En el Congreso de los Diputados ya no se habla de establecer la igualdad de hombre y mujer en el acceso a la Corona o de reformar el Senado, sino de la “estabilidad presupuestaria” -que queda fijada por mandato constitucional-.
Se nos dice que la intención es calmar a los mercados, al Banco Central Europeo y al eje franco-alemán con el objetivo de salvar a nuestro país de una intervención.
Cuando, en definitiva, no es más que un corsé permanente al gasto público en España.
La idea es que para 2020 todas las Administraciones -central, autonómica y local- tendrían prohibido por la Constitución gastar más de lo que ingresan.
Lo curioso es que lo que había resultado imposible durante siete años -poner de acuerdo a PSOE y PP en una reforma constitucional- se ventilara el pasado 22 de agosto.
Por sorpresa y en diez minutos (los que tardó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en ofrecerla y Mariano Rajoy, líder del PP, en aceptarla).
La realidad es que la reforma se ha encontrado con la hostilidad de un sector de la opinión.
Se habla de “golpe de Estado financiero”, de “golpe a la democracia”, de “ruptura del consenso constitucional”, etc. Términos que coinciden con el resurgimiento del 15-M después del paréntesis papal.
Guste o no, lo cierto es que la iniciativa por acuerdo del PSOE y el PP es perfectamente legal. Si es o no democrática dependerá del concepto de democracia que se tenga. Pero legal, es.
Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores.
Pero bien es cierto también que , aunque el referéndum no sea legalmente obligatorio, lo es moralmente dada la trascendencia de lo que se reforma.
Pero -afirma Ramón Cotarelo, catedrático de Ciencias Políticas- «aquí aparecen discrepancias. Para unos, el tope del déficit es enterrar el Estado del bienestar; para otros, es una garantía del Estado del bienestar. Si no hay acuerdo mayoritario, la obligación moral se debilita.»
Socialistas y populares argumentan que se “requería tal medida a fin de salvar el Estado del bienestar”.
Lo que no deben de saber es que España es el país de la UE-15 que tiene el gasto público social por habitante más bajo.
Por lo que se hace difícil de entender cómo mayores recortes de tal gasto van a corregir el enorme déficit de gasto público social.
Una respuesta a esta contradicción podría ser la aportada por dirigentes conservadores de persuasión neoliberal, como dirigentes del Partido Popular, que han subrayado que el descenso del gasto público (incluyendo el social) estimulará la economía.
Pero como bien han señalado economistas de la talla de Joseph Stiglitz, Paul Krugman o Dean Baker, las políticas de recortes de gasto público (incluyendo gasto público social) en este momento de recesión son contraproducentes. Entienden que reducirían todavía más la demanda de bienes y servicios (estancada como resultado de que la población está enormemente endeudada).
Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión.
Mejor ejemplo de lo que no se debe hacer, imposible.
Con todo, la medida permitirá un déficit tope de un 0,4% del PIB. Un porcentaje excesivamente bajo.
En realidad, en los últimos 20 años, tal como subraya David Lizoain, ni la zona euro, ni la OCDE en su conjunto tuvieron un déficit estructural inferior al 0,4% ni un sólo año.
Alemania lo consiguió sólo un año; EEUU, tres años, y el Reino Unido, cuatro.
El politólogo Vicenç Navarro afirma que es poco probable que las fuerzas que están pactando el déficit del 0,4% favorezcan un incremento sustancial de los impuestos y de su progresividad (los ricos en España tributan sólo el 20% de lo que tributan los ricos en Suecia).
En realidad, durante estos últimos 15 años, ambos partidos han estado reduciendo los impuestos, debilitando su progresividad.
El tipo efectivo del IRPF que abonan las rentas más altas se ha reducido en 18 puntos, la gran empresa tributa un 10% menos por sus beneficios y la banca se ha beneficiado de la enorme tolerancia, cuando no complicidad, de las autoridades públicas hacia el fraude fiscal.
En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008.
La reducción del déficit público -requerido por el criterio de Maastricht-, se consiguió a costa, no de aumentar los impuestos (que en realidad bajaron, sobre todo en las rentas superiores, reduciéndose un 37% para las rentas de más de 300.000 euros), sino de disminuir el gasto público y sobre todo el gasto público social.
En España, los déficits públicos siempre se han reducido a costa de su Estado del bienestar.
Creerse que ahora va a ser diferente es ignorar el temor del Estado español (tanto central, como autonómico) a enfrentarse con aquellos colectivos de mayores ingresos (que obtienen sus ingresos de las rentas del capital) y que no aportan al Estado lo que aportan sus homólogos en la UE-15. Así de claro.
Y lo más tremendo de todo es que, a los mercados, la dichosa reforma constitucional muy probablemente les importa un bledo.
Zapatero hizo mal al no consultar al partido, ¿no hace mal el partido al no consultar a los ciudadanos?
Y ¿qué ocurriría si se incumple esa norma constitucional? Pues puede que nada. De hecho, el Pacto de Estabilidad, contenido en el Tratado de la Unión desde 1997, limita al 3% del PIB el déficit máximo de los Estados y ha sido incumplido por la práctica totalidad de los países sin ninguna consecuencia práctica.
Al final, los dos partidos mayoritarios en nuestro país se reparten más del 80% de la representación parlamentaria. Y eso no es normal. Lo es si aplicamos la Ley D’Hondt, pero peca de injusta por no ser igualitaria.
Mientras tanto, el Gobierno tiene las horas contadas. La de ayer fue la despedida de José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso de los Diputados. Su último Estado de la Nación ante el más que previsible adelanto de las elecciones a octubre/noviembre. ¿Para qué alargar más la agonía a mayo de 2012? ¿Es que quedan más recortes por llevar a cabo? En Cataluña ya han empezado con los sanitarios…
Mientras tanto, el partido de la oposición no adelanta nada en caso de -como dicen todas las encuestas- gane las elecciones; si no por mayoría absoluta, por una gran diferencia respecto a los socialistas. Sólo hemos sabido últimamente que MarianoRajoy ha mandado a la FAES (presidida por Aznar) una consulta -entiendo que no objetiva que digamos- de si resultaría viable o no el llevar a cabo el copago sanitario.
Es decir, más de lo mismo. Otra triquiñuela más a tantas otras para hacer ver que se dice algo sin querer decir nada. Más y más recortes, y todo porque España ha hecho del ladrillo su máxima. Eso sí, a costa de unos pocos, y en algunos casos de manera corruptela para llenarse los bolsillos.
Allá cada uno con su conciencia.
Lo preocupante es que, mientras tanto, el otro partido nacional importante -aunque minoritario- se enzarza en Extremadura en una lucha interna (tan característica de esta nuestra izquierda nuestra) para perpetuar o perpetuarse con alguna Consejería el poder de otros y el suyo propio. Nadie les dice que no tienen derecho a hacerlo (como lo hace su hermana Ezker Batua en Euskadi), pero los votantes de IU extremeños no creo que salten de alegría al ver que el PP se hará con la presidencia en esa comunidad porque el PSOE parece haberle ninguneado durante tantos años.
Mientras tanto, estamos en lo mismo. Con casi 5 millones de parados.
Mientras tanto, la corrupción -y sus imputados- acampan a sus anchas. Los ciudadanos no tenemos acceso a los gastos de los cargos públicos, ni incluso conocemos qué hace la Corona con dinero público.
Mientras tanto, las empresas se aprovechan de los impuestos nacionales para formalizar EREs sin que les cueste un euro.
¿Cómo se siguen permitiendo los paraísos fiscales?, me pregunto.
Lo dice el que tiene una mente inquieta, inteligente, que se ha caracterizado por prever los movimientos cíclicos en política y económica. Ese es el escritor y economista, José Luis Sampedro. Ese también humanista quien cree que el mundo está en la era del desconcierto y que va hacia otro modelo. Con una única salida: la de la educación y el pensamiento.
Para quien algo se está moviendo desde el 15M, por el descontento, el desencanto.
Hace 22 años las cajas de ahorros no podían abrir sucursales fuera de su región.
Hace 21, a las entidades financieras españolas se les permitió retener solo dos de cada cien euros de los depósitos de sus clientes y prestar el resto.
Hace 18 años se abrieron las fronteras de la Unión Europea para que el dinero circulase libremente.
Hace 15, el Gobierno de Aznar empezó atransformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas(IRPF) en un sistema menos progresivo, con menos tramos y tipos más bajos.
Hace 13, desaparecía el Banco Exterior, como el resto de los bancos públicos, al ser convertido en Argentaria, hoy reducida a la A de BBVA.
Hace 12, cuando Europa aún no tenía moneda común, EEUU revocaba la Ley Glass-Steagall, permitiendo utilizar de nuevo los depósitos de los clientes para inversiones de riesgo.
Y llegó la crisis.
Hace dos años, despedir era más complicado y caro en España. Hace un año, la edad de jubilación estaba fijada en los 65 años.
De los indignados se ha dicho que son sediciosos, que son agresivos, que son pulgosos y lujuriosos, que son ilegales, que sonperroflautas, que son violentos, que son delincuentes, que son unos golpistas como Tejero, que son totalitarios, que sonantisistema, que tienen entrenamiento en kale borroka de ETA, que son una guerrilla urbana, que son cuatro gatos malcontados, que son niñatos enrabietados, que son batasunos, que son cachorros de Rubalcaba, que son ratas, que soninsalubres, que son delirantes…
Cuesta encontrar un colectivo más insultado en menos tiempo.
Cuando el Movimiento 15-M solicita, ante todo, reformas políticas, lo que está mandando es un mensaje más o menos articulado de denuncia ante la ineficacia del Estado.
Hay que reforzar el Estado, nos están diciendo -y sus instituciones-, para que pueda cumplir su promesa de que protegerá a los ciudadanos. Y reforzar al Estado pasa necesariamente por ponerlo a punto desde una perspectiva política. Fundamentalmente, porque si un Estado no es suficientemente representativo, transparente y abierto, jamás podrá ser eficaz. Y si no es eficaz, carecerá de la necesaria legitimación social.
Para Antonio Estella (catedrático en la Universidad Carlos III de Madrid) la manera de volver a crear una alianza entre la gente y el Estado, sus instituciones y los políticos, es tomando en serio las reivindicaciones de aquellos que piden que se acometa una segunda transición política en nuestro país. Sin ella no se contará con el respaldo de la gente. Y sin el respaldo de la gente, el Estado -nuestro Estado y todos los demás-, jamás tendrán el empuje necesario como para poner en orden nuestra maltrecha economía.
Con todo, la perspectiva política es clara: Mariano Rajoy ganará las próximas elecciones con una mayoría holgada. Lo que sí ha hecho es perder otra oportunidad para explicar lo más básico: qué hará cuando gobierne.
El programa económico del PP se resume en tres puntos. El primero: váyase, señor Zapatero. El segundo, redundante con el anterior: España necesita un nuevo Gobierno que transmita “confianza” a los mercados. El tercero: hacen falta “reformas de verdad”. ¿Cuáles?
Zapatero ha intentado reconstruir su discurso enlazando tres puntos difíciles de anudar. Uno: sus promesas de que la crisis no la pagarían los más débiles. Dos: el 20% de personas en paro. Y tres: ese recorte social de hace un año, tan difícil de tragar. Tuvo un guiño con las protestas del 15-M al anunciar esa nueva protección para las familias que no pueden pagar su hipoteca. Pero llega demasiado tarde.
«Entre los economistas hay dos tipos: los que se dedican a hacer más ricos a los ricos y los que pretendemos hacer menos pobres a los pobres» (José Luis Sampedro)
«Si me muriera mañana, creo que lo dejaría todo en regla. Tendría la sensación de haber venido a la Tierra para hacer algo valioso» (Jean-Pierre Barou, autor de ¡Indignaos!)
Los indignados no son grandes gracias a la prensa sino a pesar de cierta prensa.
Arrollado, noqueado, son algunos calificativos que se oyen.
Es José Luis Rodríguez Zapatero.
El gran perdedor de las elecciones regionales y municipales del 22 de mayo.
Tal resultado -la pérdida de 2 millones de votos- se interpreta claramente como un castigo a la pobre gestión de la crisis económica hecha por Zapatero y su gobierno y lo que muchos perciben como falta de respuestas al drama de 4,9 millones de desempleados; recuerdo, el índice más alto de la Unión Europea.
El mensaje de las municipales para el PSOE está más que claro.
Las siguientes elecciones generales se pueden parecer mucho a las de 1982, salvo por una diferencia nada sutil. Que esta vez Felipe se llamará Rajoy, y es del PP.
Hay que remontarse 30 años para encontrar algún otro momento de la democracia con una concentración de poder equiparable al que puede que esté por venir.
Ni Zapatero ni Aznar alcanzaron jamás una supremacía como la que hoy roza el PP.
No es por méritos de Rajoy, que ya le ven. Es por la enorme distancia que hoy separa al PSOE de su electorado natural.
Zapatero insiste en culpar a la crisis y evita cualquier autocrítica. Se equivoca.
No ha sido sólo la crisis, sino cómo se gestionó.
Todos los países europeos han afrontado recortes durísimos en los presupuestos, pero no todos han repartido la factura igual. Hasta Merkel, en Alemania, puso un impuesto extra a las eléctricas. Hasta Cameron, en Reino Unido, ha subido los impuestos a las petroleras del Mar del Norte.
Zapatero, mientras tanto, adoptó todo el paquete liberal y -como gran gesto de izquierdas en un país dónde las grandes empresas han cerrado el 2010 con beneficios récords- se conformó con coquetear con un impuesto para los más ricos del que se habló mucho un verano, pero que nunca llegó.
Se equivocan también en el PSOE quienes creen que la solución a esta debacle pasa por evitar el debate interno y descafeinar las primarias. Sería un gran error. Sería dantesco que la dedocracia fuese la respuesta socialista a las peticiones de más democracia que aún siguen en las plazas.
El divorcio entre el PSOE y sus votantes es tan grande que su única salida es una refundación: un nuevo rumbo, no sólo una nueva cara.
Al menos así lo cree el líder del socialismo vasco.
Patxi López estima imprescindible abrir un amplísimo debate de ideas.
Claro está, en un congreso -además de hablar de proyecto político- se elige al secretario general y a su ejecutiva.
Por tanto, López con su propuesta se lleva por delante a Zapatero. Porque -como bien observó el martes el líder socialista andaluz José Antonio Griñán- si al final triunfa la propuesta de un congreso, frente al criterio de Zapatero, se provocaría de manera indirecta un anticipo de las elecciones.
Una posibilidad que cada vez parece menos descabellada.
Al otro lado del teléfono Zapatero busca el máximo apoyo de los barones para acabar la legislatura.
Y, mientras tanto, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón guardan silencio.
Hördur Torfason se acercó una mañana de octubre de 2008 hasta el que los islandeses llaman Althing, el Parlamento situado en la capital de Islandia, Reikiavik.
Para entonces, el mayor banco del país -el Kaupthing- ya había hecho crack y el sistema financiero islandés estaba patas arriba.
Torfason, junto a su guitarra, cogió un micrófono y abrió el canal para que los ciudadanos que quisieran expresar su malestar ante el revolcón que estaba sufriendo el país dijeran lo que pensaban. El sábado siguiente, su iniciativa reunió a decenas de personas en el mismo punto.
Los sábados de aquel otoño, ligados por el movimiento Voces del Pueblo, llevaron al anuncio de disolución del Parlamento y convocatoria electoral el 23 de enero de 2009.
Esta vez ha ocurrido en España, en un país en el que normalmente no nos quejamos de nada, o de casi nada. Por eso sorprende, no se esperaba.
Miles de manifestantes se reunieron en varias ciudades españolas el pasado 15 de mayo para clamar contra la pasividad política de este país, por l0s abusos de poder y la corrupción:
« (…) Este domingo hemos tomado las calles de todo el Estado miles de personas dispuestas a hacer escuchar nuestra indignación ante la situación actual. Mientras unos pocos son los claros ganadores de la crisis, una gran mayoría vemos cómo nuestros derechos son recortados y se nos niega el futuro.
No hemos visto a los banqueros que fueron rescatados con 70.000 millones de todos, vemos a familias a las que asfixian las hipotecas y que son desahuciadas. Tampoco busquéis a los constructores que se enriquecieron especulando con la vivienda, buscad a jóvenes que no pueden pagarse el alquiler.
(…) A los poderes económicos se les escucha cada día, a nosotros solo nos van oir si salimos a las calles. Las respuestas colectivas funcionan, lo vemos en Islandia, donde van a juzgar a sus banqueros. Nuestra democracia está secuestrada, empecemos a liberarla.»
La organización que aglutina las movilizaciones –Democracia Real Ya–, cuenta entre sus propuestas con unos 40 puntos que van desde el control del absentismo parlamentario a la reducción del gasto militar, pasando por la abolición de la ley Sinde.
Y entre las adhesiones que ha arrancado este movimiento aparecen ya unas 500 organizaciones de toda índole.
Pero ningún partido. Tampoco sindicatos.
Y todo esto ha ocurrido a velocidad de crucero, a través de una Red que ha multiplicado el eco del descontento, a través de Twitter.
En definitiva, la #SpanishRevolution.
Revoluciones que han crecido y madurado mientras que los jóvenes franceses, italianos, ingleses y griegos se lanzaban a las calles para vetar los planes de recortes sociales con los que Europa ha reaccionado a la fuerte recesión económica.
Le tocaba a España.
Arrancó primero Nolesvotes, una iniciativa que insta a evitar llenar las urnas de papeletas de PP, PSOE y CiU acusándoles de aprovecharse de la ley electoral para perpetuarse en el Parlamento.
Le siguieron llamamientos en el Congreso de movimientos como Avaaz o Actuable por unas listas electorales limpias de políticos imputados.
Y continuaron los cerca de 2.000 jóvenes que secundaron las marchas de Juventud sin Futuro el pasado 7 de abril, un primer ensayo modesto de lo que el 15M reventó en un clamor popular en varias ciudades españolas.
Para Iñaki Gabilondo, son jóvenes desengañados que se sienten abandonados por un sistema político bipartidista en el que no confían y por una estructura económica que amenaza con mantenerlos en la marginación sine die.
Uno de los primeros intentos de convocatoria a la tunecina -por Internet, por twitter y demás redes sociales-. Una modalidad de campaña electoral sin líderes reconocibles, que está sobrepasando por la izquierda a los partidos que conforman los pilares clásicos de la sociedad democrática.
Demasiado vértigo para un sistema que busca desesperadamente el voto indeciso de los electores llamados moderados.
‘Centrados en ti’, dicen desde el PP.
‘El presidente de la gente común’, reza el lema de campaña del socialista Tomás Gómez, para la presidencia de la Comunidad de Madrid.
Indignarse, cabrearse, enfadarse y mostrar esa rabia es un necesario primer paso para algo más.
Democracia real YA demuestra que no hace falta ser un sindicato, una ONG o un colectivo estructurado para organizar una protesta con éxito.
Este movimiento ciudadano está retomando prácticas basadas en la espontaneidad, que dan frescura a una izquierda que a veces pierde demasiadas energías en interminables reuniones para decidir que no pueden decidir nada conjuntamente.
El entusiasmo, la alegría y la creatividad de las revueltas de internet son un soplo de aire fresco en una izquierda obsesionada por mostrar su logo, bandera o siglas, resultado de la lógica electoralista a la que nos arrastra la democracia irreal que tenemos.
Pero votar el próximo domingo es algo también importante. Aunque no hay que dejar de hacer política sin los partidos, o al margen de los mismos, es importante participar.
Quien no vote, está en su derecho y puede hacer un gran trabajo político desde otros espacios. Pero, si no conseguimos sacar del reducido espacio de poder democrático que hemos conseguido con mucho sacrificio en este país, a acaudalados y corruptos políticos, herederos de una dictadura con la que todavía no hemos roto, llegará un momento en que no habrá vuelta atrás.
Decía Michel Rocard -ex primer ministro socialista francés-, que la democracia es un sistema pensado para tiempos de tranquilidad, menos sólido de lo que suele creerse y muy capaz de irse al garete con poca cosa.
Si la globalización ya lo había dejado bastante claro, con la crisis económica se ha confirmado que las grandes decisiones que determinan nuestras vidas se toman al margen de las instituciones elegidas por los ciudadanos, simples marionetas.
Quienes se han echado estos días a la calle piden una democracia real en la que todos los votos valgan lo mismo y no sean simples cheques en blanco.
No basta con escucharles, como sugiere Zapatero, que es de esos oyentes que mueven la cabeza en señal de aprobación y luego si te he visto no me acuerdo.
En algún momento y por nuestro bien, habrá que hacerles caso.
Se llame generación Y– la última en todo- o Why -por su carácter crítico-, más bien parece la del 5.o: la de la tecnología, pero también la de los 5 millones de parados en España. Y, por tanto, con derecho a quejarse.
Con todo, los islandeses fueron más allá.
Sacudieron los cimientos del Gobierno, persiguieron a los banqueros que les llevaron a la bancarrota y dijeron ‘no’ en referéndum a la devolución a Reino Unido y Holanda de una deuda de 4.000 millones de euros.
Y aún más -quizá lo que realmente gusta entre los que pisotean las calles, sobre todo, desde el 15M-: formaron una asamblea de 25 ciudadanos elegidos para llevar a cabo una reforma constitucional.
Toda una revolución que el ingobernable canal de las redes sociales se encargó de rescatar allí.
Según los datos proporcionados hoy mismo por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el volumen total de parados alcanzó en marzo la cifra de 4.333.669 desempleados. Su nivel más alto en toda la serie histórica comparable (que arranca en 1996), y el más elevado, por tanto, de los tres años de crisis que arrastra ya España.
Es decir, el 20,5% de las personas en edad de trabajar no tienen un empleo. Mientras tanto, en la eurozona el paro baja al 9,9%.
PP-PSOE o PSOE-PP. Da igual. Mismo da, da lo mismo.
Los unos poco aportan ya; los otros se callan, no vaya a ser que se sepa lo que piensan.
Los entendidos dicen que en algún momento la bomba tenía que explotar por algún lado.
Tanto ladrillo, tanto sector servicios, tan poca inversión en I+D… no iba a sernos de gran ayuda. Y así se ha visto desde la debacle en 2008, desde que comenzó la crisis financiera en EE.UU.
Hace unos días que el documental ‘Inside Job’ -que obtuvo este año el Oscar al mejor documental– llegó a nuestro país, y con bastante éxito.
Y es que, aunque no cuenta nada nuevo, mucho tiene que ver con el mensaje que lanza.
La última película de Charles Ferguson que pretende dar una nueva vuelta de tuerca a las causas de la crisis financiera mundial provocada por las hipotecas ‘subprime’.
En él, el actor Matt Damon -que apoyó a Barack Obama en su llegada a la Casa Blanca y por el que ahora muestra su decepción- narra la aterradora y compleja historia sobre el origen y los protagonistas de la crisis económica.
«Tengo que empezar destacando que tres años después de nuestra horrorosa crisis económica causada por un fraude masivo, ni un solo ejecutivo financiero ha ido a la cárcel, y esto está mal» fueron las palabras de su director en el escenario del Teatro Kodak de Los Angeles el pasado mes de febrero.
‘Inside Job’ es un documental que te enciende, que te conmueve, que te sacude.
Es necesario y a la vez terrorífico: tanto por ver la situación en la que estamos y a la que podemos llegar, como por la constatación de las medidas absurdas que se han tomado y de las atrocidades que se han permitido.
Juzgar la objetividad de alguien es tan difícil como ser objetivo.
Se podría decir que los autores del documental son bastante imparciales, o, por expresarlo de forma más llana: que reparten a diestro y siniestro.
En la parte última de la película sorprende conocer, por ejemplo, que el gobierno de Obama cuenta con muchos de los ministros o cargos que permitieron que ocurriese este hundimiento cuando gobernaban presidentes de ideas contrarias.
Muchos se quejan de que los documentales con contenido político o social predican al converso y, por lo tanto, no tienen efecto; y es que solo irá a verlos quien ya esté concienciado.
Error.
Si se viajase cinco o siete años al pasado y se colgasen en Internet y publicasen en periódicos lo que estaba detrás de las operaciones bancarias, los ciudadanos y políticos habrían continuado hipotecándose o permitiendo la compra de deuda, respectivamente.
Se presta muy poca atención a las advertencias, quizá por culpa del exceso de ruido informativo que recibimos.
El mutismo que ha mantenido hasta hoy José Luis Rodríguez Zapatero sobre su futuro, la pérdida de popularidad sufrida tras el duro plan de ajuste de 2010 y el nerviosismo por la proximidad de unas difíciles elecciones el 22 de mayo han alentado durante casi año y medio el debate sucesorio en la calle Ferraz de Madrid.
Para bien o para mal, quien sabe…
Eso sí, de lo que no cabe duda es que Zapatero ha cumplido. Es decir, prometió que no se presentaría a una tercera legislatura, y así va a ser.
Para la periodista Victoria Prego, de EL MUNDO, «el PSOE se ha quedado huérfano aunque es verdad que muchos de los ‘hijos’ han suspirado de alivio y se sienten mucho más ligeros de equipaje y más libres para salir a batallar por la victoria en las próximas elecciones autonómicas y municipales».
El presidente del Gobierno cree que anunciar ahora su retirada de la batalla partidaria es coherente con su promesa de dedicar todos los esfuerzos a las medidas para salir de la crisis.
En este sentido, da por cumplido su compromiso de hacer “lo mejor para España”, y no tanto para el partido -que también-. Obviamente, lo mejor desde su punto de vista.
Desde hoy, liberado ya del yugo de la pelea interna y los cómputos electorales, quién sabe las medidas que Zapatero será capaz de asumir con tal de quedar en la historia como el hombre que renunció a buena parte de su ideario progresista a cambio de… “salvar a España de la ruina”.
Sí, lo han leído bien.
Inquietante.
El elemento más trascendente del anuncio de hoy es sin duda de calendario.
Por mucho que se niegue, entre los dirigentes socialistas había quienes habían intentado forzar una solución rápida a la sucesión, por la vía de abrir de inmediato un proceso de primarias que se resolviera antes del 22M. Lo cual equivalía en la práctica a ponerle una alfombra roja a Alfredo Pérez Rubalcaba, puesto que cualquier otro aspirante (Carme Chacón, por ejemplo) tendría muy difícil conseguir los avales necesarios en las federaciones territoriales inmersas en la campaña electoral de las autonómicas y municipales.
Al anunciar que la fecha de las primarias será decidida por el comité federal que se convoque el 28 de mayo, tras las elecciones del 22M, Zapatero se erige en una especie de garante de la “limpieza” absoluta del proceso. Hasta el final de legislatura, Zapatero no solo es presidente del Gobierno, sino secretario general del PSOE.
Son ventajas de una fórmula democrática que no tiene el “dedazo” que otros practican.
Los populares han insistido en dos ideas ya recurrentes: la exigencia de elecciones generales anticipadas, y que el cambio de candidato no va a impedir un cambio de signo político al frente del Gobierno de España.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha pedido hoy al PSOE que no haga «perder» más tiempo a los ciudadanos y les deje «decidir» quién es su candidato para ser el próximo presidente del Gobierno que, se ha mostrado convencida, será Mariano Rajoy.
Lo que no es menos cierto es que el Partido Popular tendrá que buscar a partir de ahora una estrategia de desgaste distinta. ¿A quién dirigirán los dardos los que preguntan desde los bancos de la oposición?
Zapatero acaba de abrir el melón sucesorio cuyo ruido ya es superior al que ha creado Guardiola cuando afirmó ayer que su tiempo en el Barça llega a su fin.
Llama la atención esta coincidencia: el entrenador del equipo que prefiere Zapatero insinúa su marcha porque él cree que corre el riesgo de aburrir a sus futbolistas. Y el presidente anuncia su marcha en 2012 porque debe estimar que los electores ya se aburren con él.
Lo dice el periodista Juan Cruz, de EL PAÍS: «A mi me parece que ahora hay más liga que antes. Sobre todo porque Zapatero le ha quitado al PP la alfombra que le estaban rompiendo. (…) Zapatero se va descalzo, pero ahora ya le quema mucho menos el suelo».
Es norma que todos los 22 de diciembre se pare el mundo.
Entra el invierno, la lotería de Navidad acude a su cita anual, como el frío polar, y todos estamos seguros -por fin, después de muchos meses de dudas- que no se sabe todavía si Zapatero será el próximo candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno.
Por una parte, todo esto es bueno: hay un orden, sin sobresaltos; y las incertidumbres suelen provocar estrés.
Es decir… que nada se sabe de la sucesión de Zapatero, salvo él y una persona de confianza -aparte de su mujer, claro-.
Lo que llama la atención es que sea ahora cuando, de repente, nos sale con eso de que ya lo tiene decidido, sin dar más detalles.
Tampoco importa tanto, a año y medio de las elecciones generales.
Aunque sí importaría su futuro, pero tras las municipales de 2011.
Ahora, no.
En todo caso, ya se ha puesto en marcha el cronómetro para que se desvele el secreto peor guardado de los últimos tiempos.
Tic, tac, tic, tac, tic, tac…
Mientras tanto, Mariano Rajoy se mantiene en la penumbra.
Su estrategia consiste en no hacer ruido y en solemnizar lo obvio.
¿Que cómo sería la Justicia si él estuviera en la Moncloa? Ágil, claro. ¿Y la negociación colectiva? Flexible. ¿A quién beneficiaría su reforma fiscal? A los emprendedores, lógicamente. ¿Establecería techos de gasto y deuda para las administraciones aunque ahora ya existan? Obviamente, porque los techos de Rajoy son más bonitos y si uno apaga la luz ve estrellas fosforescentes. ¿Quién estaría en su Gobierno? Los mejores, naturalmente.
Rajoy no quiere que sepamos para que no nos preocupemos. De ahí que sólo nos deje atisbar sus propósitos a través de una escueta mirilla.
Su reforma laboral sería otra, cambiaría el sistema de pensiones de otra manera, recortaría el gasto de forma distinta y fomentaría el empleo de modo diferente.
Si por casualidad descubrimos sus verdaderas intenciones, como es derogar la ley del matrimonio homosexual, cambia el tiro a toda prisa para no asustar.
Antes escucharía a la gente, posiblemente a Mayor Oreja, que dice que estas uniones chocan con el sentido común.
Mientras se constata el envejecimiento de la población, es preocupante que algunos políticos nos traten como a menores de edad.
Zapatero prefiere ocultarnos si será o no el candidato, justamente lo único que Rajoy está dispuesto a desvelar.
Eso se llama no decir toda la verdad. Estos políticos tienen más secretos como peces tiene el océano.
Dan ganas de decirles que con su pan se lo coman, si no fuera porque el pan con el que juegan es el nuestro.
Durante poco más de medio siglo, la organización terrorista ha logrado convulsionar con violencia la vida política española.
Ahora, ETA recorre en estos momentos el tramo final de su historia.
En eso coinciden las Fuerzas de Seguridad del Estado que han dedicado todo este tiempo a combatirla y aquellos que han justificado sus atentados antes y después de la llegada de la democracia.
Pero ninguno de ellos se atreve a poner fecha a ese final.
Sólo el pasado alberga certezas y una de ellas dice que un día como hoy, hace 37 años, el grupo cometió su atentado más influyente en la historia de España: el asesinato del penúltimo presidente del Gobierno del franquismo, el almirante Luis Carrero Blanco.
Lo que está claro es que algo se mueve en el entorno de ETA.
El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha manifestado en la últimas horas que esta ocasión «es la buena«, en relación al posible fin de la violencia de ETA y la incorporación de Batasuna a las vías exclusivamente políticas.
Y ha añadido más: «Hay una sensación de irreversibilidad, de que un ciclo de combinación de la estrategia política-militar, como ellos lo denominan, se acaba, y de que no hay vuelta atrás«.
Sobre la difusión de un próximo comunicado de ETA, Egibar ha destacado que «por deseado y esperado, será importante», aunque ha matizado que habrá que esperar a conocer el contenido y si incluye «la voluntad de cese definitivo de la violencia».
BATASUNA
Lo cierto es que la izquierda abertzale anunció la semana pasada que presentará en enero su nueva formación con unos estatutos que se ajusten «a rajatabla» y sin «trampa» a la Ley de Partidos para concurrir en mayo a las elecciones municipales y forales del País Vasco y Navarra.
Pero lo interesante de todo, es que la antigua Batasuna y Eusko Alkartasuna prevén presentarse con la misma marca.
Según un anexo del documento Lortu Arte (Hasta Conseguirlo) -firmado el pasado 20 de junio en Bilbao-, las dos formaciones llevarían de manera conjunta su compromiso de defender la «soberanía nacional» de Euskal Herria frente a España y Francia.
Eso en cuanto a las elecciones para diputaciones y capitales; porque a nivel municipal, tanto uno como otro pretenden presentarse de manera separada e independiente.
Lo que toca, a partir de ahora, es tomar decisiones.
El Gobierno (y probablemente el Tribunal Supremo) deberá decidir entonces si acepta su inscripción en el Registro de Partidos, o si la rechaza al entender que es un sucesor de la ilegalizada Batasuna.
En anteriores procesos de ilegalización, policías, fiscales y jueces concedieron gran relevancia a encontrar vínculos de los dirigentes o promotores de la formación investigada con el mundo de Batasuna.
En esta ocasión, es la propia izquierda abertzale quien se presenta como impulsora del nuevo partido, pero al mismo tiempo alega que ello no puede ser motivo de ilegalización porque Batasuna ya es “otra”.
Una metamorfosis que tendría su máxima expresión en el rechazo a la violencia.
La clave, por tanto, será saber si Batasuna es verdaderamente “otra”, o es “la misma” de siempre con nuevos ropajes.
Y habrá dos elementos determinantes: que el nuevo partido condene con claridad la actividad de ETA.
Y, segundo, que se compruebe que su metamorfosis es sincera. O, dicho de otra forma, que las fuerzas policiales no puedan demostrar que Batasuna sigue actuando a las órdenes de la banda.
Si la nueva formación supera ambas pruebas, deberá ser legalizada, ya que la jurisprudencia del Supremo jamás ha exigido la desaparición de la banda terrorista como condición para que un partido independentista vasco sea legal.
Prueba de ello es Aralar.
A día de hoy, hay un aparente pulso entre ETA y Batasuna por dirimir quién manda en ese mundo. Eso es así.
La banda no acaba de declarar el alto el fuego verificable que le pide Batasuna, pero tampoco niega que vaya a hacerlo.
El hecho de que lo esté consultando entre veteranos en el retiro podría indicar que su cúpula está dividida.
Ese retraso condiciona a su vez la estrategia de Batasuna, forzada a multiplicar las iniciativas tendentes a acreditar su desvinculación de la banda, a fin de poder participar en las elecciones de mayo.
Pero, en todo caso, son iniciativas cautelosas para evitar una ruptura formal con ETA y el pasado compartido con ella.
El Gobierno es claro en este asunto: o consiguen que ETA lo deje, o ellos dejan a ETA.
No le vale a Zapatero que sólo hablen de «rechazo de la violencia y la amenaza de usarla», de ahí su escepticismo.
CÁRCELES
Mientras tanto, en las prisiones hay que algo que está cambiando también.
Hay presos ‘políticos’ que ya no quieren ni ver, ni escuchar, ni hablar de lo que se presupone que no deberían hacer: criticar las acciones violentas pasadas de la banda.
Así, el colectivo de presos disidentes de ETA camina lenta pero implacable.
El Ministerio del Interior, consciente de ello (del arrepentimiento de ciertos capos) ha extendido el proceso de reinserción con la concesión de permisos en Navidad a dos reclusos y la formación en el exterior, de lunes a viernes, a un tercero.
Algo que no es nuevo; de hecho, los primeros permisos se remontan a la pasada Navidad, pero ahora se hacen públicos por primera vez los autos del juez de vigilancia penitenciaria que las autorizan.
Ya son cuatro los reclusos de Nanclares de Oca (Álava) que después de abandonar el colectivo de presos de ETA, haber perdido perdón a sus víctimas por escrito y tener cumplida la mitad de la condena, han sido clasificados con el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario. Lo que les permite salir entre semana, regresando para dormir.
En ese colectivo (integrado por Joseba Urrosolo Sistiaga, Kepa Pikabea, Carmen Gisasola, Jurgi Oteiza, Andoni Alza, Rafa Caride Simón, Ibon Etxezarreta y Josu García Corporales) -autodenominado ‘Presos comprometidos con el Irreversible Proceso de Paz‘-, manifiesta su convicción de que tanto en Batasuna como en las cárceles «se están dando pasos para cerrar el ciclo de la lucha armada«, que tiene que «terminar» porque está «fuera de lugar«.
Asimismo, añaden que «sirve de poco hablar de tregua permanente y verificable si no se ha decidido dejarlo definitivamente».
Pero, no todos los presos piensan de la misma manera.
Y es que muchos de los que reniegan de la banda en privado y no acatan las consignas de ETA, renuncian sin embargo a acogerse al proceso de reinserción, con la esperanza puesta en una solución colectiva pactada entre el Gobierno y la organización terrorista.
Y más ahora, ante la expectación que ha levantado el posible y más que esperado comunicado de ETA que se espere amplíe a «verificable, permanente y unilateral» los términos de su alto el fuego.
Lo que sería absurdo sería negar los cambios en marcha en ese mundo abertzale.
Aunque también lo sería ignorar que ha sido la firmeza y exigencia de los partidos democráticos lo que ha hecho que digan hoy cosas que habrían sido impensables hace un año.
Se trata por tanto de encontrar un equilibrio entre esa firmeza, de nuevo avalada por el Tribunal de Estrasburgo (que volvió a avalar la ley de partidos al ratificar la anulación de listas con las que Batasuna trataba de participar en las elecciones de 2007), y la conveniencia de mantener el principio de que la prohibición es una medida excepcional que puede decaer si hay garantías de ruptura real con la banda, con lo que pueda hacer y con lo que ha hecho con la complacencia de su brazo político: 829 asesinatos.
Es más que probable que, en un futuro no muy lejano, la edad de jubilación se eleve de los 65 a los 67.
O sí, o sí.
Esta es la conclusión o, al menos, la idea que tiene el Gobierno español.
Lo que supondría la tercera reforma de envergadura en la época democrática de España.
El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha añadido un matiz a la propuesta que llevará al Pacto de Toledo (el documento aprobado por consenso en el Congreso de los Diputados en 1995, que analiza y describe la evolución del sistema de pensiones): se hará incorporando «factores de flexiblidad razonables«.
ZP entiende que el envejecimiento de la población complicará a largo plazo la sostenibilidad del sistema.
La reducción en un horizonte de entre 25 a 30 años de la masa de trabajadores cotizantes frente a la de jubilados es inviable, según coinciden el Ejecutivo, los partidos y los agentes sociales.
Pero no hay consenso entre los dos grandes partidos sobre la forma en que hay que llevarla a cabo.
Tras casi un año de negociaciones, los grupos del Congreso han firmado un texto que incluye una coletilla en la que se señala: «En materia de edad legal de jubilación no hay acuerdo».
El PSOE, con la presión del Gobierno y forzado a su vez por los mercados, se queda solo en su batalla.
Pero insisten: «Estamos en un momento histórico para el futuro de nuestra economía y prosperidad porque afrontar la gravedad de la crisis hace que tengamos que tomar medidas históricas. Si las tomamos hoy, aunque en el presente no sean fáciles, en el futuro diremos que se hizo lo que se tenía que hacer. Todas las reformas que estamos haciendo suponen hoy esfuerzos y sacrificios, pero mañana, serán confianza prosperidad y empleo», ha subrayado el jefe del Ejecutivo.
Hasta el 28 de enero -fecha prevista para la aprobación de dicha reforma- se mantendrán arduas conversaciones con los grupos políticos y con las entidades sociales.
Decisiones que, sin duda alguna, no van a ser fáciles.
Y es que el alargamiento de la edad obligatoria de la jubilación afectaría de una manera muy desigual a distintos sectores de la población, como consecuencia de que España continúa teniendo clases sociales.
Un burgués vive dos años más que un pequeño burgués que, a su vez, vive dos años más que una persona de clase media, la cual vive dos años más que una persona trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona trabajadora no cualificada, la cual vive dos años más que un trabajador no cualificado con más de cinco años en paro.
La distancia entre la última y la primera es de diez años, mientras que el promedio de la UE-15 es de siete.
Conclusión: ya que la longevidad es tan distinta según la clase social, es profundamente injusto que todos deban obligatoriamente jubilarse al mismo tiempo.
Es más, para muchas personas cuyo trabajo es más intelectual que manual -y que es fuente de goce y estímulo- tener que jubilarse a los 65 años es un perjuicio que puede dañar su salud.
En EEUU, por ejemplo, un catedrático puede trabajar hasta que lo desee, siempre y cuando alcance los niveles de exigencia que la universidad reclama a todos los docentes.
La jubilación es un derecho, no una obligación.
No así en España, donde es una obligación, llegando al absurdo de que muchos profesionales deben jubilarse en pleno uso de sus facultades y competencias en especialidades (como la medicina) donde hay una enorme escasez de profesionales.
Con todo este galimatías, lo que es más que injusto es que la persona cuyo trabajo es más manual que intelectual, éste no es un instrumento de goce sino un medio a partir del cual obtiene los medios para poder vivir. Y grandes sectores de la clase trabajadora se encuentran en esta situación.
Para esta persona, exigirle que trabaje dos años más no es de recibo.
Es profundamente injusto pedirle a un miembro del personal de limpieza de la universidad que trabaje dos años más para pagar mi pensión, ya que probablemente le sobreviviré seis u ocho años más.
Pero a esta injusticia se añade otra, y es que el alargamiento de la esperanza de vida en los últimos 30 años ha sido también muy desigual.
Los norteamericanos tienen un sistema de recolección y análisis de estadísticas sociales y vitales mejor que España: las clases con mayores rentas han incrementado notablemente su esperanza de vida durante las últimas tres décadas.
Tal incremento ha sido mucho menor, sin embargo, en las rentas inferiores (primordialmente trabajadores no cualificados), que no han visto crecer su esperanza de vida ni siquiera dos años, con lo cual el retraso de dos años de su edad de jubilación significaría incluso una reducción de sus periodos de pensionista.
El periodista, Ignacio Escolar, enumera en diez las claves para entender las pensiones en nuestro país:
1. España tiene una pirámide de población inusual: el baby boom duró hasta los 70, pero después la natalidad se hundió de golpe.
2. Esta singularidad demográfica va a provocar que cuando los nacidos en esa década –mi generación– nos empecemos a jubilar, seremos muchos más pensionistas que ahora en relación con el número de trabajadores que presumiblemente habrá.
3. A larguísimo plazo no se puede mantener el modelo tal cual está –donde las cotizaciones de unos sirven para pagar la jubilación de los otros– porque el número de pensionistas aumentará bruscamente, la esperanza de vida también sube y la natalidad no tiene pinta de mejorar.
4. España no gasta mucho en pensiones de jubilación: sólo el 8,4% del PIB, cuando la media europea es del 10,1%.
5. Si no hay reforma alguna y se cumplen los peores pronósticos de la UE, para el 2060 el porcentaje del gasto en pensiones en España será del 15,1%.
6. Es evidente lo difícil que resulta pronosticar cómo será la economía española dentro de 50 años; es tan ingenuo como hubiese sido imaginar en 1960 cómo sería España en 2010.
7. No es la primera vez que estas previsiones fallan.
8. Pero incluso dando por buenas estas cifras -todas salen del último informe de la UE-, ese 15,1% del PIB de gasto en pensiones será poco superior a lo que hoy (y no en 2060) gastan países como Francia (13%) o Italia (14%).
9. Hay dos soluciones: rebajar las pensiones y el tiempo en que se disfrutan para que salgan más baratas –en eso están–. O bien otra alternativa, de la que la derecha neoliberal no quiere ni oír hablar: que la diferencia, si es que es necesario, se pague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por medio de impuestos. Ya lo hacen así otros países, como Austria o Dinamarca.
10. Todo esto se sabe desde hace años y la prisa por reformar no viene por estos datos, sino porque a los mercados les encanta la austeridad. La de los demás.
SUPUESTO ERRÓNEO
Creámonos lo que nos dicen desde las altas instancias: que, mientras ahora el gasto público en pensiones representa el 9% del PIB, en el año 2050 será del 15%.
Un argumento que lo han utilizado una larga lista de instituciones, así como firmas de sensibilidad neoliberal, y hasta el nuevo ministro de Trabajo, Valeriano Gómez -quien llegó más allá al indicar que, aun cuando la productividad anual aumentara un 2% o un 2,5%, todavía sería insostenible-.
Algo que no se tiene en pie.
Y es que si el crecimiento anual de la productividad fuera del 2%, el PIB en cuarenta años sería 2,20 veces mayor que ahora. Ello quiere decir que si el PIB ahora es 100, en 2050 sería 220.
Pues bien, mientras que ahora nueve unidades (el 9% del PIB) van a pensionistas, en 2050 serían 33 (el 15% del PIB). Y para los no pensionistas, en 2050 serían 187 (220-33), mucho más que ahora, que son 91.
Es decir, como resultado del incremento de la tarta (más del doble), tanto pensionistas como no pensionistas tendrán muchos más recursos, pues estamos hablando de cantidades monetarias con la misma capacidad de compra en 2010 y en 2050.
Por lo que la alarma es totalmente infundada.
Según Vicenç Navarro, Catedrático de Políticas Públicas de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, «lo que el Estado debería hacer es mejorar la productividad del país y facilitar la integración de la mujer al mercado detrabajo en lugar de alargar obligatoriamente la edad de jubilación».
¿CÓMO SE CALCULA LA PENSIÓN?
Las dos principales variables que determinan la cuantía de las pensiones contributivas son el periodo de años en los que se ha cotizado y el sueldo que se ha cobrado:
– Años cotizados: Desde 2002, el mínimo de años que hay que cotizar para recibir la prestación es de 15. En este caso, solo se tiene derecho a cobrar un 50% del salario percibido. A medida que este periodo se amplía, entre 15 y 25 años, la cantidad a percibir aumenta a razón de 3 puntos por cada ejercicio de más que se contribuya a las arcas del Estado. A partir de los 35 años cotizados, el incremento por año es de 2 puntos.
Por tanto, a modo de ejemplo, si se ha estado cotizando durante 27 años, se cobra el 84%. Para garantizarse una pensión equivalente al 100% del sueldo hay que haber pagado religiosamente a la Seguridad Social durante 35 o más años.
– Sueldo y periodo de cómputo: Aunque el resultado siempre será mejor cuanto más tiempo se cotice, para fijar la cuantía de la pensión solo se tienen en cuenta los salarios de los últimos 15 años, que generalmente coinciden con los de un mejor sueldo. Así, si una persona ha estado cotizando a la Seguridad Social durante 27 años y ha cobrado la hipotética cifra de 1.900 euros brutos al mes durante los últimos 15 años, tendrá derecho a una primera pensión de 1.360 euros al mes. La cifra equivale al 84% del resultado de multiplicar la base de cotización (la mayor parte del salario) por 180 mensualidades (los 15 años del periodo de cómputo).
Esta cantidad aumentará a lo largo de la jubilación en la misma proporción que evolucionen los precios.
¿QUÉ DICEN LOS SINDICATOS?
CC OO se opone a retrasar la edad de jubilación. Sin embargo, no vería mal ampliar el periodo de cómputo siempre que se pudiera elegir los mejores años de cotización, lo que redundaría en beneficio del pensionista.
UGT, por su parte, se opone a las dos cosas.
En cualquier caso, los sindicatos defienden que no solo hay que actuar por la vía del gasto a través de recortes, así como por la vía de los ingresos: aumentar las bases de cotización (lo que equivale a mejores sueldos), integrar en el régimen general a los del seguro agrario y empleadas de hogar, que el Estado asuma algunas partidas como el complemento a mínimos, y, por supuesto, mejorar el mercado laboral para que más trabajadores contribuyan.
Ambos sindicatos han salido hoy a las calles como protesta por la postura del Gobierno, portando pancartas que aluden a los políticos, como «Zapatero y Mariano, los perros del hortelano».
En total, han organizado marchas en casi 40 ciudades españolas.
Entre los participantes hay gran presencia de representantes de IU.
Su coordinador federal, Cayo Lara, ha asegurado esta mañana que Rodríguez Zapatero se ha convertido en un «problema para España» y que él mismo «está convocando otra huelga general».
AJUSTES ECONÓMICOS
Mientras tanto, el Banco de España informa: la deuda autonómica ha aumentado un 27% en un año y la sitúa en el 10% del PIB. El descontrol sobre esa deuda constituye un auténtico problema de Estado.
Zapatero lo ha apostado todo a una salida de la crisis que pasa por aplicar uno por uno los calmantes que los mercados exigen. Los mismos que a su vez deciden los gobiernos neoliberales de Merkel, Sarkozy o Cameron, sin atender una sola sugerencia que se salga del tratamiento recetado por los mismos doctores que envenenaron al paciente.
¿Quién ha decidido que es imprescindible retrasar la edad de jubilación en lugar de fomentar una mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo? ¿Alguien ha preguntado a los ciudadanos si prefieren pagar un nuevo impuesto -siempre progresivo- que les garantice un retiro digno?
Gracias a la abstención del PP, y el voto favorable de los nacionalistas vascos y canarios, el Gobierno del PSOE ha podido ampliar el periodo del estado de alarma en la navegación aérea hasta el 15 de enero.
Es decir (y se dice pronto), un mes más…
LA CRÓNICA DE UN CAOS ANUNCIADO
El Gobierno de Zapatero había incorporado a su currículum el dudoso éxito de ser el primero de la democracia española en decretar el estado de alarma.
El presidente ha decidido ir todavía más lejos: con la prórroga se propone convertir la excepción en normalidad. Y utilizarla como lo que nunca puede ser: un instrumento preventivo.
Dos pasos más propios de la cultura política autoritaria que de la democrática.
Lo que está claro es que la única verdadera y dramática excepcionalidad que hay en este país es una tasa del 20% de paro. Y no ha sido esta la que ha provocado el estado de alarma.
Hace poco más de una semana, cuando el Ejecutivo decretó el estado de alarma -en caliente y en pleno caos aéreo-, tuvo el apoyo unánime de todos contra los controladores.
Ahora, con la decisión de la prórroga se ha producido un cierto efecto rebote que ha hecho que el asunto se vuelva en su contra.
El caos y los conflictos terminan por causar daño a quien gobierna y sirven para incrementar la impresión de desastre y desgobierno. Más aún en el momento en el que el Gobierno vive su peor momento y da imagen de final de ciclo y derrota.
En caliente, los ciudadanos piden amparo al Gobierno y en frío, les cuesta entender una medida extrema sin ver cerca la causa.
Pero, ¿por qué el Gobierno prorroga un mes más el estado de alarma?
Quizás se deba a que entre dos males, Zapatero ha elegido entre el único que no es letal para él a corto plazo. Entre la peste y el cólera ha optado por el que cree que le mantiene vivo, aunque prolongue su agonía.
Entre tener un desgaste por las críticas a la prórroga y el riesgo de un nuevo caos que le dé la puntilla, Zapatero ha tenido que optar. Es lo que tiene estar pendiente de un hilo, que la capacidad de elección apenas existe y las posibilidades de asumir riesgos son limitadas.
Un nuevo caos aéreo en las vacaciones de Navidad provocaría la caída definitiva del Gobierno.
La prórroga del estado de alarma no le evita el desgaste de mantener en frío -una vez superado el caos- una medida tan extrema. Pero, al menos, le mantiene con vida.
Y el Partido Popular, por su parte, ha encontrado una nueva herida en la que hurgar. Abiertamente se ha subido al carro de la crítica al Gobierno por la crisis de los controladores.
El PP quiere explotar la vía de la mala gestión del Gobierno que nos conduce a esta situación.
El PSOE y el Ejecutivo han encontrado el camino para huir de las críticas en la denuncia de las cesiones de los ministros de Fomento del PP a los chantajes de los controladores.
Rajoy ejerce de Rajoy, y mantiene la indecisión sobre el sentido de su voto.
SITUACIÓN ANÓMALA
“Si lo llega a hacer…” es un test infalible.
Pensemos, por tanto, qué habría pasado “si lo llega a hacer el PP”, lo que estarían hoy diciendo muchos. Qué dirían los mismos medios que hoy respaldan con entusiasmo la vía militar “si lo llega a hacer Hugo Chávez”.
Lo cierto es que con tan poca cosa se activa el estado de alarma. Y, oye, mira que en tres décadas han pasado cosas tanto o más graves que un cierre del espacio aéreo…
Es obvio que algo tenía que hacer el gobierno ante el plante de los controladores, pero ¿era necesario recurrir a su militarización y decretar el estado de alarma?
Habría que pensar si el transporte aéreo es tan vital, si no podríamos vivir unos pocos días sin volar.
Pero incluso admitiendo esto: ¿No había otra solución?
¿No cabe suponer que los controladores habrían vuelto al trabajo en uno o dos días, sometidos a enorme presión y amenazados con graves sanciones laborales y penales (ocho años de cárcel pide la fiscalía) y con pagar de su bolsillo daños e indemnizaciones?
Si la respuesta es no (si no cabría otra solución), llegamos a otra pregunta: ¿no se podía haber hecho algo antes, para no llegar a este punto límite?
Algo habrá que hacer, porque cualquier día habrá que devolver los militares a sus cuarteles.
En todo caso, esperemos que no se convierta en costumbre enviar a los militares a la calle así como así, sino este país va a parecer la España de otros tiempos.
GESTIÓN AEROPUERTUARIA
Hasta hoy la gestión de los aeropuertos españoles es más que peculiar.
España es el único país con un número importante de aeropuertos que tiene su gestión centralizada.
Sus controladores ganas tres veces más que los británicos, por poner un ejemplo.
AENA, adscrita al Ministerio de Fomento, se encarga de gestionar casi todos los aeropuertos españoles y es la propietaria de todas las instalaciones asociadas a estos.
Así, desde este organismo se toman las decisiones sobre inversiones, derechos de aterrizaje y despegue y las negociaciones con las compañías aéreas. En otros países del rango y el tamaño de España esto sencillamente no existe, pues cada aeropuerto se gestiona por sí mismo.
Carme Miralles-Guasch es profesora de Geografía Urbana. Y opina que «los aeropuertos de hoy ya no son sólo lugares donde despegan y aterrizan aviones, sino piezas clave de las condiciones territoriales y económicas de las macrorregiones, pues a través de ellos se decide qué conexiones internacionales se priorizan en relación a los perfiles y potencialidades de cada una de ellas».
«Es, pues, de vital importancia el debate sobre una nueva gestión de los aeropuertos españoles. No es sólo una cuestión coyuntural ligada a la situación económica, por lo que el debate no se puede centrar únicamente en si la gestión debe ser pública o privada. La cuestión es estructural y concierne a la competitividad y a la generación de riqueza de estas infraestructuras en su entorno más inmediato y con una gestión no centralizada del sistema», añade Miralles-Guasch.
Así pues, ésta parece ser una de las asignaturas pendientes de la España moderna.
Eran aproximadamente las 10,30 horas de la mañana cuando el forzado silencio que reinaba en el espacio aéreo se vió interrumpido por una comunicación entre un helicóptero militar y la torre de control de uno de los tres aeropuertos del País Vasco: el de Foronda.
A esa hora el caos en los aeródromos españoles era total después de casi 20 horas sin control aéreo, lo que provocó el cierre de todo el tráfico.
-Helicóptero: «(Indicativo) para torre de Vitoria, estamos entrando en su espacio aéreo, ¿podría facilitarnos condiciones meteorológicas y datos del campo?
-Torre de Vitoria: «No estoy en condiciones de ofrecerle control».
En una situacion normal le hubieran facilitado la temperatura, el indice que mide la condensación del aire, la velocidad y dirección del viento así como la altura de las nubes, pero sobre todo el QNH (la presión atmosférica en milibares con la que se calibra el altimetro y sin cuya corrección se puede producir un accidente al estar a una altitud equivocada).
-Helicóptero: «Voy en dirección a su aeropuerto…¿me podría dar el QNH?»
La banda de frecuencia modulada aérea, en la parte alta de las asignadas a las emisoras comerciales de FM, se quedó congelada…
-Torre: Largo silencio… «QNH 1016»
-Helicóptero: «Gracias Vitoria»
Para entonces un coronel del ejército del aire ya había comunicado a los controladores que estaban bajo sus órdenes. Pero todavía no podían asumir las tareas de control, tenían que esperar a la declaración de Estado de Emergencia para poder tomar el control definitivamente.
Un hecho que previsiblemente se iba a producir a las 13 horas.
Y así fue…
Poco después de la 1pm quien estaba al frente de la la torre de control fue advertido de que negarse a hacer su trabajo había dejado de ser un hecho civilmente punible y quedaba bajo la jurisdicción militar.
España está en estado de alarma por primera vez en la historia de la democracia.
Una ley orgánica de 1981 recogida en el artículo 116 de la Constitución Española (se celebró ayer su 32º aniversario), que abre esta posibilidad ante terremotos, calamidades, inundaciones, incendios urbanos o accidentes de gran magnitud, epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y, como es este caso, paralización de servicios públicos para la comunidad.
El caos aeroportuario originado por el plante masivo de los controladores (los encargados de ordenar la circulación aérea) llevaba al Gobierno a decretarlo esa mañana -con su publicación en el BOE (Boletín Oficial del Estado)-, a la vista de que los vigilantes del aire no deponían su actitud.
Desde ese momento, los controladores empezaban a ser requeridos de uno en uno, a través de burofax, para que acudieran a trabajar. Si no lo hacían serían acusados de graves delitos. El vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba lo explicaba así: «Si no acuden a sus puestos de trabajo pasan a incurrir en un delito de desobediencia«, castigado con penas de prisión.
AENA, la entidad pública de aviación -adscrita al Ministerio de Fomento, y encargada de la gestión de los aeropuertos- abre ipso factoexpediente a 442 de ellos, una quinta parte de un colectivo que cuenta con unos 2.200 profesionales.
CRONOLOGÍA DE UN PLANTE ANUNCIADO (de dimes y diretes)
– 24 noviembre 2009. El presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, cifra en 350.000 euros anuales el salario medio de los controladores en España.
– A los pocos días. La directora de Navegación Aérea, Carmen Librero, anuncia cambios en el convenio de los controladores para abaratar costes.
– 29 diciembre 2009. El ministro de Fomento, José Blanco, acusa a los controladores de realizar una huelga encubierta los últimos días en los aeropuertos de Canarias.
– 11 enero 2010. La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA reanudan las negociaciones del segundo convenio colectivo del sector.
– 3 febrero. Los controladores y AENA se acusan mutuamente de haber cerrado las negociaciones del convenio colectivo sin alcanzar un acuerdo.
– Dos días después. El Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley que devuelve a AENA la capacidad de gestión y control del tráfico aéreo, que estaba en manos de los controladores desde marzo de 1999, cuando entró en vigor el primer convenio colectivo.
– 26 febrero. La USCA anuncia que está estudiando acciones legales contra el decreto gubernamental, pero que no va a convocar ninguna huelga.
– 15 marzo. Entra en vigor la nueva ley por la que se fijan determinadas condiciones laborales para los controladores civiles de tránsito aéreo, que establece una nueva organización del trabajo y rebaja los salarios de este colectivo.
– Dos meses más tarde. La Audiencia Nacional desestima la demanda de conflicto interpuesta por la USCA contra la Ley.
– 27 junio. La USCA niega que haya incrementado el absentismo laboral como medida de presión, tal como denuncia AENA, y asegura que las bajas actuales están certificadas por los servicios médicos de la Seguridad Social.
– Al día siguiente. Las compañías aéreas acusan a los controladores de provocar retrasos y cancelaciones generalizados en el tráfico aéreo.
– 20 julio. El ministro Blanco anuncia que el Gobierno habilitará a controladores militares para que ocupen puestos de trabajo en los aeropuertos civiles. A su vez, la Fiscalía afirma que investigará las bajas por enfermedad de los controladores.
– Diez día después. El Ejecutivo aprueba un nuevo decreto que regula la jornada de los controladores, que se mantiene en 1.670 horas, más 80 extraordinarias.
– 03 agosto. El 98% de los controladores autorizan a su sindicato a convocar una huelga ante la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.
– A la semana. Los controladores renuncian a convocar la huelga en el mes de agosto «para no perjudicar al sector turístico«.
– 13 agosto. La USCA y AENA firman un preacuerdo que acepta las condiciones laborales establecidas por el Ministerio de Fomento a cambio de flexibilizar la jornada laboral en función de la carga de trabajo de cada centro.
– Un mes después. El Consejo de Ministros aprueba el Real Decreto que regula el servicio de Información de Vuelo en Aeródromo (AFIS) para aeropuertos civiles de uso público, lo que permitirá que algunos aeródromos operen sin controladores.
– 07 octubre. Los controladores abandonan la negociación de su segundo convenio colectivo con AENA por incumplimiento de acuerdo.
– 26 noviembre. La USCA anuncia cierres en el espacio aéreo de Galicia a partir del fin de semana, que se extenderán durante el mes de diciembre al conjunto de España, por el exceso de horas trabajadas por los profesionales de control.
– 03 diciembre. El Consejo de Ministros ratifica en un real decreto de medidas económicas que el máximo de horas que pueden realizar los controladores de tránsito aéreo será de 1.670.
– Ese mismo día. Los controladores abandonan masivamente sus puestos en protesta por la decisión del Gobierno.
Resultado: 650.000 viajeros se ven afectados por el caos generado en los aeropuertos.
MODUS OPERANDI
Los controladores aéreos son los encargados de gestionar el tráfico de aeronaves en el espacio aéreo español.
Hasta 1977 dependían de la administración militar, pero después pasaron a depender de Aeropuertos Españoles y Navegación Aerea (AENA).
A 31 de julio de este año había 2.384 controladores civiles, que se ocupan de dirigir el tráfico aéreo en los seis principales CENTROS de control, ubicados en Palma de Mallorca, Tenerife, Gavá (Barcelona), Torrejón de Ardoz (Madrid) y Valencia; así como en 37 TORRES de control.
Mientras los centros de control aéreo se ocupan del tráfico en ruta, las torres de control gestionan los aterrizajes y los despegues en los aeropuertos.
Aunque no disponen de una ubicación específica y suelen estar ubicados en las torres de control, hay un tercer grupo de controladores que se ocupan de la aproximación a los aeropuertos de los aviones.
En España existen cuatro regiones principales de control aéreo: Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias. El fallo en el servicio de cualquiera de ellos supone -en la práctica- el colapso del sistema.
En total, hay cuatro tipos de controladores:
1- Tierra: quien asigna al piloto la pista de rodadura, y evita las colisiones en tierra.
2- Local: autoriza el despegue e indica al piloto la dirección de navegación inmediata al despegue.
3- Aproximación y Despegue: indica el ascenso hasta el nivel de crucero, cubriendo unos 80 kms.
4- Ruta: estudia la evolución en su viaje, alertando de fenómenos atmosféricos y de otro tipo. Conforme el vuelo avanza, la responsabilidad es transferida entre los diferentes centros de control que sobrevuele la nave.
CLAVES CONTROLADORES-GOBIERNO
¿Cuánto cobran por su trabajo?
El Ministerio de Fomento cifraba en verano en 350.000 euros el coste anual medio de un controlador en España, por entre 1.700 y 1.800 horas de trabajo anuales (en Europa esa media se sitúa en torno a los 120.000 euros por unas 1.300 horas al año).
El diferencial se debe a que en España, entre un tercio y la mitad de las horas que trabajaba un controlador eran extraordinarias, que cuestan el triple que las ordinarias.
Para reducir ese coste medio a 200.000 euros al año, la nueva ley -entre otras medidas- mantiene el límite de horas anuales en 1.670, pero reduce las 600 horas extraordinarias que hasta ahora se permitían a las 80 establecidas en el Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, se introduce la gestión automatizada en más aeropuertos y, desde el verano de 2011, se privatizarán el 49% de las torres de control. El Gobierno hace así caja en un intento de salir airoso del alto déficit público.
¿Es su primera huelga?
No.
En diversas ocasiones los controladores han recurrido a huelgas encubiertas o de celo; no obstante, sólo en una ocasión convocaron una huelga legal, en 1988. Su propósito era reclamar el pago de un complemento denominado «de servicios especiales», que finalmente no llegó a realizarse.
¿Por qué ha resucitado el conflicto, si había un acuerdo?
Pues por la interpretación que se tiene de las 1.670 horas de trabajo que regula la nueva ley: los controladores consideran que las horas sindicales, las imaginarias (guardias), las licencias, las bajas por incapacidad laboral y las reducciones de jornada deben incluirse en ese cómputo, mientras que el Gobierno defiende que no.
Así, este viernes aprobó el Real Decreto que elimina cualquier ambigüedad al respecto: sólo computa como jornada laboral el control de tránsito aéreo.
USCA: PODER DE PRESIÓN
No pocos líderes sindicales querrían para sí el poder de presión que ha ostentado el sindicato de los controladores –USCA (que agrupa al 97% del colectivo)- en los últimos diez años.
Mal que les pese a los diferentes ministros de Fomento del PP y del PSOE, que han tenido que afrontar las amenazas del colectivo, hasta ahora los trabajadores habían ganado la batalla.
Quizá el órdago de los controladores ha sido demasiado grande y no midieron las consecuencias.
Desde luego, nadie en la cúpula de USCA que desde junio dirige Camilo Cela (sobrino del premio Nobel) podía esperar que el Gobierno reaccionara decretando el primer estado de alarma de la democracia española, poniendo así a los 2.400 controladores aéreos bajo mando militar.
Quizá sus abogados no leyeron a fondo el decreto que aprobó el ministro de Fomento, José Blanco, el pasado 5 de febrero, en el que se abría la vía a que el presidente del Gobierno encomendara el control aéreo al Ministerio de Defensa en caso de circunstancias «extraordinarias».
Tampoco debieron dar importancia a las alusiones a una posible llamada a los controladores militares (600, de los que unos 280 están en activo) para que los sustituyeran.
Hay sospechas de que el sindicato ha desarrollado esta estrategia encubierta en el plante que hizo el colectivo el viernes y parte del sábado alegando bajas masivas por estrés o por alegar que habían cumplido sus horas anuales.
No deja de ser sospechoso que un sindicato que siempre da muestras de ser muy belicoso, convocara de urgencia a los medios de comunicación el viernes a las cinco de la tarde para no lanzar ninguna amenaza como suele. Cuando justo tras la rueda de prensa empezaron a llegar a los periodistas noticias de incidentes en Barajas (aún no se sabía que era un boicot en toda regla), el presidente del sindicato aseguró no saber nada.
Sin embargo, unas dos horas después, el vicepresidente de USCA, José Manuel Acevedo, y otros miembros de la cúpula se dirigían a Fomento (no a Aena, su interlocutor habitual) para exigir firmar su propuesta de convenio colectivo en pleno caos.
Proponían -en todo su derecho- volver a sus antiguos y abultados sueldos, además de hacer menos horas de las actuales.
Lo que es claro es que desde ayer, el sindicato parece haber digerido, por fin, las consecuencias de ese motín que ha tenido un coste económico cercano a los 250 millones de euros.
Por eso, ha cambiado de estrategia y ha optado por el silencio.
Las diversas posiciones, de un lado y de otro, siguen y seguirán… Que si te he dicho esto y lo otro…
La energía nuclear despierta pasiones, tanto a favor como en contra.
España cuenta con ocho centrales nucleares desde 1970 (la última se puso en marcha en 1987).
Las nucleares no están dispuestas a aceptar que la vida útil de las centrales acaba a los 40 años.
Santa María deGaroña, inaugurada en 1971, se está convirtiendo en la punta de lanza del sector para exigir al Gobierno que recapitule y amplíe la vida de las nucleares hasta los 60 años.
Garoña (Burgos) sentará precedente y las nucleares han visto su gran oportunidad en las dudas del Gobierno de Zapatero, que ya prorrogó hasta el 2013 su cierre en contra de su programa electoral y a pesar de que en el 2011 esa central cumplirá 40 años.
El director de la central de Santa María de Garoña, José Ramón Torralbo, es un acérrimo defensor de la seguridad y capacidad operativa de esta instalación.
Las nucleares quieren hacer visualizar su apoyo a Garoña porque saben que el destino de la nuclear burgalesa acabará marcando el futuro del resto de centrales.
Para lograrlo, el sector nuclear sabe que deberá encontrar primero apoyos en el territorio y en la clase política. La continuidad de Santa María de Garoña -a escasos kilómetros de la frontera con Álava (Euskadi)- está respaldada por los 21 ayuntamientos del valle de Tobalina, además de la Junta de Castilla y León (PP).
Asimismo, para lograr convencer a la sociedad, Garoña -que se juega su futuro- ha intensificado una política de comunicación activa para abrir la central a la población de su entorno.
Hasta 14.000 personas visitan cada año la nuclear.
En el taller donde los operarios simulan maniobras de reparación, la dirección de la central ha preparado una pequeña exposición en la que explica, paso a paso, el sistema ideado en los años 80 para combatir las grietas que se detectaron en la vasija del reactor.
Los ecologistas hicieron de este defecto de fabricación uno de sus caballos de batalla para reivindicar el cierre definitivo de Garoña.
Ahora la nuclear quiere convertir el defecto en virtud.
«No hay ninguna razón técnica que justifique el cierre de Garoña, es una decisión política», argumenta Torralbo, agarrándose al informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
Una de las bazas que utilizan las nucleares para reivindicar que la vida útil de una central puede superar los 40 años, e incluso llegar a los 60, está en la política de Estados Unidos.
Hasta siete nucleares americanas han recibido la autorización de su gobierno para operar hasta los 60 años; la más antigua de ellas fue inaugurada en 1969 (dos años antes que Garoña).
Las centrales catalanas confían también en forzar el cambio de criterio del Gobierno, por lo que aseguran que su plan de inversiones se está desarrollando ya pensando en una vida de 60 años. «Hay equipos que no cambiaríamos si pensáramos en los 40 años y también condiciona la política de formación», explica Manel Campoy, director de Vandellòs II.
Las nucleares catalanas saben que lo que pase en Garoña afectará a todo el sector.
EFECTOS RADIOLÓGICOS
Lo cierto es que, según un estudio alemán realizado por la Universidad de Mainz a petición de la Oficina Federal de Protección Radiológica de ese país, nos muestra un dato que ya sospechábamos: vivir cerca de una central nuclear incrementa los riesgos de padecer cualquier tipo de cáncer en los niños.
Al parecer, existía una clara relación entre la proximidad de la central y el desarrollo de alguna enfermedad oncológica, siendo el radio de cinco kilómetros próximos a la central el más peligroso para tal efecto.
Aunque en un radio de 50 kilómetros ya se perfilaba el aumento del riesgo de padecer algún tipo de cáncer.
¿Quién no se acuerda a día de hoy, hace 24 años, de los estragos que supuso la explosión de la central térmica rusa de Chernobyl, y sus consecuencias a la sociedad, en especial, a los más pequeños?
REACTORES NUCLEARES EN EL MUNDO
A nivel global, son 436 los reactores en funcionamiento, y más de una treintena se están construyendo.
DEBATE NACIONAL
El Gobierno de España tiene un serio problema sobre la mesa, y es, qué hacer con las centrales nucleares que tenemos en nuestro territorio.
De todos es sabido, que el gobierno del PSOE, tiene una postura más bien contraria a la energía nuclear, tal y como proponía en su programa electoral. Esta postura, totalmente legítima, choca frontalmente con los fuertes intereses del lobby nuclear o con los legítimos derechos laborales de las personas que trabajan en estas instalaciones, entre otros.
Es cierto que la energía eléctrica es un tema estratégico y de suma importancia para la economía productiva de España.
Y es que nuestro país es dependiente en energía, ya que carece de yacimientos petrolíferos. De este modo, se puede afirmar que hay un problema de abastecimiento energético de países como Rusia, Argelia, Libia o Arabia Saudi.
Así con todo, las únicas fuentes energéticas con las que cuenta el país para autoabastecerse son carbón, las energías renovables (como la eólica o la solar), la hidráulica y nuclear.
Y ninguna de ellas suministra el 100% de la energía que se necesita, al ritmo al que consumimos.
Casi dos tercios del consumo nacional procede de combustibles fósiles (responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero), mientras que las centrales nucleares aportarán este año el 19% de la energía eléctrica que se consume en España.
En todo caso, en años secos, con menor producción hidroeléctrica, contribuyen con más de la cuarta parte de la energía.
Los inconvenientes nucleares son la generación de residuos de alta radiactividad y, especialmente, su tratamiento.
Se guardan en las piscinas de cada una de las centrales, aunque se prevé la construcción de un almacén temporal que recoja los residuos de las ocho centrales (dos de ellas ya cerradas), sin emplazamiento definido por el momento.
El Consejo de Seguridad Nuclear y Enresa se encargan de la supervisión de las plantas y la gestión de residuos, respectivamente. Sin embargo, los opositores de las nucleares advierten de los riesgos ambientales y para la salud en caso de accidente.
Un anuncio de GREENPEACE se hace eco del calentamiento de la Tierra; y, claro, las centrales tienen algo que ver…
En todo caso, los procesos de desmantelamiento de una planta nuclear no son ni fáciles, ni rápidos, ni económicos.
Así, por ejemplo, en la deconstrucción de la central de Vandellós I se generaron unas 97.000 toneladas de residuos, de las cuales 79.000 eran escombros de hormigón (que se reutilizaron para restaurar el emplazamiento), y más de 1.700 toneladas eran residuos radiactivos de baja y media actividad.
En el caso de Garoña, si el cese se produce el 6 de julio de 2013, los trabajos de desmantelamiento comenzarían tres años después. Tiempo en el que se extraería el combustible gastado de la piscina y se depositaría en un ATC (Almacén Temporal Centralizado), si para esa fecha está construido.
Tenemos un grave problema y es: ¿Qué hacemos con las centrales nucleares que tenemos en España?
Seguir manteniéndolas durante más tiempo, a pesar del peligro que podría suponer el mantener un parque nuclear envejecido, con una tecnología obsoleta. O bien, renovar este parque nuclear, abordando la construcción de nuevas nucleares con tecnología más avanzada y con mejores rendimientos.
Y el tema de la gestión de los residuos que generan estas centrales.
A día de hoy nadie sabe que hacer con ellos y difícilmente exista un municipio en España que quiera albergar un almacén donde albergarlos.
De seguir con este ritmo de generación, en el período 2008-2012 los gases de efecto invernadero pueden ser superiores en un 60% a las del año 1990. Y eso a pesar de que en el Protocolo de Kyoto se asumió el compromiso de no sobrepasar un aumento del 15% entre 1990 y 2010.
Este enorme incremento puede suponer fuertes sanciones por parte de la UE y un elevado coste por la compra de derechos de emisión.
El desarrollo y la apuesta por las energías renovables puede convertirse en una necesidad, si se quiere conseguir un desarrollo sostenible en un mundo con creciente demanda de energía.
¿Será suficiente con los parques eólicos y las placas fotovoltaicas para alimentar la creciente demanda de energía de España? ¿Podría suplir esta tecnología, la energía eléctrica, que generan las nucleares actuales?
Algunos expertos en la materia abogan por un sistema energético español diverso, en el que tengan cabida los actuales sistemas de generación y en el que tenga una mayor presencia las renovables.
Otros abogan por un sistema en el que la nuclear tenga más presencia, dado que piensan que la generación a través de los sistemas renovables son muy inestables. Los defensores de la energía nuclear mantienen que en la Unión Europea -gracias a este sistema de producción- se evita la emisión anual a la atmósfera de 700 millones de toneladas de CO2, al producir la tercera parte de la electricidad que se consume sin los problemas de impacto ambiental que produce la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles; contribuyendo además al ahorro de las reservas de estos combustibles, que resultan imprescindibles, por ejemplo, para el transporte.
Si la energía nuclear es la solución a nuestros problemas de suministro de energía de forma limpia y sin impacto medioambiental, ¿por qué existe un profundo debate en cuanto a su desarrollo y utilización?
La población que vive cerca de una central nuclear escucha con preocupación el debate y no deja de pensar en aspectos como:
—Los posibles usos bélicos de la energía nuclear, ya que los combustibles nucleares son los materiales con que se fabrican las armas nucleares.
—El riesgo de accidentes que originen consecuencias tan graves como el ocurrido en la central de Chernobyl.
—El problema existente en el almacenaje o eliminación de los residuos radioactivos generados, cuya “vida” es de varios miles de años, principalmente en los de alta actividad, que son los generados por el combustible gastado.
DESARROLLO NUCLEAR POR PAÍSES
FRANCIA- Las nucleares galas se revisan cada diez años. A lo largo del 2010 se han verificado las condiciones de las 58 centrales para ver si llegan a los 40 años. Tres cuartas partes de ellas se abrieron entre 1979 y 1990. La eléctrica EDF estudia ahora cómo prolongar su vida hasta los 60 años.
EE.UU.- Paralizó la construcción de centrales tras un accidente en 1979 en Pensilvania. Pero Obama intenta dar un impulso al sector apoyando la puesta en marcha de dos reactores en el Estado de Georgia. Un total de 59 reactores (de los 104 existentes) cuentan con licencia para funcionar seis décadas.
ALEMANIA- Aprobó en septiembre prolongar una media de doce años la vida de sus 17 centrales nucleares. Las más antiguas estarán activas ocho años, y las más modernas se mantendrán catorce años más. Eso significa que algunas continuarán en servicio más allá del 2030.
RUSIA- Desde 2003 apuesta abiertamente por la energía nuclear como factor de estabilidad y de defensa frente a las crisis energéticas. Actualmente, hay 31 reactores en funcionamiento y nueve más en fase de construcción.
CHINA- Necesita toda la energía. La contribución de la nuclear es del 1%, pero plantea aumentarla hasta el 4% en 2020. Para ello va a construir 30 centrales nucleares (21 ya en marcha), y ya tiene 11 en funcionamiento. Eso sí, también apuesta por saltos hidroeléctricos y renovables.
Aún siendo una visión egoísta, siempre nos quedará pensar que hasta que no ocurra un desastre cerca de donde uno vive, se estará a salvo.
«¡¡Menos mal que el mundo arde siempre por otro lado!!» (por QUINO)
Nada puede obligar a convocar un referéndum como no sea el voto favorable de 35 diputados o 26 senadores.
Grecia, Irlanda y Portugal están mostrando que la reducción del gasto público les está abocando a una continua recesión.
En realidad, lo que estamos viendo ahora es la repetición de lo que ocurrió en el periodo 1993-2008.
Retazos del Mundo 
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