y renovables.

 

Aún siendo una visión egoísta, siempre nos quedará pensar que hasta que no ocurra un desastre cerca de donde uno vive, se estará a salvo.

“¡¡Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado!!” (por QUINO)

Por Iñigo ortiz de Guzmán

Estrategia española de seguridad

Así se conoce el documento que será aprobado proximamente por el Gobierno español en su Consejo de Ministros.

(Hoy precisamente se reúnen en Lisboa más de 40 jefes de estado para analizar la seguridad a nivel internacional, bajo el auspicio de la OTAN)

España diseña pues su primer plan de seguridad contra las amenazas globales elaborado por un equipo dirigido por el ex Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Javier Solana.

Tal documento no reconoce como peligros sólo aquellos asuntos tradicionalmente delicados como el terrorismo o los conflictos armados, sino que amplía su visión a problemas como las catástrofes medioambientales, las ciberamenazas o la inseguridad económica y financiera.

Pero tal vez lo más llamativo sea este último aspecto: la economía.

EL MERCADO

Es el reconocimiento -atinado- de que, en un mundo cada vez más globalizado, la economía puede convertirse en un inquietante enemigo; como lo están experimentado en sus carnes nuestro país y otros europeos con los ataques especulativos.

De este modo, el equipo interministerial coordinado por Presidencia (y que ha costado elaborar más de un año) insta al Ejecutivo a potenciar la presencia económica internacional española estableciendo un Sistema de Inteligencia Económica (SIE), una especie de Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que “promueva y defienda los intereses económicos nacionales”.

Sin duda, una estrategia que marcará la política española de seguridad de los próximos años.

El ya denominado ‘informe Solana’ plantea la estabilidad económica como “la base de la estabilidad social” y, por ello, asegurará una “correcta supervisión y regulación” de los mercados e intensificará su lucha contra todo tipo de actividades delictivas de índole económico.

En este sentido, se considera “prioritaria” la lucha contra el blanqueo de capitales del crimen organizado.

Por cierto que los servicios de inteligencia de Alemania incluyen desde hace tiempo la economía como potencial amenaza a la seguridad nacional, y tienen una unidad especializada en la materia.

TERRORISMO MUNDIAL

En todo caso, España tendrá en cuenta especialmente la situación en el Sahel, “un terreno fértil para redes delictivas y grupos terroristas yihadistas como Al Qaeda en el Magreb Islámico”, apunta el informe.

La intención del Gobierno es diseñar también sus políticas situando al continente africano y al Magreb, como zonas “esenciales para la seguridad de España y del conjunto de Europa”.

El texto determina que el norte de África “es una zona prioritaria”, no sólo por la ubicación de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sino “por la proximidad geográfica y los lazos históricos y humanos”.

Y recomienda la colaboración con Marruecos y Argelia para afrontar varios desafíos, entre los que cita, junto al terrorismo o el narcotráfico, “una solución negociada justa y definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental”.

En este espinoso y muy actual asunto, el informe no entra en detalles.

Esta es precisamente una de las razones que ha esgrimido el Gobierno de Zapatero para justificar su no condena al brutal ataque marroquí del pasado día 8 contra el campamento de protesta Gdeim Izik de El Aaiún.

+ info en Conflicto en el Sáhara Occidental

La perspectiva es más positiva sobre el grupo vasco ETA.

Los expertos reconocen que la banda terrorista “ha sido una lacra a lo largo de 40 años”, pero apuntan a que “la madurez y unidad de la sociedad española y la eficacia policial y judicial la han puesto en estado terminal“.

Ya se verá, en todo caso, cómo y de qué manera se plasman estas estrategias. Si se termina con todo grupo organizado o gubernamental que mata o chantajea con la excusa de defender aquello que la mayoría de la población no apoya.

Más vale que actuemos más tarde que nunca. Para la justicia y los derechos humanos, siempre hay tiempo.

Por Iñigo Ortiz de Guzmán